El ESMAD mutiló a cerca de 100 personas en el Paro Cafetero

Blog El que piensa gana!

 

Las agresiones por parte de la Escuadrón Móvil Antidisturbios ESMAD a los estudiantes, docentes, indígenas y campesinos no solo es una constante sino que cada día son más fuertes , uno de los picos más altos que demostró los niveles de represión que puede alcanzar la fuerza pública se evidenció en el pasado paro cafetero que duró 12 días. Fue gracias a los medios locales, regionales y alternativos que el país conoció las verdaderas dimensiones de las violaciones de derechos humanos cometidos por la policía.

El material fílmico y auditivo que se logró recoger durante las arremetidas del ESMAD donde se evidencia el uso desmedido de la fuerza, son la pieza clave para el inicio de las investigaciones contra el director de la policía José Roberto Riaño en la Procuraduría y en la Fiscalía. La presión jurídica inicia con un derecho de petición radicado en la policía de Santander por un grupo de defensores de derechos humanos donde se le exige a la institución que exponga públicamente (si existen) los procesos disciplinarios contra los agentes que agredieron a los manifestantes.

“En Santander los videos ilustran como el ESMAD destruye los vehículos, buses de transporte público que se encontraban estacionados en las carreteras mientras los manifestantes se movilizaban pacíficamente”, explicó Oscary Ávila, defensor de los derechos humanos de la UIS

Las cifras ilustran que son cerca de 100 personas que resultaron heridas, entre ellas varias mutiladas con pérdida total o parcial de sus extremidades, esta situación llevó a que la gobernadora del Quindío reconociera que han fueron más de una docena de campesinos que perdieron su visión por culpa de las agresiones, esto a pesar de que en Colombia la protesta social está reconocida como un derecho constitucional.

Se hace el llamado a las personas que fueron agredidas y que aún no ha iniciado el proceso de denuncia a que se acerquen hasta las personerías municipales o distritales para iniciar el proceso jurídico, “es importante que las personas conozcan que tienen derecho a la reparación por los daños causados, es el estado el que debe responder jurídica y económicamente a las víctimas causadas por el ESMAD” concluyó Ávila.

texto tomado de: http://www.eldia.com.co/index.php?option=com_content&view=article&...

¿En qué va la restitución de tierras?

Hasta febrero de 2013 la Unidad había recibido 32.688 solicitudes, y había adelantado trámites con respecto a 5.393, que corresponden a 246.317 hectáreas reclamadas

Ya es hora de hacer el balance sobre el proceso de restitución de tierras, que reconoce los derechos de las víctimas del despojo o del abandono forzado. Hay avances importantes aunque lentos. Cuatro obstáculos deben ser removidos cuanto antes

Aura Bolívar / Miércoles 27 de marzo de 2013

A casi dos años de la expedición de la ley de víctimas y a uno de la puesta en marcha de la Unidad de Restitución de Tierras, vale la pena reflexionar sobre los procesos de restitución para determinar hasta dónde se han hecho efectivos los derechos de las víctimas de despojo y de abandono forzado de tierras.

El proceso de restitución se desarrolla fundamentalmente en dos etapas, una administrativa y otra judicial:

La Unidad de Restitución de Tierras es la responsable de la primera etapa, durante la cual debe recibir las reclamaciones, documentar el caso y determinar si el predio ingresa o no al Registro de Tierras Presuntamente Despojadas o Abandonadas. Adicionalmente, si así lo desea el solicitante, la Unidad puede representarlo en la etapa judicial, para lo cual debe elaborar la demanda que presentará posteriormente ante el juez competente.

Hasta febrero de 2013 la Unidad había recibido 32.688 solicitudes, y había adelantado trámites con respecto a 5.393, que corresponden a 246.317 hectáreas reclamadas.

En el desarrollo de la segunda etapa, los jueces o magistrados especializados de restitución deben determinar si el solicitante fue víctima de despojo o abandono forzado y, de ser así, ordenar la restitución del predio o compensarlo si ello no es posible. Hasta hoy se han nombrado 39 jueces, uno itinerante y 15 magistrados. Aproximadamente 1.150 casos están en proceso de decisión judicial.

Aunque hasta el momento se han proferido solo 32 fallos que ordenan la restitución de predios a 135 reclamantes, con respecto a 115 predios, es posible identificar algunos avances y ciertos obstáculos en los procesos a cargo de la Unidad, de los jueces y de los magistrados especializados en restitución.

Los avances

Uno de los principales avances se refiere a la forma como el proceso de restitución es concebido por la Unidad de Restitución, por los jueces y por los magistrados. La acción de restitución fue diseñada para reparar y revertir los efectos del conflicto armado y el despojo de tierras para millones de colombianos. El proceso por tanto constituye un instrumento excepcional de justicia transicional, que protege de manera ágil el derecho fundamental a la restitución que tienen las víctimas del despojo o abandono forzado.

Para alcanzar este propósito, la ley 1448 de 2011 adoptó varios dispositivos, los cuales han sido aplicados por los funcionarios, quienes además han hecho avances significativos a éstos, en las demandas presentadas por la Unidad y en los fallos proferidos por los jueces.

Entre otros avances vale la pena resaltar la concepción del proceso como un mecanismo especial que justifica la adopción de principios de derechos humanos, con el fin de reconocer la condición de las víctimas y lograr la realización de sus derechos. En este sentido, los jueces han resaltado los principios pro víctima, la presunción de la buena fe de las víctimas y la flexibilidad probatoria.

En virtud de este enfoque, los jueces han acogido la información adjunta en la demanda — la cual proviene en algunos casos de organizaciones de víctimas y de la sociedad civil — y han examinado algunas decisiones de la jurisdicción de Justicia y Paz, versiones libres de los postulados y decisiones de extradición.

Por otra parte, acogiendo la jurisprudencia de la Corte Constitucional, algunos jueces han interpretado de manera flexible el artículo relacionado con la exclusión de las víctimas de delincuencia común, evaluando por ejemplo, la relación narcotráfico–conflicto armado en algunas zonas del país.

En síntesis, muchos jueces reconocen que en el marco de la justicia transicional, el análisis y la valoración de las pruebas no requiere el rigor formal que se exige en otros campos del derecho; el juez, por el contrario, debe valorar las pruebas de una manera flexible y con el ánimo de garantizar los derechos de las víctimas, que son derechos fundamentales de carácter constitucional.

A pesar de estos avances indudables, persisten algunas interpretaciones más formalistas, que imponen una mayor carga probatoria a la víctima y a la Unidad, exigiendo por ejemplo documentos autenticados, con constancias recientes de su existencia, o documentos específicos para probar determinados hechos, cuando quizás esto ya no es posible.

El excesivo ritualismo de algunos jueces puede hacer que se nieguen los derechos de las víctimas y no se haga efectivo el derecho a la restitución. Esperamos que estas prácticas desaparezcan con el tiempo y que el enfoque pro víctima sea realmente adoptado por todos los funcionarios.

Las facultades adicionales o excepcionales del juez son otro factor importante. En virtud de estas facultades los jueces y magistrados han ordenado una serie de medidas para garantizar los derechos de las víctimas a la restitución integral. Así, por ejemplo:

-han anulado decisiones de autoridades del Estado y contratos celebrados entre víctimas y terceros,

-han ordenado la restitución de predios urbanos,

-la entrega de subsidios de vivienda rural,

-la exoneración de pagos de impuesto predial,

-la gestión para garantizar el acceso a servicios públicos y la adecuación de vías,

-el acceso de los restituidos a programas de formación, capacitación técnica, y de subsidio integral de tierras (subsidio para la adecuación de tierra, asistencia técnica agrícola, e inclusión en programas productivos), entre otros.

Si bien 32 fallos todavía son insuficientes para establecer con claridad las líneas de interpretación que van a adoptar los jueces y los magistrados de restitución, muchos de estos pronunciamientos muestran avances significativos en la adopción de criterios que propenden por los derechos de las víctimas.

Los obstáculos

El proceso descrito en este artículo presenta ciertos problemas; me concentraré en cuatro de ellos: el primero relacionado con la norma, los tres siguientes con su aplicación.

En primer lugar, si bien el procedimiento ha permitido avances en relación con el despojo, en materia de abandono forzado la ruta acaba siendo excesivamente dispendiosa.

A propósito de este asunto, existe un proyecto de ley complementario — que viene siendo discutido con la Comisión de Seguimiento al cumplimiento de la sentencia T-025, la Unidad de Restitución, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER), la Superintendencia de Notariado y Registro, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y otras instituciones — cuyo propósito es crear procedimientos administrativos que agilicen los procesos de restitución en los casos donde no se verifique la existencia de opositores, sin tener que acudir a la jurisdicción de restitución.

En segundo lugar, si bien la ley contempla la colaboración interinstitucional, ya en el desarrollo práctico de los procesos tanto la Unidad como algunos jueces han encontrado serias dificultades al respecto, lo cual es una traba para la solución de los casos.

Se necesita por tanto una directriz del gobierno nacional que comprometa a todas las entidades estatales con competencias en la materia y garantice la actualización, sistematización y entrega oportuna y adecuada de la información. Esto supone examinar en cada caso la capacidad institucional instalada, a efectos de determinar dónde es necesario concentrar los esfuerzos.

En tercer lugar, persisten dudas sobre el cumplimiento de los fallos. Esta obligación no es exclusiva de los jueces ni de magistrados de restitución, sino que exige un mayor compromiso de las entidades del Estado en su conjunto.

Persistencia del conflicto

Por último, uno de los mayores obstáculos se relaciona con la persistencia del conflicto armado. No todas las solicitudes presentadas ante la Unidad son objeto de estudio en profundidad durante la etapa administrativa. Para que ello sea así se necesita que la zona haya sido macro y microfocalizada, dependiendo de los niveles del despojo y de las condiciones de seguridad de la región.

Ahora bien, el cambio en las condiciones de seguridad de un territorio puede poner en riesgo los procesos; así ha ocurrido en áreas donde se inician estudios pero luego se dan cambios que impiden adelantar las diligencias propias de la investigación.

Adicionalmente, la persistencia del conflicto y de las organizaciones armadas de algunos despojadores constituye un peligro para los propios reclamantes de tierras, así como para los funcionarios. El asesinato selectivo de líderes de tierras se ha convertido en una forma de desincentivar el acercamiento de las víctimas a la Unidad.

En relación con este problema, a pesar de la existencia de la Unidad Nacional de Protección, los mecanismos existentes tienen un enfoque excesivamente concentrado en los casos individuales. Así como en la Fiscalía se han adelantado investigaciones de macrocriminalidad, para lo cual se crearon equipo de análisis de contexto, la Unidad debería adoptar un enfoque similar.

En consecuencia, resulta fundamental diseñar mecanismos de protección integral y un programa efectivo de mejoría de las condiciones de seguridad, tanto para los reclamantes como para los funcionarios y jueces de restitución.

Estos son algunos de los problemas que afectan el propósito de la restitución. El desafío que se presenta hoy al Estado es enfrentar dichos obstáculos y comprometer todos sus esfuerzos para superarlos. En muchos casos, es la primera vez que el Estado va a intervenir en las regiones. Para que repare de manera integral a las víctimas, dicha intervención exige el diseño y la ejecución de una política de desarrollo rural que garantice a los restituidos su estabilización socioeconómica y el retorno efectivo.

Las Zonas de Reserva Campesina: Entre la guerra y la paz

 Discurso pronunciado por César Jerez durante la instalación del III Encuentro Nacional de Zonas de Reserva Campesina el 22 de marzo en San Vicente del Caguán

Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina - Anzorc / Miércoles 27 de marzo de 2013

Un día como hoy, hace 23 años fue asesinado Bernardo Jaramillo Ossa, en un momento que pudo ser clave para la paz del país. No lo permitieron, Asesinaron a Jaime Pardo, a Leonardo Posada y a miles de colombianos y colombianas, llenaron nuestro país de sicarios y de masacres y el poder mafioso se tomó este país como nunca antes, hasta llegar a tener un presidente. Todo empeoró. Hoy en Colombia los ricos son más ricos y los pobres son más pobres y más bastantes. Se repitió el despojo de los comienzos de esta guerra y los millones de desplazados empobrecidos fueron de nuevo la mano de obra barata de la acumulación del capital de los ricos en las ciudades.

Los señores de la tierra y los mafiosos mantuvieron la estructura desigual de la tenencia de la tierra y fueron todavía mucho más terratenientes con la tierra de los desplazados y se siguieron sentando en el congreso, en las alcaldía y las gobernaciones. El problema de la tierra nunca se resolvió, por el contrario la tierra se reconcentró. El iluminado acabó con casi toda la institucionalidad rural y agraria, persiguió a los campesinos como nunca, encarceló centenares de dirigentes agrarios, se ensañó con sus organizaciones y llenos de falsos positivos los territorios campesinos del país. La "platica" del desarrollo rural la repartió entre reinas de belleza, latifundistas y los nuevos negociantes del campo.

El modelo acumulado por el paramilitarismo de Estado nos dejó un país feudal en el campo, agro-negocios sin una relación laboral formal entre el dueño de la plantación y el trabajador del campo, una élite en el poder que entrega nuestros recursos naturales del campo, casi gratis, a las empresas trasnacionales. Por eso necesitan un campo sin campesinos. No hacen falta. Para ellos este modelo es ideal, para nosotros representa analfabetismo, pobreza, marginalidad, indignidad. El modelo feudal que nos tienen impuesto en el campo colombiano no es humano, por eso genera violencia, violencia política de los que se benefician de ese estado de las cosas y violencia política de los que se le oponen, violencia social de los empobrecidos, de los miserables, violencia que debe terminar.

Para terminar esa violencia, hoy estamos, de nuevo, en un momento clave, tenemos un proceso de paz, tenemos unas propuestas de paz, una mayoría del país que exige la paz, que clama la paz, los de la paz somos más, los señores de la guerra son esa élite de siempre, minoritaria, pendenciera, oscura, que se beneficia de la guerra, que pregona la guerra todos los días, su discurso es único, es el mismo discurso fracasado, el cuento de acabar la guerra con más guerra, parecen unos pirómanos administrando un incendio, unos francotiradores disparándole a las palomas blancas, unos paranoicos con la pretensión mesiánica de curar este país con más enfermedad.

Durante estas semanas esta élite de innombrables ha enfilado todo su odio contra nosotros, contra las Zonas de Reserva Campesina, han desinformado a la sociedad colombiana, la han intoxicado contra nosotros y nosotras. Han usado a las Zonas de Reserva Campesina para atacar el proceso de paz. Este es el momento de decir las verdades.

En Colombia, tras décadas de lucha por la tierra del movimiento campesino y después de que lograran ser reconocidas jurídicamente por el régimen en la ley 160, existen 6 ZRC formalmente constituidas, las cuales abarcan tan solo 831 mil hectáreas de tierra.

Otras 7 ZRC con una extensión de 1.253.000 hectáreas esperan ser constituidas este año. La Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina – Anzorc, cuenta actualmente con 50 procesos organizativos y territoriales que buscan constituirse en ZRC.

A las ZRC campesina se oponen en el Ministerio de Defensa y la cúpula militar, quienes, como lo hemos manifestado reiteradamente en Anzorc, ejercen un veto ilegal sobra la constitución y el impulso gubernamental de nuevas ZRC. También son enemigos de las ZRC los agro-negocios, las empresas petroleras y minero-energéticas, los uribeños y las mafias, que vienen a ser lo mismo, y también los ganaderos. El señor Lafaurie, por ejemplo, ha dicho sin sonrojarse que “las ZRC son los cartuchos rurales del país”, metáfora que grafica la animadversión que el presidente de Fedegán siente hacia el campesinado y sus pretensiones territoriales. A la desinformación y la construcción de una matriz de opinión contraria a las ZRC se ha sumado recientemente el Ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, reviviendo el fantasma de las "repúblicas independientes", un estigma que tanto daño le ha hecho a la reconciliación del país.

Las Farc, por su parte y en el marco del proceso de paz, han recogido muchas de las propuestas de las organizaciones campesinas que aspiran a acceder a la tierra, formalizar la propiedad, estabilizar las economías campesinas y reclamar el desarrollo rural mediante las ZRC. El gobierno ha ofrecido un paquete legislativo y ha incluido a las ZRC en su política de tierras. La discusión de las partes sobre el papel de las ZRC como una iniciativa agraria de paz está contenida en el primer punto de la agenda de las conversaciones de paz sobre desarrollo agrario integral con enfoque territorial.

Para adelantar la efectiva reactivación y potenciar el papel de las ZRC en la actual coyuntura, en Anzorc consideramos que es necesario:

1. Cumplir con el proceso administrativo de constitución e impulso de nuevas ZRC en el Catatumbo, el Lozada- Guayabero, en las cuencas de los ríos Güejar y Cafre, en San Juan de Sumapaz, los Montes de María y el Cesar. El veto ilegal del Ministerio de Defensa que pesa sobre estas ZRC y sobre las que buscan constituirse este año debe ser superado de inmediato.

2. Cumplir con los acuerdos y compromisos gubernamentales firmados en materia de ZRC.

3. Iniciar la ejecución de los Planes de Desarrollo Sostenible –(PDS) de las ZRC ya constituidas.

4. Garantizar que se respeta la vida de los dirigentes campesinos de las ZRC con cero impunidad en los casos de violaciones a DDHH en ZRC, suspender los procesos y montajes judiciales contra las organizaciones que promueven las ZRC.

5. Suspender las licencias ambientales y los títulos de exploración de las empresas petroleras, minero energéticas y los agro-negocios en los territorios campesinos y las ZRC constituidas y de hecho.

6. Suspender y sacar los planes de consolidación cívico – militar de las ZRC y los territorios campesinos.

7. Suspender los megaproyectos petroleros y minero-energéticos que propician el desplazamiento y el despojo en las ZRC y los territorios campesinos, empezando por la hidroeléctrica del Quimbo.

8. Solucionar de inmediato los conflictos territoriales con empresarios, narcos y latifundistas al interior de las ZRC constituidas.

9. Propiciar una mesa de interlocución con las comunidades campesinas, indígenas y afro-descendientes para avanzar en la construcción de territorios interétnicos e interculturales en el Cauca y el Catatumbo.

10. La sustracción de tierras de Zonas de Reserva Forestal de ley segunda debe quedar supeditada a la creación de ZRC y territorios campesinos como figuras territoriales autónomas que definen que actividades agropecuarias y productivas se desarrollarán en sus territorios.

11. El gobierno debe iniciar ya un proceso de articulación institucional que posibilite la interlocución útil con las organizaciones de las ZRC para generar respaldo institucional, garantías y el inicio de la ejecución de los Planes de Desarrollo Sostenible.

Además es necesario alcanzar acuerdos entre las ZRC y las partes del proceso de paz para:

1. Garantizar el acceso a 10 millones de hectáreas, en una primera fase, para la constitución y el impulso de nuevas ZRC como parte de un Fondo de Tierras.

2. Constituir un Sistema y un programa nacional de ZRC.

3. Avanzar en la constitución de las ZRC como figuras territoriales con un nivel de autonomía que garantice el ejercicio de la territorialidad campesina.

4. Crear un Fondo nacional de financiación de territorios campesinos y de las ZRC que garantice la ejecución de los Planes de Desarrollo Sostenible y el Programa Nacional de ZRC.

5. Complementar estas iniciativas con la realización de un catastro especial para ZRC y con la nueva institucionalidad campesina que se requiere para hacer viables las ZRC y los territorios campesinos.

6. Sacar de las deliberaciones sobre ZRC y Desarrollo Agrario integral con enfoque territorial al Ministerio de Defensa.

Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina – Anzorc

Hallan muerto en el río Guaviare a Alonso Lozano, dirigente campesino de Asocatragua

Asesinados por el regimen colombiano: una constante

REMA - Populares / Miércoles 27 de marzo de 2013

Ayer 26 de marzo durante el día, fue hallado el cuerpo sin vida de José Alonso Lozano, presidente de la Asociación de Trabajadores Campesinos de La Región Del Rio Guaviare ASOCATRAGUA, afiliada a la Mesa de Unidad Cívico – agrario y popular del Oriente colombiano MUCAPOC, miembro activo de la Fundación para la Defensa de los Derechos Humanos del Oriente Colombiano DHOC, e integrante del movimiento político y social MARCHA PATRIÓTICA.

JOSE ALONSO LOZANO había sido desaparecido, el día 24 de Marzo de 2013 en jurisdicción del Municipio de Mapiripán–Meta, mientras se trasladaba a su domicilio ubicado en este municipio en la vereda Mata de Bambú (a orillas del río Guaviare) luego de participar en la ciudad de Villavicencio desde el día 18 hasta el 22 de marzo en la Asamblea General de MUCAPOC y DHOC, en desarrollo de planes organizativos y sociales.

El cuerpo sin vida fue encontrado ayer 26 de marzo por campesinos moradores del margen del río Guaviare, quienes los trasladaron al centro poblado de CHARRAS (jurisdicción del corregimiento Charras Boquerón municipio de San José del Guaviare, departamento del Guaviare).

Según las informaciones, allegadas, aproximadamente las 2:00 P.M., el cuerpo fue trasladado al centro poblado de CHARRAS.

ALONZO LOZANO había sido delegado por Marcha Patriótica para coordinar la movilización y participación de los habitantes de esa región para el masivo evento del 9 de abril donde centenares de campesinos se movilizarán hacia la ciudad de Bogotá en respaldo a la mesa de diálogo entre el gobierno y las FARC – EP y por una paz con justicia social.

Precisamente los días 20 y 21 de marzo mientras se llevaba a cabo en la ciudad de Villavicencio la asamblea de DHOC y MUCAPOC, se habían presentado hostigamientos por parte de desconocidos y de la fuerza pública contra algunos de los delegados a dicha reunión en la que se encontraba JOSE ALONSO LOZANO ROJAS. Así mismo la Policía Nacional había pasado reiteradas veces a la sede de MUCAPOC donde se desarrollaba la Asamblea, preguntando insistentemente qué actividad había y qué funcionaba allí. Al respecto MUCAPOC elaboró y público una denuncia pública el día 25 de marzo.

La Fundación DHOC se encuentra hoy realizando una denuncia por presunto homicidio ante la Fiscalía General de la Nación seccional Guaviare y demás organismos, para que se investigue la muerte del dirigente campesino, se tengan en cuenta los antecedentes y se determinen las causas de la muerte, para que este hecho no quede sumido en la impunidad.

Agencia Prensa Rural

Un líder campesino fue asesinado y otro desaparecido

Los casos se reportaron al inicio de Semana Santa Un líder campesino fue asesinado y otro desaparecido Las denuncias fueron realizadas por la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina y el movimiento Marcha Patriótica.
 

http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-412640-un-lider-campesino-fue-asesinado-y-otro-desaparecido

Las denuncias fueron realizadas por la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina y el movimiento Marcha Patriótica.

¿Por qué luchan los campesinos?

Campesinos en lucha por su derecho innegable e impostergable

Participación, reconocimiento, tierras, garantía de derechos, inversión y paz, son los referentes de hoy en las luchas campesinas colombianas. Centenares de labriegos debatieron durante dos días el modelo de desarrollo que quieren para su sector. En diálogo con LA NACIÓN, algunos líderes campesinos manifestaron sus perspectivas de desarrollo y de paz

Por Ginna Tatiana Piragauta G. / Lunes 25 de marzo de 2013

Álvaro Manzano García es un líder agrario de avanzada edad, proveniente del Valle del Río Cimitarra. Durante horas viajó a San Vicente del Caguán junto a cerca de tres mil labriegos colombianos para participar en el Tercer Encuentro de Reservas Campesinas, un proceso en el que ha trabajado con decisión durante los últimos 20 años.

Él cree que las zonas de reserva campesina no nacen de una propuesta del gobierno nacional, sino que ha sido una lucha de décadas del sector agrario. “Después de muchas marchas, ejercicios democráticos, manifestaciones y reclamos, en el año de 1994 logramos que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Agricultura, expidiera la ley 160 o de reforma agraria”, señaló.

“Esta fue una lucha del campesinado por el desplazamiento de sus territorios y por la pérdida de sus tierras. Para nadie es un secreto que el 80 por ciento de los campesinos no tenemos tierras productivas para trabajar, sino que las tierras están en manos de los ganaderos, grandes palmicultores y de los terratenientes”, aseguró.

Asimismo, el líder agrario manifestó que la extracción de los recursos minero energéticos avanzan hacia las zonas donde están ubicados. “A partir de 1994 empezamos a trabajar la figura de las zonas de reserva. Hoy decimos con orgullo, con honradez y con fortaleza, que estas zonas de reserva campesina que hoy se encuentran constituidas han sido fruto de una lucha campesina, pero también de los afrodescendientes e indígenas”, expresó.

La paz

En momentos de descanso, los campesinos aprovecharon el tiempo para departir y olvidar sus penurias.“Nosotros tenemos un gran compromiso de avanzar en este proceso de paz que se está llevando en La Habana. No queremos que se levanten de la mesa hasta que lleguen a acuerdos. El primer tema de discusión es la tierra y nosotros creemos que las zonas de reserva campesina con sus organizaciones, planes de desarrollo y el gran compromiso del campesinado, van a ayudar a resolver este primer punto de la agenda”.

“Nuestra propuesta es avanzar mucho más, con la voluntad del gobierno, hasta lograr una verdadera reforma agraria para que en nuestro país haya una verdadera paz duradera, para esto necesitamos que se combatan las desigualdades sociales del pueblo colombiano. Queremos que todo el campesinado se incluya en zonas de reserva campesina para la regulación de la tierra”, dijo Manzano.

“Hay una discusión muy fuerte porque un latifundista puede tener cuatro o cinco mil hectáreas de tierra en cualquier parte del territorio, reconocidas y tituladas; pero un campesino no puede tener más de dos o tres unidades agrícolas familiares. Hay una gran contradicción”, aseguró.

Panorama

Asimismo, el líder campesino manifestó que el sector afronta un panorama desolador. “A nosotros nos quitaron los modos de producción, la Caja Agraria, la poca asistencia técnica y con la apertura económica nos trajeron los productos de otros países, llevando al campesinado a la extinción”.

“Los cultivos ilícitos llegaron al campo como fenómeno del abandono estatal. La fuerza pública persigue estos cultivos con fumigaciones, con erradicación, con judicializaciones. Además, tenemos la confrontación armada en nuestro territorio por los diferentes actores. Nosotros queremos tener la presencia del Estado pero con inversión social. Necesitamos sustitución de cultivos por proyectos productivos estables”, explicó el líder.

“Aquí vinimos a debatir estos temas y a que se reconozca al campesinado como sujeto político y se cree una ley de tierras que nos permita tener derecho a un pedazo de territorio”, aseguró.

‘Así construimos las zonas de reserva’

Para Juan Carlos Quintero Sierra, directivo de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, Anzorc, el En momentos de descanso, los campesinos aprovecharon el tiempo para departir y olvidar sus penurias.campesinado colombiano históricamente ha sido víctima del despojo, la usurpación y la imposición de los terratenientes, narcotraficantes o latifundistas.

“Esta guerra ocasionó que los campesinos nos internáramos en las selvas colombianas e iniciáramos el proceso de colonización. La esencia de las zonas de reserva campesina es la colonización, huyendo de la guerra. Allí se inició el fortalecimiento de la organización comunitaria”, aseguró el líder agrario.

“El derramamiento de sangre fue una constante en el campo. Las zonas de reserva son una conquista de las luchas agrarias que iniciaron en el sur del país antes de 1994 y que produjeron la ley que las reguló. Esto no fue gratis. Se consiguió con cárceles, asesinatos, persecuciones y el exilio”.

Juan Carlos Quintero aseguró que las protestas surgieron por las políticas económicas que implementó el gobierno nacional y que quebraron al campo colombiano, porque se sumió en la pobreza cuando aumentaron las importaciones de productos.

“El campesinado colombiano no tiene mercado para sus cultivos ni la asistencia técnica del gobierno. Las marchas también se generaron porque en la Constitución de 1991 no se reconocieron nuestros territorios, ni la cultura, ni a los campesinos como sujetos políticos”, manifestó.

Con las zonas…

A mediados de los años 90 finalmente se constituyeron las zonas de reserva que hoy existen en el país. El Pato – Balsillas, Cabrera (Cundinamarca), Valle del río Cimitarra, Arenal Morales y Alto Cuembí Comandante, en la perla amazónica del Putumayo.

“No bastó que se reconocieran. La estigmatización y persecución contra las zonas de reservas campesinas continuó. En el año 2002, el presidente Álvaro Uribe Vélez, de manera ilegal, suspendió las reservas campesinas del Valle del río Cimitarra, en el Magdalena Medio que comprende los departamentos de Antioquia y sur de Bolívar, el laboratorio del paramilitarismo en Colombia”, aseguró Quintero.

“Fueron ocho años de oscurantismo para las zonas de reserva campesina y se convirtió prácticamente en un delito hablar de las zonas en el Ministerio de Agricultura. El veto incluyó una estrategia de guerra para acabar con las zonas y su tejido social. Muchos de los líderes fueron judicializados”, expresó.

Sin embargo, en agosto de 2010, en la presidencia de Juan Manuel Santos se realizó el primer encuentro de reservas campesinas en Barrancabermeja. El presidente envió como delegado a Juan Manuel Ospina quien les manifestó que el gobierno estaba dispuesto al diálogo, lo cual fue un gran logro para la interlocución de las comunidades campesinas.

“Se reactivó la zona del Valle del río Cimitarra y se inició el trámite para la constitución de los procesos en Montes de María, en La Macarena y en la región del Catatumbo. Se firmaron varios convenios a través del Incoder para el estudio técnico de la constitución de las zonas y de sus planes de desarrollo”, recordó el líder.

Actualidad

Durante el gobierno de Santos se reactivó la Asociación Nacional de Zonas de Reservas Campesinas, Anzorc, que convocó al encuentro nacional. Sin embargó, para los labriegos hay un doble discurso institucional que afecta las zonas de reserva campesina.

“Encontramos un veto del Ministerio de Defensa a la constitución de las nuevas zonas de reserva, cuando no tienen nada que ver con el desarrollo rural. Ellos no permiten que se constituyan las zonas del Catatumbo, el Cauca y La Macarena argumentando razones de seguridad nacional”, dijo Quintero.

“Por un lado se impulsan y se financian las zonas de reserva campesina, pero otro sector de la institucionalidad las persigue, las señala, las judicializa. Es preocupante”, manifestó el líder.

La paz

En estas dos últimas semanas se ha dado un debate importante a nivel nacional, porque el primer punto de la agenda de los diálogos de La Habana es el desarrollo rural y entre estos, están las zonas de reserva campesina.

“La ultraderecha de este país, los terratenientes y los latifundistas han enfilado su maquinaria mediática en contra de nuestro proceso, queriendo dejar la sensación en la sociedad colombiana de que las zonas de reserva campesina son ‘republiquetas’ independientes, enclaves políticos o narcoestados. Nosotros canalizamos las propuestas a través del foro agrario, ya que la participación de nosotros como sociedad civil no ha sido posible en la mesa de conversaciones. Creemos en una salida política a este conflicto, porque el que más lo sufre es el campesino y por eso es importante nuestra participación”, resaltó.

‘El Pato es una experiencia ejemplar’

Edilberto Prieto es uno de los colonizadores de la zona de reserva campesina de El Pato – Balsillas. El labriego, de avanzada edad, cree que la experiencia en el sur del país es un referente nacional, por su organización y desarrollo.

“Las conquistas que tienen los campesinos y los pobres de Colombia se dan a través de las luchas. Por eso la zona de reserva campesina de El Pato es ejemplar en el país. Cuando la constituimos 90 parceleros de algunas haciendas del valle de Balsillas, en 84.401 hectáreas, construimos nuestros puentes para transportarnos y los polideportivos para los niños”, recordó.

“Los proyectos que hemos podido desarrollar en El Pato se han hecho a través de la construcción de nuestros planes de desarrollo. Hicimos pequeñas carreteras para que los campesinos pudiéramos sacar los productos a través de vías comunitarias”, manifestó.

Para Edilberto Prieto, las zonas de reserva campesina son la única figura en la que se sienten reconocidos. “Es la única luz que alumbra para la paz de Colombia. Allí vamos a construir una reforma agraria integral, en donde el Estado va a tener que invertir recursos”.

“Nosotros necesitamos salud, educación, tierras y garantías para trabajar. El agro colombiano está en un segundo plano y sabemos que la figura es la única manera en la que el Estado nos va a reconocer y la que le va a apuntar a la paz. Los campesinos somos los que ponemos los muertos. Este proceso ha sido de mucho sacrificio.

* Tomado de La Nación: http://www.lanacion.com.co/2013/03/24/por-que-luchan-los-campesinos/

Oro en la serranía de San Lucas

Mulas transportando las riquezas de la tierra

pachakuti

Domingo, 24 de Marzo de 2013

la novena Delegacion Asturiana de verificacion de los DDHH en Colombia...

Oro en la serranía de San Lucas.

Inicia ruta la Novena Delegación Asturiana de Verificación a los Derechos Humanos en Colombia (DA) la madrugada del 22 de marzo en avión primero hacia Bucaramanga, en colectivo terrestre después hacia Aguachica atravesando la cordillera oriental..

En Aguachica ya estuvo la DA recibiendo los impresionantes testimonios de los familiares de jóvenes ejecutados por el ejército para recibir recompensas.. http://www.pachakuti.org/textos/hemeroteca/2010_1/mamitas-aguachica.html

El objetivo de este trayecto, que tiene final de destino en San Pedro Frío-Mina Vieja..

Es responder a la invitación de varias organizaciones, aisladas, atacadas, vulnerados sus derechos, en el extenso territorio de varios departamentos, relacionados con minería de oro y de carbón..

Y llega la Delegación Asturiana novena en un momento peculiar de movilizaciones intensas, con protagonismo campesino, con el estudiantado por las calles, con la CUT llamando a fortalecer movilizaciones, y en una semana donde, contra lo que es habitual no se reportan muertos en las marchas, al contrario que las semanas anteriores con los paros cafeteros, cacaoteros, del transporte, donde hubo abundante represión con sangre.. y con un recrudecimiento de la propia guerra con decenas de muertos de lado y lado..

Recibe Bogotá a la DA con una tromba de agua que enseguida remite, anunciando acá el invierno o época de fuertes lluvias que ya ha dejado al Chocó inundado y en emergencia en la frontera con Panamá, mientras en Asturias se anuncia la primavera..

El adelantado de la DA, Javier Orozco , ya ha tenido reuniones con el embajador español y el ministro consejero, que han colaborado en el desarrollo de la agenta “a todo ritmo” que se inicia en el Sur de Bolívar, y con Vicepresidencia de la República, que ha puesto fecha para intercambiar con la delegación y ha “avisado” a las unidades militares por las zonas donde va a pasar la DA.

La petición de reunión de la USO, sindicato petrolero, y su unidad de Memoria, y la propuesta de entrevista con la Gerenta del INCODER, instituto de colonización y desarrollo rural, completan el interés por compartir con la DA en un contexto en el que el presidente Santos parece atascado por sus propósitos reeleccionistas y rehén de sus compromisos con corporaciones empresariales extranjeras.

El martes, por otra parte, se han dado cita en San Vicente del Caguán en un Encuentro nacional de ZRC, Zonas de Reserva Campesina que es una figura legal que ya existe hace decenas de años pero que cobra crucial importancia en el presente de las conversaciones de Paz porque traza un recorrido elemental respecto al latifundismo, que lo prohíbe taxativamente en esas Zonas, y con la economía campesina, que trata de reforzarla frente a la agroindustria empresarial enlodada de paramilitarismo y narcotráfico.

Nada extraño por ello tiene que los empresarios ganaderos, una de las estirpes más de extrema derecha del mundo y algunos ministros que los representan sin intermediarios hayan reproducido el mismo lenguaje de hace 50 años, llamando republiquetas independientes a estas ZRC.. y lo que dio origen a la guerra eterna contra el campesinado, vuelve ahora, de boca y manos de sus mismos beneficiarios del terror, ahítos de sangre, que vuelven a la carga..

(el extraño camino de Santiago, Oscar Dueñas http://www.pachakuti.org/textos/hemeroteca/2011_1/extranno-camin-santi.html ).

En el mismo día 22 la delegación llega de Aguachica a Gamarra, toma allí bote para subir por el río Magdalena hasta el Cerro de Burgos, de allá por carretera hasta Santa Rosa del Sur, y de nuevo en carro todoterreno, hasta las alturas de la zona minera de San Pedro Frio, cruzando por San Lucas y San Luquitas.. en un camino de complicado trayecto que hiere la Sierra, en todo un territorio gestionado por la Federación Agrominera, originada el 1994 por las familias mineras que en su mayor porcentaje habían llegado en 1989, y desde el inicio el estado les declaró la guerra..

Lógico será apreciar que tras tanto viaje, y sobretodo en la última etapa por los caminos extremos de la serranía, cada músculo del cuerpo duela..pero todo se cura durmiendo ella frescura de la altura de dosmil metros donde se asienta la principal de las explotaciones mineras de oro, de pequeña minería, aunque esta denominación fue cuestionada por los líderes de la federación en su reunión con la delegación asturiana, al confrontarla con las normas del gobierno, leyes y decretos todos favorables a la minería industrial de empresas extranjeras, y que considera “pequeña minería” a la que practica La Quedada, una de las multinacionales que se reparten el botín de las concesiones.

“Si eso es pequeña minería que es lo nuestro”, decían los mineros, a lo que uno de ellos elucubró con que la suya es una “minería potencial” porque sólo está raspando capas superficiales del mineral, y mostrando una mucho mayor riqueza que por falta de tecnologías no pueden explotar..

Lo cierto es que... los pobladores de esta especie de campamento minero están abandonados de la mano del estado, de modo que se han visto obligados a gestionar el territorio, cuidar el camino y establecer pequeños peajes, construir su escuela y pagar a algunos maestros que llegan, cuando llegan, con la mitad del sueldo que otros profesores, debido a la intermediación de una ONG como Luz en Cristo, que se queda con la otra mitad para su gestión... a construir un pequeño centro de salud aunque no hay ni médicos ni promotores de salud permanentes, y a organizar mínimamente la vida en el territorio, consiguiendo algunos recursos de la Unión Europea..

La preocupación central de la federación de agromineros ahorita tiene que ver con las arremetidas del gobierno, cuyas leyes y códigos mineros han sido elaborados con directa influencia de corporaciones extranjeras, y que han conseguido concesiones de la práctica totalidad del país, quedando esta zona en concesión de la Anglo Gold Ashanti y de otras filiales suyas, con la consigna de echar a los mineros artesanales actuales, para entrar a saco con sus métodos de masivo movimiento de tierras.

No lo han conseguido hasta ahora por la fortaleza de las organizaciones que se han movido para defender su permanencia en el territorio y una vida digna, y por ello, denunciando el militarismo, con una base militar a 600 metros del centro urbano, y exigiendo se cumplan sus derechos como gente colombiana con muchos años en la región, volverán a movilizarse con fuerza a primeros de mayo..

Naturaleza de las zonas de reserva campesina en Colombia

Rafael Aguja Zamora, sociólogo colombiano

Por Nelson Lombana Silva

Martes, 19 Marzo 2013 04:04

Se ultiman detalles para la realización del III encuentro nacional de zonas de reserva campesinas, evento que se llevará a cabo del 22 al 24 de marzo en la población de San Vicente del Caguán, departamento de Caquetá.

Hay gran expectativa por la realización del encuentro nacional, a pesar de la estigmatización que viene haciendo el gobierno nacional a través de los medios masivos de comunicación. Al decir de algunos ministros del señor Santos, las zonas de reservas campesinas son especies de “republiquetas” quizás en un desespero irresponsable por revivir manido cuento de las “repúblicas independientes” como el ultra conservador Álvaro Gómez Hurtado sostuvo en el parlamento en 1964.

También se ha dejado entrever que esta figura constitucional apoyada por la ley 160 de 1994 y el decreto 1777 de 1996, es un engendro de la insurgencia armada, con el propósito de bajarle o restarle importancia al evento en esta población en su tercer versión.

Para hablar del tema, empezando por la esencia y naturaleza de las reservas campesinas en Colombia, su desarrollo e importancia, entrevistamos al joven sociólogo, Rafael Aguja Zamora, quien hace rato viene trabajando sobre el tema y tiene en consecuencia amplio conocimiento.

Hay que decir que en Bogotá, siendo concejal Comunista el camarada Jaime Caicedo Turriago, se preocupó por desarrollar este tema en algunas regiones del perímetro rural de la capital de la república.

El profesional Aguja Zamora, señala que “las zonas de reserva campesina es un paso hacia la reforma agraria integral”, lo cual devela la importancia y la necesidad de apoyar la lucha campesina por desarrollar éstas, máxime cuando la tierra la vienen cooptando las multinacionales y transnacionales para la explotación minera. Es urgente defender la soberanía alimentaria y el medio ambiente de la desalmada arremetida de las multinacionales y transnacionales con la complicidad del presidente Santos.

La entrevista completa es la siguiente:

-         ¿Qué es una reserva campesina?

La zona de reserva campesina es una figura territorial que está contemplada en la ley 160 de 1994 y en el Decreto 1777 de 1996. La zona de reserva campesina, como ya he comentado anteriormente, es una figura que fue gracias a las luchas históricas que ha venido desarrollando el campesinado a nivel nacional, principalmente en aquellos territorios en donde predominaba la colonización campesina, en lo que es el Guaviare, el Caquetá y lo que es el Tolima.

Se le otorga al campesinado esta figura gracias a las múltiples movilizaciones a nivel nacional en aquellas áreas donde el campesinado colono, primero no tenía unas condiciones dignas de vida, campesinado que por la violencia y el conflicto social armado en el país ha tenido que colonizar tierras con el objetivo de buscar su propia supervivencia.

La ley 160 de 1994, se le decreta a los campesinos, principalmente colonos, en aquellas áreas donde hay reservas naturales, están en cercanías a reservas naturales y donde ellos, pues, solicitaban titulación de las tierras.

-         ¿Para qué sirve una reserva campesina?

Las reservas campesinas sirven para generar autonomía dentro de los territorios, desde las mismas comunidades campesinas organizadas, hay que enfatizar en ello. Son campesinos organizados que buscan en su anhelo de lucha social por el real acceso a la tenencia de la tierra, dado, pues, a la desigualdad de la distribución de la misma, las zonas de reserva campesina es un paso hacia la reforma agraria integral.

En las zonas de reserva campesina se llevan a cabo lo que son los planes de desarrollo sostenible, que son los planes de desarrollo que las comunidades mismas construyen bajo sus necesidades y sus exigencias con los entes ya sean gubernamentales, municipales, departamentales y nacionales.

-         ¿Cuántas reservas campesinas hay en Colombia en la actualidad?

Las primeras zonas de reserva campesina fueron las del proyecto piloto que se desarrolló en el país, que fue un proyecto que se comenzó a impulsar en 1993 con el decreto 1777 y se realizaron en el Pato Balsillas, Caquetá, se constituyó la de Cabrera, Cundinamarca y se constituyó la del Guaviare. Son las tres primeras zonas de reserva campesina que existen a nivel nacional y después ya viene la constitución de otras zonas de reserva campesina, como son la zona campesina del valle del río Cimitarra, que en su lucha histórica, pudo constituirse como zona de reserva campesina; está la zona de reserva campesina del  Putumayo, en Puerto Asís, que ya es una zona de reserva campesina constituida. Esas son las zonas de reserva campesinas principales que hay actualmente en el país y existen las zonas de reserva campesinas de hecho, que están sobre todo en el Cauca, que son zonas de reserva campesinas legitimadas por la población, más no reconocidas legalmente por el Estado Colombiano.

-         ¿Hay perspectivas de crear reservas campesinas en el departamento de Tolima?

En el departamento de Tolima sí hay perspectivas de creación de zonas de reserva campesina, principalmente en el norte y en el sur del departamento. En el norte, en el municipio de El Líbano y en el sur en el municipio de Chaparral y Rioblanco, se ha venido llevando a cabo un proceso de socialización y sensibilización a cerca de las zonas de reserva campesinas.

-         ¿Cómo va la preparación del encuentro nacional de reservas campesinas a desarrollarse en San Vicente del Caguán, Caquetá?

El semestre pasado, tuvimos un encuentro nacional programático campesino impulsado por la Asociación Nacional de Reservas Campesinas, ANZORC, con el ánimo de poder avanzar en lo que son los diálogos de paz que se vienen dando en la Habana, Cuba, entre el gobierno nacional y la guerrilla de las farc – ep, con el ánimo de comenzar a avanzar en propuestas programáticas para los diálogos y con perspectiva a futuro de construcción de lo que sería la ruralidad en el país.

En estos momentos estamos desarrollando talleres regionales a nivel nacional, en este caso nos tocó acá en el Tolima y estamos trabajando con la región central con la perspectiva: 1. Impulsar la organización nacional de reservas campesinas y 2. Seguir en la construcción programática para luego encontrarnos en el III encuentro nacional de zonas de reservas campesinas, que se realizará en San Vicente del Caguán del 22 al 24 de marzo.

-         ¿Quiénes pueden participar de este encuentro nacional?

Todos los sectores de la sociedad. O sea, nosotros somos una organización campesina, está abierta la puerta para que distintos sectores de la sociedad puedan participar en ello. Con nosotros han venido participando estudiantes, sectores de los trabajadores urbanos y por supuesto, las comunidades campesinas.

Es nuestro propósito como organización es poder ampliar la participación de las personas, puesto que el tema de la tierra no está desligado tampoco de lo que son los centros urbanos, nosotros bien sabemos la comida sale del campo y hay una conexión directa con el sector urbano y trabajador del país.

Entonces esto es un proyecto incluyente, al cual están convocados todos los sectores y todas las plataformas políticas campesinas y trabajadoras para que nos acompañen en este evento.

-         Hay problemas serios sobre la tenencia de la tierra. Uno, son los proyectos minero – energéticos y dos, la compra de extranjeros de grandes extensiones de tierra. ¿Qué piensa sobre eso?

Hay una discusión bastante amplia alrededor del tema de la minería, porque igual el país es un país desigual, no solamente en la distribución de la riqueza, sino también en todo su panorama territorial es desigual.

Hay una amenaza, efectivamente, de concesiones minero – energéticas en el país y en algunos territorios donde se encuentran zonas de reserva campesina.

No podemos desconocer en estos momentos que en este proceso y en algunos territorios hay otros tipos de minería que no está ligado, digamos a la minería transnacional, sino que ha sido más bien una minería artesanal, que es una actividad propiamente de los campesinos en distintas regiones del país.

En este seminario programático que nosotros hemos venido desarrollando, estamos generando esas discusiones sobre cuál va a ser nuestra posición real frente a concesiones minero – energéticas que existen en el país.

Si bien en algunas regiones del país el rechazo es tajante a los proyectos minero – energéticos, en otras regiones del país donde ya hay explotación minero y donde ya hay presencia de las transnacionales, se están buscando alternativas para poder subsanar los daños ambientales y sociales que éstas han venido ocasionando.