Crucito, Tierralta, Córdoba Éxito de la acción humanitaria a pesar de la Fuerza Pública

Camilo Raigozo

Inmensa satisfacción dejó tanto en las delegaciones visitantes como en las comunidades anfitrionas, la Primera Acción Humanitaria realizada durante los pasados 26 y 27 de abril en el corregimiento Crucito, municipio de Tierralta, Córdoba, a la que asistieron más de 900 personas.

Delegaciones de Bogotá, Medellín y Barrancabermeja, intercambiaron fraternalmente experiencias, saberes y ante todo lasos de solidaridad con las comunidades de Crucito, venidas de unas 45 veredas, 25 de ellas del mismo corregimiento.

Una veintena de jóvenes universitarios dictaron durante los dos días 14 talleres sobre diferentes temas y problemáticas de la zona. Así mismo los niños participaron de ejercicios de aprendizaje y recreación. La comunidad denunció que a esta altura del año lectivo ninguna de las 25 veredas cuenta con profesor alguno por negligencia de los gobiernos local, departamental y nacional.

Más de 100 denuncias sobre violaciones a los derechos humanos fundamentales e infracciones al Derecho Internacional Humanitario cometidos por el Ejército y la Policía, fueron recibidos por una comisión de abogados. 

Asesinatos, desapariciones, amenazas, restricción de alimentos y medicinas; montajes judiciales, pillaje; fumigaciones aéreas con glifosato; ocupación de bienes civiles y estigmatizaciones, fueron entre otros los casos con mayor número de denuncias.

Gran número de estas quejas fueron contra la hidroeléctrica Urrá, a la cual señalaron de haber cometido estafa, engaño, desplazamiento, amenazas, incumplimiento y haber utilizado la estrategia paramilitar, para expulsar a campesinos. Paradójicamente El Crucito, ni ninguna otra población y veredas aledañas a la represa cuentan con red de energía eléctrica.

Tampoco cuentan con acueducto y servicio de salud. La persona que se enferme tiene que dejarse morir, pues el médico más cercano se encuentra en el casco urbano de Tierralta, a más de 6 horas desde las veredas. La mayoría de las veces los enfermos son remitidos a Montería o Medellín haciendo más caótica la situación de los labriegos, ya que los costos de transporte por persona es cercana a un millón 500 mil pesos.

Atropellos del Ejército y la Policía

Además de los atropellos contra los moradores y las personas que prepararon en Tierralta y Crucito la acción humanitaria, por parte del Ejército y la Policía, en el desarrollo de la misma se volvieron a presentar hechos como los siguientes:

En el casco urbano de Tierralta, los buses que formaban la caravana fueron detenidos y fotografiados por la Policía. Los policías aseguraron que era parte de un control rutinario. En Puerto Frasquillo, corregimiento de Tierralta, el Ejército Nacional pretendió realizar un empadronamiento a los integrantes de la acción humanitaria.

El 25 de abril, al llegar a Crucito se encontraron al menos 12 militares bajo el mando del mayor Luis Hernández y del Sargento Gómez, pertenecientes al Batallón Bacon 33 de la Brigada Móvil 24. Los militares interrogaron a varios miembros de la comisión y tomaron abundantes fotografías de la comunidad.

Al día siguiente, 26 de abril en horas de la mañana, el Ejército pasó nuevamente por el corregimiento y fotografió a las personas y al espacio donde horas más tarde se desarrollaría el evento.

Así mismo se presentaron hostigamientos contra los campesinos que se dirigían a Crucito provenientes de varias veredas, así como contra líderes campesinos y organizadores de la acción humanitaria.

Con ocasión de los preparativos de la Acción Humanitaria, el Ejército Nacional emprendió una feroz campaña de desprestigio y desinformación de la misma y contra las y los líderes sociales y comunitarios de la región. “Esta acción humanitaria es iniciativa de la guerrilla”, dijeron.

La Fuerza Pública llegó al extremo de desmontar de manera abusiva la publicidad que se había instalado en varios lugares del corregimiento. Miembros de la Asociación Campesina para el desarrollo del Alto Sinú, Asodecas, fueron retenidos por los militares, requisados y su documento de identidad verificado.

Cuando las delegaciones regresaban a sus lugares de procedencia una vez terminada la acción humanitaria, al arribar a Puerto Frasquillo fueron filmadas y fotografiadas por militares, algunos de estos disfrazados de payasos.

Amenazas de paramilitares y detenciones arbitrarias de campesinos en zona rural de Popayán

por Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano "Francisco Isaías Cifuentes"

En desarrollo de acciones policiales irregulares combinadas con personas de civil armadas, ataque indiscriminado, actos de pillaje, ataque a bienes civiles y religiosos, agresiones físicas y verbales y detención arbitraria de campesinos en la vereda Calibio del Municipio de Popayán.

Hechos:

Martes 16 de Abril de 2013

Vereda Calibio, hacienda la Julia, en horas de la noche cuando la señora MARÍA ELENA OROZCO residente en el lugar se aprestaba a descansar se percata de que al predio llegaron cinco personas armadas quienes la amenazaron, diciéndole que se fuera de la hacienda. Por lo cual la señora MARÍA ELENA respondió que ella no se iba porque no le habían pagado el tiempo de trabajo al que ella tiene derecho.

El grupo armado irregular se quedo en la hacienda, por lo cual la señora MARÍA ELENA llamo a la policía para informarles sobre las amenazas. Cuando un grupo de policías llegaron al lugar requisaron al grupo irregular de personas armadas quienes por tener documentos de porte legal de las armas fueron dejados en libertad.

Estas personas posteriormente se cubrieron el rostro con capuchas, y permanecieron en el predio con el consentimiento de la fuerza pública-

Lunes 22 de Abril de 2013

Vereda Calibio, hacienda la Julia, en horas de la mañana integrantes del Escuadrón Móvil Antidisturbios ESMAD de la Policía ingresa al predio y en compañía del grupo de hombres civiles armados, sin mediar palabra ni mediación en un procedimiento irregular de supuesto desalojo procedieron a arrancar un cuarto de hectárea de frijol, un cuarto de hectárea de maíz, mil árboles de café, 1200 matas de plátano, tumbaron tres ranchos se robaron 15 palines, 12 machetes, y se llevaron 2 bicicletas.

El grupo de integrantes del ESMAD, dispararon gases lacrimógenos y balas de goma en contra de personas que se encontraban en la vía pública que conduce desde la vía panamericana hasta la vereda Calibio hiriendo a las campesinas MÓNICA MARTÍNEZ en la pierna derecha y YANETH VELASCO en el abdomen. Al igual que afectaron a la comunidad que se encuentra en el sector.

Los uniformados agredieron verbalmente con palabras soeces a un grupo de mujeres que pasaban por la vía pública, amenazaron y dispararon armas de fuego para aterrorizar y crear pánico ante las comunidades indefensas que pasan por la vía y que se encuentran en el sector.

Miércoles 24 de Abril de 2013

Vereda Calibio, hacienda la Julia, cerca de las 11:00 de la mañana, integrantes del Escuadrón Móvil Antidisturbios ESMAD de la Policía ingresa al predio, y en el momento en que los campesinos DONASIS RENDÓN OCAMPO y CARLOS VELASCO transitaban por el lugar fueron detenidos arbitrariamente.

A DONASIS se lo llevaron para la hacienda la Julia y al señor CARLOS lo golpearon lo maltrataron verbalmente, le rompieron la ropa, hasta que un grupo de campesinos se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo con esta persona. En ese momento el subintendente OSCAR MURSIA amenazo con el fusil a dos personas y disparo su arma de fuego al pie de unas quince personas que se encontraban en ese momento solicitando que al señor CARLOS VELASCO se le respetaran sus derechos y se le tratara dignamente.

Cerca de la 1:00 de la tarde, un grupo de policías ocupo arbitrariamente y sin orden judicial la casa de habitación de la señora ASTRID BONILLA y la iglesia evangélica, en momentos en que la campesina no se encontraba en su casa.

El grupo de agentes de policía maltrataron verbalmente a las personas que se encontraban en el sector y amenazaron con los fusiles, mientras uno de los policías grababa con un celular la iglesia evangélica según ellos porque este era el sito de concentración de la comunidad para ir a hacer daños.

La señora ADÍELA ANACONA en vista de esta situación se dispuso a grabar los hechos de la policía y uno de los agentes le arrebato el celular y la agredió de tal manera que el joven SAMIR ANACONA, hermano de la agredida, estudiante de la universidad del Cauca que acababa de salir a coger el bus para irse, vio como el agente de policía tenía de la blusa a su hermana y grito pidiendo ayuda.

Hecho ante el cual el uniformado soltó a la señora Adíela y cogió al hermano SAMIR ANACONA, a quien se lo llevaron hacia la carretera y lo golpearon en repetidas ocasiones, luego lo esposaron, y siguieron golpeándole con un bolillo sobre su cabeza.

ADÍELA le dijo a los policías que no se lo llevara que él era una persona de bien que lo dejaran ir a estudiar y un policía cogió a Adíela y la tiro al piso sobre una cuneta y la golpeo con la bota sobre la pierna. Dejándola sentada de tal manera que no se pudo parar más debiendo ser remitida a la clínica SALUCOP de la ciudad de Popayán.

SAMIR ANACONA CHAGÜENDO y DONASIS RENDÓN, fueron trasladados a la carceleta de la URI

Memorias del Tercer Encuentro Nacional de Zonas de Reserva Campesina

Multitudinaria marcha histórica por la Paz en Colombia

La Marcha TV

Memorias del Tercer Encuentro Nacional de Zonas de Reserva Campesina (ZRC)

Agencia Prensa Rural / Viernes 26 de abril de 2013 

http://youtu.be/fNfOQJ0zWgs

Las Pavas. Entre la esperanza y el despojo

Pancarta a la entrada de la hacienda Las Pavas. Foto: @Geraldkurt

Las Pavas. Entre la esperanza y el despojo

Por: Geraldkurt | Abril 25, 2013

En los últimos días, nuevos hechos de violencia han puesto de presente lo difícil que es para los campesinos asentados en Las Pavas el reconocimiento de su condición de víctimas del despojo de tierras. Breve revisión de un caso emblemático para la ley de víctimas.

Las formas de violencia en la ruralidad del país poco o nada han cambiado en el siglo naciente que nos ocupa. Corrimiento de cercas y linderos, como lo denunciaron en su momento quienes delimitaban sus predios con los de Víctor Carranza, establecimiento de grupos armados legales o ilegales para garantizar el expolio de los pequeños propietarios y campesinos y el desplazamiento de grandes grupos poblacionales hacia las cabeceras municipales para lograr quedarse con mayores cantidades de tierras, han sido una constante en el campo colombiano.

Dentro de esa lógica es que se puede comprender el fenómeno presentado en lo que se conoce como Hacienda Las Pavas, en la Isla del Papayal, al sur del departamento de Bolívar.  Oncepredios que abarcan 1.290 hectáreas que, como lo señala el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio,  sirvieron tradicionalmente para el sustento de varias familias campesinas asentadas en el corregimiento de Buenos Aires, sobre el brazuelo del río Papayal.

Desde que la Hacienda quedara abandonada a mediados de los 90 y los campesinos asentados en Buenos Aires y organizados alrededor de Asocab (Asociación de Campesinos de Buenos Aires) empezaran a utilizar las tierras para sus cultivos de pan coger, las tensiones han ido creciendo debido a que la hacienda estuvo en manos de varios grupos armados sin identificar y posteriormente fue vendida a un consorcio palmero a mediados de la década de 2000.

Tras solicitar una acción de extinción de dominio por abandono al Incoder, los campesinos se vieron enfrentados a quien fuera el poseedor de los títulos de los predios, Consorcio San Isidro, representado por José Macías. Esta oposición incluyó un desalojo ilegal que fue calificado como tal por la Corte Constitucional en la sentencia T-267 de 2011, y acusaciones contra los líderes de Asocab por su supuesta pertenencia a las Farc.

La situación de los campesinos en Las Pavas empezaba a tornarse diferente desde que el Incoder declarara que los 11 predios que componen La Hacienda son baldíos de la nación y por ende la actividad palmera de Aportes San Isidro no era procedente. Sin embargo, como los informó Confidencial Colombia, desde ese momento se instaló en la casa de la hacienda un grupo de gente armada, presumiblemente contratado por el consorcio, para ejercer labores de vigilancia de los predios.

En contravía a lo señalado por el Incoder el grupo armado ha hecho expresa la supuesta propiedad del predio por parte del consorcio, llegando a amenazar a los campesinos de Asocab, como lo expresó Misael Payares, líder campesino, el pasado noviembre: “Ellos (los hombres armados) nos dijeron que si se llegaba a fallar a favor de nosotros acá iba a haber más de un muerto”.

Misael Payares, líder de Asocab.

Hasta el momento no ha habido ningún asesinato por cuenta de la creciente tensión entre ambos grupos pero entre la noche del 23 de abril y la mañana del 24 hombres armados, que los campesinos identifican con el grupo armado asentado en la casa de la hacienda, quemaron varios atados de palma usada para los techos de los ranchos que estos mismo hombres habían quemado previamente junto a algunos cultivos de maíz y yuca, y dispararon contra el tractor usado por Asocab para sus labores agrícolas, así como contra los campesinos sin que hubiera algún herido, por ahora.

Esta denuncia viene a sumarse a muchas otras que constantemente hacen los campesinos de Asocab y que hasta el momento no han tenido resonancia mayúscula en los medios de comunicación.

Mientras Misael Payares y los demás miembros de Asocab se siguen aferrando a la esperanza de que las autoridades locales hagan respetar las decisiones del Incoder y de la Corte Constitucional, está claro que los enemigos de la paz rural no cejarán en su empeño de expoliar el campo a costa del respeto a la ley.

Magdalena Medio: Un año en Marcha

César Andrés Solarte Macana / Miércoles 24 de abril de 2013

Ha sido un año de movilizaciones, luchas, encuentros, constituyentes, construyendo desde abajo con las dificultades propias de los señalamientos de un Estado estigmatizador, además de amenazas, asesinatos de varios de sus militantes y toda la responsabilidad política de llevar los mensajes de todos los sectores del Magdalena Medio, desde los campesinos, los trabajadores de la palma africana, los obreros, los desempleados, el sector LGTBI, los desplazados, las amas de casa, las organizaciones femeninas, los estudiantes, y demás sectores que componen esta maravillosa región pintada multicolor porque es donde se encuentran los paisas, santandereanos, bolivarenses y además que de todas las regiones del país ha llegado personas a buscar un mejor futuro en esta región.

Marcha patriótica recoge esta gran mezcla cultural que es nuestro Magdalena Medio y en un año ha demostrado toda la capacidad organizativa y de resistencia que tienen los hombres y mujeres de esta región. Que a pesar de todo, el 9 de abril se movilizó con 7 mil personas a la ciudad de Bogotá a clamar por la paz, pero no la paz del silencio de los fusiles, sino a marcha por la justicia social, el empleo digno, educación de calidad, reforma agraria integral, inclusión política, para que no se sigan muriendo en la puerta de los hospitales, o rogando a la EPS para que le entregue una acetaminofén que es el medicamento para resolver todos los problemas de salud de los colombianos.

A luchar por el retorno a sus tierras, por el derecho al territorio, porque somos más los que deseamos la paz, los que queremos una salida política y negociada a la guerra, porque le apostamos a los diálogos de paz entre la guerrilla y el Gobierno nacional, la paz es para todos para el presente y el futuro, para el desarrollo de un país rico en fauna, flora, recursos hídricos, en recursos no renovables, pero la paz se alcanzara cuando todos podamos disfrutar de esa riqueza.

Ahora estamos en marcha, después del primer año de estar construyendo patria, creemos que somos más lo que deseamos la paz, y así quedo demostrado el 9 de abril cuando un millón de voces se unieron para decir que somos más los que marchamos por la paz.

Seguimos exigiendo que la voz de los campesinos, estudiantes, obreros, amas de casa, desempleados, que todos los sectores de nuestro país sean incluidos en la mesa de diálogo que los sueños de millones de colombianos por una patria más justa y soberana, incluyente, democrática, se haga realidad.

“Somos más, ahora si la paz”, con esta frase el 9 de abril nos movilizamos, marchamos, cantamos, soñamos y aportamos a la búsqueda de la paz, una marcha llena de propuestas, un año lleno de esperanza, y esperamos como dijo Jaime Pardo Leal “algunos estamos amenazados de muerte por nuestra fidelidad desde cuando éramos jóvenes a la patria, al pueblo, a los trabajadores y a la causa del socialismo”, que esta vez no nos sigan amenazando, por esa fidelidad a nuestros sueños que se nos abra la puerta a la paz con justicia social y verdadera inclusión política.

Un año más de lucha…desde su lanzamiento Marcha Patriótica cada día crece más y más, además seguirá creciendo porque marcha es la expresión más legítima del pueblo colombiano, es la voz de los excluidos y de los silenciados, únete estamos en marcha.

Emgesa solicitó desalojo de pescadores en Betania

La Nación / Miércoles 24 de abril de 2013

La empresa Emgesa, constructora de El Quimbo solicitó a las direcciones de Justicia de los municipios de Hobo, Campoalegre y Yaguará, que desalojen a los pescadores que por años vienen desempeñando esta actividad en las orillas de la represa de Betania, operada por la misma multinacional.

La notificación fue dada a conocer a las más de 1.000 familias que devengan su sustento de la pesca en la represa y tienen establecidos cambuches en las orillas por autorización de las respectivas alcaldías.

La reacción no se hizo esperar por parte de los pescadores que ayer se reunieron en Hobo para solicitar a las autoridades que intercedan ante Emgesa para que les permitan seguir en la actividad de la pesca, que según ellos es un oficio que heredaron de sus ancestros y de lo que han vivido por generaciones.

En la reunión, los representantes de los pescadores de cada municipio acordaron realizar una nueva convocatoria para el próximo miércoles 24 de abril, con presencia de los personeros, los alcaldes y el gobernador Carlos Mauricio Iriarte, y plantearle la situación por la que están atravesando las familias que viven de la pesca artesanal en Betania.

El alcalde de Hobo, Humberto Pastrana Chárry, se comprometió con los pescadores a hacer la invitación a todas las autoridades que tienen que ver con la problemática que se presenta y para enterarlos de las condiciones en que se encuentran las 1.000 familias, que no solamente enfrentan el desalojo, sino también el abandono por parte de las autoridades encargadas de regular la acuicultura en la represa.

“Tenemos que rodear a estas familias que siempre han vivido de la pesca, porque si los sacan de la represa se forma un problema social y qué se pone a hacer esa gente, ellos se han ganado el derecho a permanecer allí desde cuando la represa era del gobierno. En estos momentos les quieren desconocer esos derechos. Son familias de Hobo, Campoalegre y Yaguará, que siempre han desempeñado esta labor”, indicó el alcalde de Hobo, Humberto Pastrana Chárry.

El mandatario agregó que poco a poco los pescadores han ido perdiendo sus derechos y las autoridades encargadas de ejercer control en la represa no hacen nada.

“A los pescadores les han reducido el espacio para pescar por tanta concesión que hay en la represa para las empresas piscícolas, por todos lados son jaulas de empresarios. A los pescadores de Hobo prácticamente les toca pescar es en predios de Campoalegre, porque la cantidad de jaulones ya casi llena todo la parte de Hobo”, concluyó Pastrana Chárry.

Asoquimbo actúa en defensa delos pescadores

Por: Miller Dussán

Asoquimbo convocó la reunión ayer lunes en Hobo por solicitud de los pescadores que vienen siendo asistidos por una de nuestras abogadas, de manera voluntaria y gratuita, quien reiteró su inconformidad debido a que notificó la acción policiva de Emgesa, según la cual los pescadores son "invasores" de "los predios y del río Magdalena" cuando vienen realizando su actividad en su habitat natural durante muchas décadas como poseedores legítimos amparados por la Ley 13 de 1990, Estatuto General de Pesca, que en su artículo 3. establece que la actividad pesquera es de "utilidad pública e interés social"

Los únicos invasores son las empresas transnacionales como Emgesa que en connivencia con el Estado violaron la Soberanía Nacional y, específicamente, la Ley 1242 de 2008, que declara "COMO BIEN DE USO PÚBLICO una franja de terreno que se extiende treinta (30) metros por cada lado del cauce de los ríos de la Nación, reconociéndolos como INALIENABLES, IMPRESCRIPTIBLES e INEMBARGABLES. Implica que ninguna persona, natural o jurídica puede adjudicarse de forma exclusiva y para sí misma, los derechos de uso y goce de los bienes antes mencionados". Emgesa ya se adjudicó ese bien público, con el silencio de la Corporación del Alto Magdalena, CAM.

Asoquimbo espera un pronunciamiento inmediato en defensa de los Derechos de los Pescadores por parte del Programa presidencial para la defensa de los D.H. y el DIH que ayer lunes realizó en la Gobernación del Huila un Taller Preparatorio de los Foros sobre construcción de políticas públicas sobre D.H. en el Huila y donde se denunció que Emgesa ha solicitado otros amparos policivos para el desalojo de campesinos que recuperaron los predios Guipas y la Victoria en el Municipio de Altamira, lugares donde siempre han trabajado y de donde fueron desalojados por el Estado sin cumplir con la compensación que establece la Licencia de adjudicarles tierras con distritos de riego, drenaje y proyectos productivos. Mientras tanto la ANLA continua modificando ilegalmente la Licencia ambiental del P. H. El Quimbo favoreciendo los intereses de Emgesa.

Seminario. Bogotá, 26 de abril de 2013

Autonomías, soberanías, desarrollo rural y Zonas de Reserva Campesina

La autonomía territorial de las comunidades rurales: ¿Aporte a la paz y la democracia o desconocimiento del Estado colombiano?

Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina - Anzorc / Jueves 18 de abril de 2013

La Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (ANZORC) y el Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos de la Pontificia Universidad Javeriana convocan a las organizaciones campesinas, indígenas, afrodescendientes, al gobierno nacional, los partidos políticos, sectores académicos, organizaciones no gubernamentales y gremios de la producción agropecuaria a participar en el seminario nacional que realizaremos el próximo 26 de abril de 2013 en la ciudad de Bogotá. D. C., sobre el enfoque de la autonomía que construyen las comunidades rurales, sus planes de desarrollo y de vida y sus enfoques de desarrollo.

A raíz de los diálogos que actualmente adelanta el gobierno de presidente Juan Manuel Santos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC-EP, los avances que ha tenido el movimiento campesino, indígena y afrodescendientes, el informe de desarrollo humano 2011 del PNUD y la propuesta de Ley de Tierras y Desarrollo Rural del gobierno colombiano se ha puesto de presente la discusión sobre los enfoques que en adelante debería tener el campo colombiano y dentro de él, la autonomía territorial de las comunidades rurales.

En esta discusión, las Zonas de Reserva Campesina (ZRC), organizadas en la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (ANZORC), presentaron su Propuesta Política y Programática para Una Reforma Agraria Integral, el Reconocimiento de los Derechos Campesinos, y la Paz con Justicia Social para Colombia a la mesa de negociaciones de la Habana, dentro de la cual uno de sus puntos principales tiene que ver con la concepción para construir su autonomía en los territorios donde existen y se impulsan ZRC. Del mismo modo, las comunidades indígenas y afrocolombianas han venido luchando por el respeto a su autonomía y la defensa de sus territorios a través de sus resguardos y territorios colectivos construyendo autónomamente sus respectivas relaciones con el Estado y sus entornos.

Dadas las consideraciones anteriores, creemos fundamental impulsar escenarios de encuentro en el que podamos reunir diversas visiones y concepciones sobre el ejercicio constructivo de la Autonomía territorial de las comunidades rurales como aporte fundamental a la democracia y la paz de Colombia.

Por tales consideraciones, los invitamos a participar activamente de este seminario y esperamos contar con su presencia, disposición y participación.

Convocan:

Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina-ANZORC

Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos de la Pontificia Universidad Javeriana.

Red de Investigadores en Autonomías Territoriales y Zonas de Reserva Campesinas

Estudiantes de 2 Semestre Maestría en Desarrollo Rural Universidad Javeriana

Financian:

Unión Europea y Fórum Syd.

Mayores informes y preinscripciones:

zonasdereservacampesina@gmail.com

Tel: 2810844 – 3182551349- 3158259064- 3144830242- 3204773751- 3143316094

No a las acciones cívico militares

"Custodiando" a los campesinos
sentirán que hacen Patria...

Acción cívico - militar de la Alcaldía de Tierralta infringe el principio de distinción y pone en riesgo a comunidades del Corregimiento de Crucito

Asociación Campesina para el Desarrollo del Alto Sinú –ASODECAS / Martes 16 de abril de 2013

La Asociación Campesina para el desarrollo del Alto Sinú – ASODECAS- y la Coordinación Agrominera del Noroccidente y del Magdalena Medio Colombiano, de la cual hacen parte: la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra, Asociación Campesina del Norte de Antioquia, Asociación Campesina del Bajo Cauca Antioqueño, Asociación Campesina de Ituango, Consejo Mayor Comunitario del Porce IV, Asociación Campesina de San Jose de Apartado, Asociación de Hermandades Agroecológicas y Mineras de Guamoco, la Corporación de Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño y la Asociación Campesina para el Desarrollo del Sur de Córdoba:

Denunciamos públicamente la violación al principio de distinción y la consecuente infracción al Derecho Internacional Humanitario – DIH, de la que es responsable la Alcaldía de Tierralta (Córdoba) junto con las Unidades de las Fuerzas Militares, con las que se organizo y se convoca a: “una jornada cívico militar en el CORREGIMIENTO DE CRUCITO, a llevarse a cabo el día 26 de abril de 2013”.

Desde el pasado martes 9 de abril circulo en zona rural de Tierralta una comunicación suscrita por la Secretaria de Gobierno y Desarrollo Comunitario (e) ROCIO ELENA JIMENEZ DIAZ, donde cita a una reunión preparatoria el 12 de abril de 2013 en las instalaciones del Concejo Municipal, con el fin de organizar una jornada cívico militar en el Corregimiento de Crucito a finales de abril , para las fechas en que se ha programado la realización de una Acción Humanitaria en este mismo Corregimiento.

Cabe destacar que la Acción humanitaria, tiene como antecedentes una gira inicial de carácter promocional y de construcción colectiva y consensuada de la propuesta de Acción Humanitaria con las comunidades del territorio, llevada a cabo en el mes de Febrero del presente año, en aras a que dicha actividad cuente con la participación activa del liderazgo y compromiso comunitario de los y las habitantes de la región del Alto Sinú. Para lo cual se buscaron previamente espacios de interlocución con las autoridades de gobierno del nivel municipal e instituciones del Estado, garantes de derechos (Defensoría del Pueblo), quienes a su vez oficiaron a la fuerza pública solicitando garantías para el respeto a la vida, libertad e integridad de las personas que realizaron dicha gira.

Posteriormente y en la misma dirección, se realizó en el mes de Marzo, una segunda gira igualmente informada a los entes Estatales y gubernamentales, cuyo propósito fue continuar avanzando en la propuesta de la acción humanitaria. Lo que da cuenta de que dicha actividad, fechas de programación y objetivos han sido de conocimiento pleno de las autoridades del orden municipal desde el mes de febrero hasta la fecha.

ANTECEDENTES

Desde la implementación del Plan Nacional de Consolidación territorial en 2009, su reformulación en 2011 y la creación de la Fuerza de Tarea Conjunta Nudo de Paramillo en 2009, en el corregimiento de Crucito, se han incrementado sostenidamente las acciones de estigmatización y amenaza contra la población civil por parte de integrantes de la Fuerza Pública, funcionarios públicos del nivel local y agentes del Ministerio Publico, señalando a la población campesina y sus organizaciones, de ser auxiliadores de la guerrilla o asimilando a las familias cultivadoras de cultivos de uso ilícito con narcotraficantes o combatientes participantes de las hostilidades; situación que ha determinado el desplazamiento forzado, el confinamiento y el miedo en las comunidades rurales de este municipio,

Aunado esto, el grave teatro de guerra y operaciones en el que la presencia activa de todos los actores armados (Ejército Nacional, Guerrilla de las FARC y grupos paramilitares, operando bajo el nombre de Águilas Negras), han convertido el corregimiento de Crucito, en un escenario de permanentes enfrentamientos, de ocurrencia de homicidios de campesinos en abril y octubre de 2012, desplazamientos masivos, luego de estos asesinatos y de señalamientos como el que hicieran soldados en contra del Presidente de la Junta de Acción Comunal de El Venado.

Este constante desconocimiento del deber de distinguir en todo momento entre la población civil y los combatientes, llevo a que el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo en la nota de seguimiento No 003-13 del 22 de marzo de 2013 , alertara sobre el riesgo que existe para la comunidad campesina de Crucito de ser víctimas de: “violaciones a sus derechos por conductas tales como amenazas de muerte, desaparición forzada, homicidios selectivos o de configuración múltiple, desplazamiento forzado, reclutamiento forzado, combates con interposición de población, violencia sexual (actos sexuales abusivos, etc) y restricciones a la libertad de circulación” con ocasión a: “la confrontación entre la guerrilla y la fuerza pública”, y recomendará al Ministerio de Defensa Nacional: “Aplicar de manera estricta el principio de distinción establecido por el DIH”.

Por todo lo anterior, rechazamos de manera enfática la organización y realización de las Acciones Cívico – Militares, que evidencian el carácter violatorio del DIH, al vincular la población civil con actores armados participantes de las hostilidades.

Ubicamos al Estado como responsable de las posibles graves violaciones a los Derechos Humanos que ocurran en contra de la población civil de este corregimiento, por un lado posterior a la realización de la Acción Cívico Militar, dado el desconocimiento del principio de distinción ya señalado y por otro lado en la medida en que antes, durante y después de la Acción Humanitaria se exacerben los señalamientos y la estigmatización contra la población civil, poniendo en alto riesgo y alta vulnerabilidad a la población vinculada con procesos organizativos o que participen de dicha actividad.

SOLICITUDES

Solicitamos a las organizaciones sociales, defensoras de los derechos humanos, de victimas, a la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, a la Defensoría del Pueblo se solidaricen con esta denuncia y pongan en conocimiento del Presidente de la República de Colombia los hechos en ella incorporados con las peticiones más adelante señaladas.

De la misma manera solicitamos a las siguientes autoridades de manera urgente e inmediata tomen las siguientes acciones:

1. A la Alcaldía de Tierralta (Córdoba) y el Ministerio de Defensa Nacional, suspendan de manera inmediata la realización de la Acción Cívico Militar que tiene organizada para el 26 de abril de 2013 en el corregimiento de Crucito, y todas las reuniones y actividades de preparación de la misma. 

2. A la Alcaldía de Tierralta (Córdoba) y el Ministerio de Defensa Nacional, para que con todas sus acciones, cumplan irrestrictamente el principio de distinción que protege la población civil del corregimiento de Crucito y en general de Tierralta, en el curso de las acciones y confrontaciones armadas que se pudieran presentar. 

3. A la Fiscalía General de la Nación, a la Procuraduría General de la Nación, (en ejercicio del poder preferente) inicien de manera inmediata las investigaciones penales y disciplinarias pertinentes, para que determinen los grados de responsabilidad de los organizadores y promotores de la Jornada Cívico – Militar y se sancionen dichas conductas.

Medellín, 15 de abril de 2013

Las Zonas de Reserva Campesina: herramienta para desconcentrar la tenencia de la tierra y abrir un nuevo espacio social que logre la paz

Campesinado arando la paz "custodiado" por los mismos que ejecutan al pueblo

El artículo 81 de la ley 160 de 1994 le dio vida jurídica a las Las Zonas de Reserva Campesina. Las ZRC están amparadas en un instrumento legal

Crónica del Quindío 

Jueves 4 de abril de 2013

El país se asustó cuando en la mesa de negociación del cese del conflicto armado en Colombia una de las partes habló de las Zonas de Reserva Campesina ZRC. El ministro de Agricultura las calificó de ‘republiquetas independientes’ y varios altos funcionarios del Estado, incluyendo a miembros de la fuerza pública, y otros sectores de opinión, entre ellos el expresidente Uribe y el presidente de Fedegán José Félix Lafaurie, advirtieron que las Farc lo que buscan es que se les entregue medio país para gobernar.

Pareciera que ninguno de ellos conociera que las ZRC es un instrumento legal creado por el gobierno. El artículo 81 de la ley 160 de 1994 señala que las zonas de colonización y aquellas en donde predomine la existencia de tierras baldías son Zonas de Reserva Campesina. Y existen en varias partes: Antioquia, Guaviare, Cauca, Santander, etc.

Después, el gobierno expidió el Decreto 1777 de 1996, que reglamenta parcialmente lo consignado en la ley 160 en relación con las ZRC.

Allí se dice que estas zonas tienen como objetivo “controlar la expansión inadecuada de la frontera agropecuaria del país; evitar y corregir los fenómenos de concentración; crear las condiciones para la consolidación y desarrollo sostenible de la economía campesina; regular la ocupación y aprovechamiento de las tierras baldías, dando preferencia en su adjudicación a los campesinos de escasos recursos; crear y construir una propuesta integral de desarrollo humano sostenible, de ordenamiento territorial y de gestión política…”.

También dice la ley que el Estado debe “promover y encauzar recursos y programas que definan un propósito común de desarrollo en estas regiones…”.

La misma ley también prevé la creación de Zonas de Desarrollo Empresarial ZDE reguladas por acuerdo del Incora. El propósito de este acuerdo es proteger y promover la inversión de capital privado, herramienta de la cual echó mano el exministro de Agricultura Felipe Arias para otorgarles a grandes empresas agropecuarias, nacionales y multinacionales, enormes extensiones de baldíos para su explotación.

Precisamente, lo que en la mesa de negociación se ha puesto como propuesta de discusión es que en vez de entregarles esos baldíos y otras tierras en conflicto a las multinacionales agropecuarias, se las den a los campesinos que carecen de tierra o que tienen posesión de hecho de ellas, creando para tal fin Zonas de Reserva Campesina. Con este fin, se frena la concentración de la tierra en pocas manos, la expansión de la frontera agrícola, y se protegen las áreas de reserva ambiental.

Todo esto lo que quiere decir es que esto de las ZRC no son una propuesta ni un invento de las Farc, sino del gobierno, que está en nuestra legislación, que es una herramienta creada para desconcentrar la tenaz tenencia de la tierra en Colombia y abrir un nuevo espacio social que logre la paz.

Qué lástima que el debate no se haga desde la argumentación seria, mirando los verdaderos intereses de la nación de pobres en que vivimos. Qué lástima que no se piense a largo plazo en la paz, y solo miremos el cortoplacismo de la politiquería electoral.

Sesionó la Mesa Comunal por la Vida Digna de Remedios

Asociación Campesina del Valle de Cimitarra

Miércoles 3 de abril 2013

Las innumerables dificultades de transporte y seguridad que representa para las comunidades del nordeste antioqueño movilizarse desde sus lugares de residencia, no fueron obstáculo para que nos diéramos cita las más de 30 delegaciones campesinas, mineras y urbanas este domingo 31 de marzo en la zona urbana de Remedios, para la sesión de trabajo de la Mesa Comunal por la Vida Digna.

Allí, tuvimos la oportunidad de conversar sobre la situación política actual internacional, nacional y regional como un abrebocas que nos permite comprender ampliamente la problemática de cada una de nuestras comunidades. Entre otros temas, hablamos sobre los Tratados de Libre Comercio y sus gravísimos impactos en la producción nacional de alimentos; la mesa de negociaciones que está en curso y sus implicaciones en un eventual proceso de paz y, por supuesto, del tercer Encuentro Nacional de Zonas de Reserva Campesina llevado a cabo en el municipio de San Vicente del Caguán.

En cuanto al tema local, se denunciaron y repudiaron las acciones violentas perpetradas por los grupos paramilitares y las tropas del Ejército Nacional que operan en la zona, que tienen por objetivo intimidar a la población civil. Los primeros, recientemente han restringido el libre tránsito de los pobladores, impidiendo la movilidad en el territorio. Más indignante aún es la presencia clandestina, “encapuchada” del Ejército, cuando su misión es, aparentemente, velar por la protección de la vida e integridad de aquellos que no nos encontramos en combate. No sobra decir, que en este contexto se producen constantes bombardeos y rafagueos en la zona, lo que se constituye en una más de las constantes y abiertas violaciones a las normas del DIH.

Después de esta intensa discusión y en aras de iniciar el proceso de dinamización del Plan de Desarrollo Sostenible de la Zona de Reserva Campesina del Valle del río Cimitarra -uno de los principales cometidos de la Mesa Comunal por la Vida Digna- se estructuró un conjunto de comisiones operativas y temáticas, las cuales permitirán priorizar las múltiples acciones y proyectos a llevar a cabo para hacer realidad nuestro Plan de Desarrollo, principalmente ante las respectivas instancias estatales a nivel municipal y regional.

Las comunidades somos conscientes del largo caminar que nos espera en este proceso, pues las necesidades y carencias son demasiadas. Sin embargo, esperamos no lejanamente el día en que contemos con servicios médicos integrales y eficientes; niños, niñas y jóvenes con una educación de calidad; infraestructura vial para la comercialización de todo aquello que producimos; la recuperación y reconstrucción de la memoria histórica y del tejido social; el fin de la persecución ilegítima contra el minero artesanal y de la estigmatización del campesinado y la garantía de la protección del medio ambiente y los ecosistemas. Concretamente, todo esto se traduce en el goce efectivo de una vida digna para todos y todas.

Reiteramos la defensa de la figura jurídica de la Zona de Reserva Campesina como el único instrumento que nos ha ofrecido la legislación actual para proteger nuestro territorio y a las comunidades asentadas en él, en medio de un conflicto social y armado, pero también como la única herramienta que nos permite exigirle al Estado colombiano el cumplimiento de sus deberes y obligaciones frente a la garantía integral de los derechos en sus múltiples dimensiones. Frente a esto, hacemos un llamado público a la administración municipal a hacer presencia en este espacio con el fin de conocer de primera mano las exigencias y peticiones que hacemos las comunidades organizadas del nordeste antioqueño.

Mesa Comunal por la Vida Digna- Remedios

Denuncian que Gobierno colombiano incumple acuerdos con caficultores

 Colarebo.org

El acuerdo logrado entre el Gobierno y los caficultores el pasado 8 de marzo, contempla un subsidio de 145 mil pesos (80 dólares) por cada carga de 125 kilos, un incremento del 141 por ciento en comparación con los 60 mil pesos (33 dólares) que venía pagando el Gobierno.El senador colombiano, Carlos Alberto Baena, denunció este lunes que el Gobierno de su país ha incumplido el acuerdo suscrito con los caficultores a inicios de marzo para poder poner fin al paro que mantenía esta sector en reclamo a mejoras laborales.

Según Baena, el Gobierno no cumple con lo pactado con el sector, al exigirle a los caficultores la cédula cafetera para poderles pagar el subsidio de Protección del Ingreso Cafetero (PIC).

El senador recordó que en el pacto “el gobierno nacional se compromete a crear el mecanismo que garantice el pago total del PIC al caficultor en el momento de la venta del café”.

Añadió que este ”incentivo se podrá pagar a través de la cédula cafetera, tarjeta cafetera, o por medio de una cuenta de ahorros o un cheque del Banco Agrario de Colombia. En todo caso se seguirá haciendo el registro de la factura”.

Ante esto, Baena explicó que ”el Gobierno Nacional diseñará en el término de dos meses un nuevo sistema de pagos con su debida transición. Este sistema de pago deberá contar en todo caso con un control efectivo que evite posibles desviaciones de los recursos públicos”.

Sin embargo, detalló el senador, para tener cédula cafetera, es necesario tener mil 500 árboles de café y estar registrado en el Sistema de Información Cafetera (SICA).

Debido a que los pequeños cafeteros no cumplen con estos requisitos no han podido acceder a los beneficios de la Protección del Ingreso Cafetero (PIC) que les proporcionaría 14 mil 500 pesos (casi ocho dólares) por arroba de café.

Sobre esto, Baena especificó que el departamento de Risalda (centro – oeste) de cerca de 20 mil cafeteros que hay registrados en el Comité Departamental de Cafeteros solo 11 mil poseen la Cédula cafetera.

El acuerdo logrado entre el Gobierno y los caficultores el pasado 8 de marzo, contempla un subsidio de 145 mil pesos (80 dólares) por cada carga de 125 kilos, un incremento del 141 por ciento en comparación con los 60 mil pesos (33 dólares) que venía pagando el Gobierno.

Con este arreglo (que supera en casi el 50 por ciento uno que se había alcanzado con los empresario del sector, y que fue rechazado inmediatamente por los huelguistas, los productores de café recibirán en total 665 mil pesos (367,8 dólares) por carga.