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| "Custodiando" a los campesinos sentirán que hacen Patria... |
Acción
cívico - militar de la Alcaldía de Tierralta infringe el principio de
distinción y pone en riesgo a comunidades del Corregimiento de Crucito
/ Martes 16 de abril de 2013
La Asociación Campesina para el desarrollo del Alto
Sinú – ASODECAS- y la Coordinación Agrominera del Noroccidente y del Magdalena
Medio Colombiano, de la cual hacen parte: la Asociación Campesina del Valle del
Río Cimitarra, Asociación Campesina del Norte de Antioquia, Asociación
Campesina del Bajo Cauca Antioqueño, Asociación Campesina de Ituango, Consejo
Mayor Comunitario del Porce IV, Asociación Campesina de San Jose de Apartado,
Asociación de Hermandades Agroecológicas y Mineras de Guamoco, la Corporación
de Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño y la
Asociación Campesina para el Desarrollo del Sur de Córdoba:
Denunciamos públicamente la violación al principio
de distinción y la consecuente infracción al Derecho Internacional Humanitario
– DIH, de la que es responsable la Alcaldía de Tierralta (Córdoba) junto con
las Unidades de las Fuerzas Militares, con las que se organizo y se convoca a:
“una jornada cívico militar en el CORREGIMIENTO DE CRUCITO, a llevarse a cabo
el día 26 de abril de 2013” .
Desde el pasado martes 9 de abril circulo en zona
rural de Tierralta una comunicación suscrita por la Secretaria de Gobierno y
Desarrollo Comunitario (e) ROCIO ELENA JIMENEZ DIAZ, donde cita a una reunión
preparatoria el 12 de abril de 2013 en las instalaciones del Concejo Municipal,
con el fin de organizar una jornada cívico militar en el Corregimiento de
Crucito a finales de abril , para las fechas en que se ha programado la
realización de una Acción Humanitaria en este mismo Corregimiento.
Cabe destacar que la Acción humanitaria, tiene como
antecedentes una gira inicial de carácter promocional y de construcción
colectiva y consensuada de la propuesta de Acción Humanitaria con las
comunidades del territorio, llevada a cabo en el mes de Febrero del presente
año, en aras a que dicha actividad cuente con la participación activa del
liderazgo y compromiso comunitario de los y las habitantes de la región del
Alto Sinú. Para lo cual se buscaron previamente espacios de interlocución con las
autoridades de gobierno del nivel municipal e instituciones del Estado,
garantes de derechos (Defensoría del Pueblo), quienes a su vez oficiaron a la
fuerza pública solicitando garantías para el respeto a la vida, libertad e
integridad de las personas que realizaron dicha gira.
Posteriormente y en la misma dirección, se realizó
en el mes de Marzo, una segunda gira igualmente informada a los entes Estatales
y gubernamentales, cuyo propósito fue continuar avanzando en la propuesta de la
acción humanitaria. Lo que da cuenta de que dicha actividad, fechas de
programación y objetivos han sido de conocimiento pleno de las autoridades del
orden municipal desde el mes de febrero hasta la fecha.
ANTECEDENTES
Desde la implementación del Plan Nacional de
Consolidación territorial en 2009, su reformulación en 2011 y la creación de la
Fuerza de Tarea Conjunta Nudo de Paramillo en 2009, en el corregimiento de
Crucito, se han incrementado sostenidamente las acciones de estigmatización y
amenaza contra la población civil por parte de integrantes de la Fuerza
Pública, funcionarios públicos del nivel local y agentes del Ministerio
Publico, señalando a la población campesina y sus organizaciones, de ser
auxiliadores de la guerrilla o asimilando a las familias cultivadoras de cultivos
de uso ilícito con narcotraficantes o combatientes participantes de las
hostilidades; situación que ha determinado el desplazamiento forzado, el
confinamiento y el miedo en las comunidades rurales de este municipio,
Aunado esto, el grave teatro de guerra y
operaciones en el que la presencia activa de todos los actores armados
(Ejército Nacional, Guerrilla de las FARC y grupos paramilitares, operando bajo
el nombre de Águilas Negras), han convertido el corregimiento de Crucito, en un
escenario de permanentes enfrentamientos, de ocurrencia de homicidios de
campesinos en abril y octubre de 2012, desplazamientos masivos, luego de estos
asesinatos y de señalamientos como el que hicieran soldados en contra del
Presidente de la Junta de Acción Comunal de El Venado.
Este constante desconocimiento del deber de
distinguir en todo momento entre la población civil y los combatientes, llevo a
que el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo en la nota de
seguimiento No 003-13 del 22 de marzo de 2013 , alertara sobre el riesgo que
existe para la comunidad campesina de Crucito de ser víctimas de: “violaciones
a sus derechos por conductas tales como amenazas de muerte, desaparición
forzada, homicidios selectivos o de configuración múltiple, desplazamiento
forzado, reclutamiento forzado, combates con interposición de población,
violencia sexual (actos sexuales abusivos, etc) y restricciones a la libertad
de circulación” con ocasión a: “la confrontación entre la guerrilla y la fuerza
pública”, y recomendará al Ministerio de Defensa Nacional: “Aplicar de manera
estricta el principio de distinción establecido por el DIH”.
Por todo lo anterior, rechazamos de manera enfática
la organización y realización de las Acciones Cívico – Militares, que
evidencian el carácter violatorio del DIH, al vincular la población civil con
actores armados participantes de las hostilidades.
Ubicamos al Estado como responsable de las posibles
graves violaciones a los Derechos Humanos que ocurran en contra de la población
civil de este corregimiento, por un lado posterior a la realización de la
Acción Cívico Militar, dado el desconocimiento del principio de distinción ya
señalado y por otro lado en la medida en que antes, durante y después de la
Acción Humanitaria se exacerben los señalamientos y la estigmatización contra
la población civil, poniendo en alto riesgo y alta vulnerabilidad a la
población vinculada con procesos organizativos o que participen de dicha
actividad.
SOLICITUDES
Solicitamos a las organizaciones sociales,
defensoras de los derechos humanos, de victimas, a la Oficina en Colombia del
Alto Comisionado de los Derechos Humanos, a la Defensoría del Pueblo se
solidaricen con esta denuncia y pongan en conocimiento del Presidente de la
República de Colombia los hechos en ella incorporados con las peticiones más
adelante señaladas.
De la misma manera solicitamos a las siguientes
autoridades de manera urgente e inmediata tomen las siguientes acciones:
Medellín, 15 de abril de 2013
