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por
Comunidad de Paz de San José de Apartadó
Lunes,
28 de Enero de 2013
El
Ministerio de Defensa por tercera vez se niega a acatar la Sentencia T-1025 de
2007 y, afirma tajantemente que no entregará los nombres de militares y
policías que estaban presentes en las fechas, sitios y horas en que fueron
perpetrados los crímenes.
Difícil
entenderlo. Mientras varias instituciones del Estado comienzan a tomar medidas
para acatar el Auto 164/12 de la Corte Constitucional, mediante el cual
reconoce que la Sentencia T-1025 de 2007 en favor de nuestra Comunidad de Paz y
en la cual esa alta corporación tomó medidas drásticas para intentar poner fin
a los crímenes de lesa humanidad de agentes directos e indirectos del Estado
contra los integrantes de nuestra Comunidad y contra la población de nuestro
entorno y para superar la escandalosa impunidad que los cobijaba, no habían
surtido efecto, por lo cual ordenó ahora nuevas medidas perentorias, otras
instituciones del Estado se empecinan en continuar la agresión criminal contra
nuestra Comunidad de Paz, con desvergonzado cinismo y prepotencia, desafiando
al “otro YO” de su Estado.
Por una parte, el Ministerio de
Defensa por tercera vez se niega a acatar la Sentencia T-1025 de 2007 y, en
abierto desafío a la más alta Corte del Estado, afirma tajantemente que no
entregará los nombres de militares y policías que estaban presentes en las
fechas, sitios y horas en que fueron perpetrados los crímenes. La Corte en
dicha sentencia (T-1025/07) les ordenó entregar esos nombres y sostuvo que las
víctimas teníamos pleno derecho a conocerlos porque además el desempeño de su
oficio es público y deben portar públicamente su identificación, lo cual no
hacen. En efecto, en dicha Sentencia La Corte condenó la negativa del
Ministerio de Defensa a entregar dichos nombres porque ello “comporta una afectación extrema del derecho a
acceder a la información, con lo cual se obstaculiza también la realización del
derecho de las víctimas a lograr la verdad, la justicia y la reparación, y una
garantía de no repetición de los hechos que los afectan. Es decir,
independientemente de si son inocentes los agentes de la Fuerza Pública cuyos
nombres se solicitan, las víctimas tienen el derecho de indagar sobre las
circunstancias y los presuntos autores de los delitos y ello significa que
pueden acceder a los nombres de los agentes que ellos consideran que pueden
estar implicados”. La Corte añadía que “la determinación del Ministerio de Defensa hace inoperante en este
caso el derecho ciudadano a acceder a la información que reposa en las
instituciones del Estado” y explica que “la reserva de las investigaciones no se aplica a
los nombres de los investigados sino a las diligencias practicadas”
y que en el caso de los miembros de la Fuerza Pública “desde el mismo diseño de los uniformes de la Fuerza
Pública se parte de la base de que los nombres de sus agentes deben ser visibles
y reconocibles para los ciudadanos. Esto significa que la actividad cotidiana
de los miembros de la Fuerza Pública entraña que sus identidades sean
conocidas, tal como lo solicita el actor de la presente tutela”.
¿Cómo puede un Presidente tolerar
como subalternos y representantes suyos en el Ministerio de Defensa a quienes
de manera tan desafiante desacatan las decisiones de la más alta Corte del
Estado? ¿Es esta una actitud respetuosa de la Constitución que juró defender
ante el país? Es evidente que no.
Ahora la Corte Constitucional le
ordena al Gobierno retractarse de las infames calumnias que el Presidente
anterior profirió contra nuestra Comunidad de Paz, calumnias que consagraron un
estigma de consecuencias fatales que se ha prolongado por 9 años y en el cual
se han apoyado la fuerza pública, el poder judicial y los medios masivos de
comunicación nacionales e internacionales para arruinar nuestro buen nombre y
para justificar todo tipo de crímenes contra nosotros. Le ordena también la
Corte a la Fiscalía constituir una Comisión de Evaluación de la Justicia para
examinar por qué la impunidad ha cobijado más de 2000 crímenes horrendos que
nos han destruido y por qué el aparato judicial ha pisoteado todos los
principios rectores de la administración de justicia. Al mismo tiempo le ordena
revisar los criterios de presencia y acción de la Fuerza Pública en nuestras
espacios de vida y trabajo, presencia que hasta ahora ha desconocido numerosas
normas de la misma Corte Constitucional y ha creado un escenario permanente de
criminalidad, y finalmente ordena a todas las autoridades nacionales,
regionales y locales acordar medidas para detener la agresión permanente contra
nuestra Comunidad de Paz y establecer canales y estrategias de no repetición de
los crímenes y de protección de nuestros derechos elementales.
¿Acatará el Gobierno estas órdenes
perentorias de la más alta Corte del Estado o se las arreglará para no
acatarlas, como ha hecho con el núcleo de la Sentencia T-1025, cuyo
incumplimiento motivó justamente el Auto 164/12 que acaba de ser emitido por la
Corte Constitucional?
Y mientras el Gobierno, a través del
Ministerio de Defensa, confirma en forma desafiante y prepotente que no acatará
la Sentencia T-1025/07, otros funcionarios del Gobierno afirman que se disponen
a acatar el Auto 164/12. ¿Hay dos Estados que se contradicen entre sí? ¿Hay dos
identidades del Estado [dos “Yo” estatales] incompatibles entre sí, cada uno de
los cuales niega la existencia del otro “Yo”?
No hay duda de que estamos en presencia
de una esquizofrenia estatal exacerbada y extrema.
Y lo más terrible de esa
esquizofrenia es que mientras el Gobierno central le da parte al país y a la
comunidad internacional de avances en el respeto a los derechos humanos, al
mismo tiempo desatiende los clamores para que controle a sus subalternos que
continúan perpetrando crímenes.
Nuestra Comunidad deja nuevamente
constancia ante el país y el mundo de los nuevos hechos criminales de agentes
directos e indirectos del Estado:
· El jueves 17 de enero de
2013, en horas de la tarde, una avioneta sobrevoló el
asentamiento de nuestra Comunidad de Paz en la vereda La Resbalosa y procedió a
fumigar los cultivos que sirven para supervivencia de la Comunidad, como el
fríjol, el maíz, el arroz y el cacao orgánico que hemos venido cultivando en
esa zona y que ha sido certificado como cultivo orgánico para la pequeña
comercialización que nos sustenta.
· El mismo
jueves
17 de enero de 2013, un grupo de paramilitares fuertemente
armado ingresó a la vereda El Manso del municipio de Tierralta, Córdoba, sitio
aledaño a algunos de nuestros asentamientos, y allí, con lista en mano,
procedieron a privar de su libertad a varios civiles. Según informaciones
procedentes de los campesinos de la zona, 6 personas fueron detenidas
desaparecidas sin que hasta el momento se tenga noticias de ellas. El mismo
día, un campesino de la zona, de nombre CLIMACO PITALÚA, fue golpeado por los
paramilitares.
· El lunes 21 de enero de
2013, hacia las 15:00 horas, en la vereda Rodoxalí, de San
José de Apartadó, un campesino de nombre ISMAEL ANGEL MOLINA CORREA de
aproximadamente 69 años, pisó un artefacto explosivo mientras se encontraba
realizando labores agrícolas en su finca, hecho que le costó la vida. Según
informes de los campesinos de la zona, un grupo de paramilitares ha estado
realizando operativos y patrullajes en la zona.
· El martes 22 de enero de
2013, hacia las 2:00 horas, se escucharon disparos en la
base militar instalada en el caserío de San José de Apartadó. Más tarde los
medios de información hablaron de un combate entre la guerrilla y la fuerza
pública. Antecedentes de las últimas semanas y meses muestran que el ejército
dispara sin que haya presencia de la insurgencia, con otros fines. La presencia
de puestos de la Policía y del Ejército en medio de la población civil
contradice numerosas normas de la Corte Constitucional, particularmente en
zonas de conflicto como lo es el casco urbano de San José, el cual, justamente
desde su militarización extrema a partir de abril de 2005, ha atraído a las
fuerzas beligerantes e incentivado los enfrentamientos armados cobrando
numerosas víctimas en la población civil.
· El viernes 25 de enero de
2013, hacia las 21:00 horas, un contingente de
paramilitares ingresó a la vereda La Cristalina donde amenazaron e insultaron a
varias familias, incluyendo a varios niños. Entre los paramilitares que
llegaron se encontraban los hermanos ALBEIRO y LUBÍN Cardona Borja, oriundos de
esa zona y quienes se habían entregado al Ejército en 2005, participando en una
masacre de 6 jóvenes en diciembre de 2005 por lo cual el Ejército les pagó 4
millones de pesos por cada vida destruida; desde entonces se movilizan con
tropas del Ejército y en esta ocasión recordaron que hacía un año exactamente,
en enero de 2012, habían estado allí mismo con las tropas oficiales. La
presencia de estos y de otros civiles entre las tropas armadas, revelan la
persistencia del paramilitarismo en la región, pues se trata de civiles
ilegalmente reclutados y domiciliados en establecimientos militares para
realizar operativos armados absolutamente ilegales. Dichos agentes ilegales del
Estado privaron de su libertad y agredieron con violencia ese día, allí en La
Cristalina, a WILLIAM CARDONA y a ALFREDYZ RIVAS BORJA. Este último ha sufrido
montajes judiciales y graves agresiones por parte de agentes del Estado y la
mayoría de los miembros de su familia han sido asesinados por agentes del
Estado.
· El sábado 26 de enero de
2013, hacia la 1:00 de la madrugada, el grupo paramilitar
que había llegado a la vereda La Cristalina el día anterior, ingresó a la
vivienda de un miembro del Consejo Interno de la Comunidad de Paz. Le
preguntaron si todavía la Comunidad de Paz estaba en el asentamiento de San
Josesito y exigían se les dieran los nombres de los líderes de la Zona
Humanitaria de La Cristalina. Según informaciones de campesinos a escasos 20
minutos se encuentra las tropas militares del ejército nacional.
Desde hace 16 años la Presidencia de
la República tiene toda la información detallada de todos estos actos
criminales pero ha preferido tolerar todo el comportamiento de sus subalternos
y aún premiarlos con la ausencia de toda medida sancionatoria o correctiva.
Nuestra más enérgica condena moral frente a tal comportamiento.
Agradecemos nuevamente a todas las
comunidades y personas que en muchos lugares del mundo siguen de cerca nuestro
caminar y nos apoyan con su fuerza moral.
Comunidad de Paz de San José de
Apartadó
Enero 27 de 2013
