Seguimientos contra dirigentes de Ascamcat en Curimaní, Cesar

Los seguimientos se produjeron durante un evento de socialización de Zonas de Reserva Campesina

Asociación Campesina del Catatumbo / Martes 14 de mayo de 2013

El pasado día 2 de Mayo se llevó a cabo el evento de socialización sobre las Zonas de Reserva Campesina en Colombia, realizado en Curumaní, Cesar, y en el que la Asociación Campesina del Catatumbo participaba como ponente.

El Capitán Jhon Freddy Ruiz del Batallón Especial Energético y Vial número 3 (BAEEV3), en el marco de ese evento, ha realizado preguntas sobre nuestra compañera Elizabeth Pabón a diferentes asistentes al evento, para saber su identidad y conocer si ASCAMCAT va a estar participando y asesorando la futura Zona de Reserva Campesina del Cesar, que cuenta con el apoyo estatal.

El Capitán venía acompañado de tres personas vestidas de civil que en ningún momento se identificaron como miembros de la policía o del ejército nacional.

Cuando nuestra compañera se dirigía al hotel donde se llevaba a cabo el evento, en horas de la tarde, se percató de que dos de esas personas que acompañaban al Capitán, la venían siguiendo durante buena parte del recorrido.

Desconocemos quienes son estas personas, como también desconocemos cuales eran las intenciones, aunque creemos firmemente que se trata de un nuevo episodio de hostigamiento y amedrantamiento contra nuestra organización. No sabemos si por parte de grupos paramilitares, por parte de la fuerza pública o por parte de ambos en cooperación.

Por otra parte, en el hotel en que la compañera se hospedaba por razones de seguridad, le fué solicitada una fotocopia de la cédula para poder tener acceso a la pieza. Esta situación pone en grave peligro la integridad de la compañera y, a la vez, es ilegal.

Queremos mostrar nuestra preocupación por este tipo de acciones, ya que son peligrosas porque podrían ser utilizadas para investigaciones que llevaran a montajes judiciales, de los que nuestra organización viene siendo objeto continuamente.

Exigimos al estado colombiano que respete la libertad de expresión y la actividad legítima y legal de nuestra organización y se abstenga de dar ordenes a la fuerza pública que pongan en vulnerabilidad a nuestros y nuestra compañeras. Exigimos que se abandone la estrategia para intimidar a nuestra y otras organizaciones, a través de hombres de civil que acompañan a la fuerza pública y que son práctica común en esa zona del país.

Responsabilizamos al estado colombiano de cualquier situación que afecte a la seguridad de la compañera Elizabeth Pabón, miembro de la directiva de ASCAMCAT, y de cualquier otro compañero o compañera de la organización, sea directivo o miembro de base.

Solicitamos, de la misma manera, a la comunidad internacional que esté atenta a la situación de seguridad de nuestra organización y traslade al estado colombiano sus preocupaciones en cuanto a la situación de Derechos Humanos en la región del Catatumbo y, concretamente, en lo que tiene que ver con ASCAMCAT.

Carta abierta a la dirigencia de la ACIN, el CRIC y a los pueblos indígenas

Señores voceros de la Asociación de cabildos indígenas del Norte del Cauca y el consejo regional indígena del Cauca. El Bloque Occidental Comandante Alfonso Cano de las FARC EP, en relación con los sucesos del 28 y el 29 de Abril de 2013 en San Francisco Toribio nos permitimos hacer las siguientes precisiones.

1.            Las FARC-EP desde su nacimiento ha estado comprometida con las luchas populares, incluida la justa y valerosa lucha indígena por la tierra, encarnada por importantes representantes de su etnia a lo largo de la historia, entre ellos José Gonzalo Sánchez, Manuel Quintín Lame, Eutiquio Timoté, Juan De la Cruz Perafán, Álvaro Ulcué Chocué y Avelino Ul, entre otros.

2.            Esta política está consagrada de la siguiente manera en el punto 6 del programa Agrario del movimiento guerrillero, firmado el 20 de Julio de 1964: "se protegerán las comunidades indígenas otorgándoles tierras auto suficientes para su desarrollo, devolviéndoles las que le han usurpado los latifundistas y modernizando sus sistemas de cultivo […] las comunidades indígenas gozaran de todos los beneficios de la reforma agraria revolucionaria. Al mismo tiempo se estabilizara la organización autónoma de las comunidades, respetando sus cabildos, sus formas de vida interna, su cultura, su lengua propia y sus formas de organización".

3.            Las políticas de las FARC EP en favor del pueblo colombiano guardan coherencia con los principios revolucionarios y con las conclusiones emanadas de nuestras conferencias y plenos del Estado Mayor Central, así como con las disposiciones y orientaciones del Secretariado Nacional. Rechazamos enfáticamente la calumniosa, pérfida y provocadora sindicación al Comandante Matías de estar desarrollado un "plan sistemático de exterminio físico y cultural del movimiento indígena colombiano. Nunca han respondido al capricho y querer de determinados comandantes, como lo sugiere el comunicado de la ACIN y CRIC leído el 29 de abril de 2013, con ocasión del juicio adelantado contra seis comuneros del resguardo de San Francisco.

4.            Nos mantenemos fieles a los principios del respeto a los intereses de las comunidades; a la defensa de los intereses de los pueblos indígenas, amenazados por la cultura mercantilista del capitalismo, por las políticas neoliberales promovidas por el Estado, por las trasnacionales que codician las riquezas de esos territorios; al rechazo al paramilitarismo; y a la confrontación de la fuerza pública, que viola los derechos humanos a los comuneros y comuneras, haciendo que organicen las redes de sapos, y sirve de avanzada de las multinacionales que tiene como mira el campo colombiano.

5.            Hoy como en todas las épocas, el movimiento popular, y en particular el movimiento indígena es traicionado por algunos de sus dirigentes que dejan de lado el sentir y las aspiraciones de las comunidades humildes, para plegarse al Estado, adquiriendo compromisos con organismos de seguridad y, en ocasiones, con el paramilitarismo. Es el caso del señor Alcibíades Ulcué quien, como ha sido de amplio conocimiento público, entregaba a los paramilitares dineros destinados a resolver los problemas de salud de las comunidades indígenas mientras estuvo presidiendo la dirección de la empresa de Salud de los pueblos indígenas (AIC). En la actualidad es quien facilita el reclutamiento de jóvenes y mayores NASA para vincularlos a la guerra como informantes del ejército en los territorios indígenas.

6.            Resultados de esta política es el "juicio" adelantados el 29 de Abril en el resguardo de San Francisco en contra de 6 comuneros indígenas y los pronunciamientos verbales y escritos hechos con ocasión del mismo. En el juzgamiento resultaron condenados a 40 años de cárcel 3 comuneros indígenas de manera injusta (sin pruebas y sin garantizarles plenamente el derecho a la defensa). Este veredicto emitido por un grupo minúsculo en una asamblea manipulada por la ACIN y la "amenaza" de detener a milicianos y guerrilleros para entregarlos al INPEC y hacer que purguen largas condenas en las cárceles del régimen, le mereció al señor Feliciano Valencia el reconocimiento y felicitación publica por parte del comandante de la 3 división del ejército. Justamente, el ejército y los organismos de inteligencia del Estado tienen en la actual dirigencia de la ACIN una eficaz avanzada contrainsurgente.

7.            Ante esta situación y el propósito expreso de los dirigentes de la ACIN de continuar con la requerida política de persecución a los revolucionarios, hemos dado la orden a todos los milicianos y guerrilleros de no dejarse capturar ni desarmar por las guardias indígenas. Hacemos desde ahora responsables de las consecuencias que acarreen los intentos de detención, juzgamiento y desarme a las dirigencias de la ACIN y el CRIC.

8.            Hacemos un llamado a las autoridades indígenas que aún les queda sensatez y no se han comprometido con los organismos de seguridad del Estado, a que reflexionen en bien de las comunidades y asuman posiciones consecuentes con sus intereses, dejando de lado el discurso y la actitud belicista y macartista contra sus propios hermanos, y buscando la unidad y el reconocimiento como sujetos de derecho a todos los comuneros NASA, para luchar mancomunadamente contra las injusticias de que han sido víctimas por quienes detentan el poder desde siglos.

9.            Reiteramos el respeto a los principios de unidad, territorio, cultura y autonomía; nos solidarizamos con las reivindicaciones de las comunidades indígenas; reafirmamos nuestra voluntad por atender y solucionar de manera dialogada las dificultades que se puedan presentar entre nosotros y la comunidad indígena.

10.          El conflicto armado colombiano tiene cobertura nacional, con raíces en la problemática social, y por tanto la solución del mismo debe ser también nacional. En consecuencia mientras el conflicto no se resuelva ni se cambien las estructuras económicas, el régimen político ni las políticas de despojo articuladas al modelo agro industrial y extractivo destinado a la exportación que tiene el gobierno para el campo colombiano, tampoco los indígenas, como ningún otro sector popular podrán resolver su problemática de forma estructural.

11.          Nuestra presencia no representa una amenaza para los intereses de los pueblos indígenas. La aplicación de las normas que rigen la actividad de los guerrilleros de la FARC protege a las comunidades indígenas, campesinas y afros. Mantenemos nuestro espíritu unitario y nuestra disposición de lograr acuerdos concertados porque estamos convencidos que es el pueblo el mayor afectado por los enfrentamientos entre organizaciones populares.

12.          Nuestra lucha armada es histórica y ha sido sostenida por la vinculación a nuestra organización de campesinos, indígenas, afros y mestizos; toda una amalgama de pueblo con su esfuerzo y sangre ha contribuido al logro de buena parte de las reivindicaciones del movimiento popular. Como forma de lucha asumida por el pueblo colombiano, y en particular por el pueblo NASA, debe ser respetada por quienes también se proclaman luchadores populares.

13.          Mantenemos nuestra disposición de dialogar con las autoridades indígenas que tengan legitimidad en sus bases, en un espíritu de mutuo respeto, con el objetivo de superar de manera concertada las contradicciones y de llegar a un acuerdo en relación con la humanización de la guerra.

Bloque Occidental Comandante Alfonso Cano

Compañías del Suroccidente Colombiano.

Mayo de 2013

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Publicado por AFP NOTICIAS para Agencia Fariana de Prensa - Frente Antonio Nariño el 5/13/2013 11:47:00 a.m.

Graves señalamientos y acusaciones de altos mandos militares contra líderesas de la Zona de Reserva Campesina de la Perla Amazónica

Los señalamientos también van contra las organizaciones de derechos humanos, entre ellas, a la Comisión de Justicia y Paz

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz / Domingo 12 de mayo de 2013

Graves señalamientos y acusaciones de altos mandos militares contra líderesas de las Zonas de Reserva Campesina y organizaciones de derechos humanos, entre ellas, a la Comisión de Justicia y Paz.

El pasado lunes 6 de mayo en reunión del Comité de Justicia Transicional en Puerto Asís para analizar el tema del desplazamiento de las 43 familias y 103 personas de los caseríos la Frontera y La Piña de la Zona de Reserva Campesina, ZRC, de la Perla Amazónica.

El coronel Ramírez afirmó: “ (…) nosotros no estamos lanzando cualquier explosivo hechizo, por el contrario estamos disparando las armas de la República del ejército nacional (…) no estamos haciendo ninguna infracción al Derecho Internacional Humanitario ni a ningún protocolo ni a ningún convenio ya que estamos defendiendo a la patria como derecho constitucional (…) no se dejen embolatar con el cuento de los guerrilleros (…) nosotros preguntamos sobre la ubicación de estos y de donde ponen las minas y enseguida nos dirigimos hacia el lugar donde la gente señalan que están (…) si no es con tiros de artillería por avionetas ubicamos el blanco y disparamos (...) si me voy a la cárcel, me voy orgulloso”

Los efectivos regulares de la brigada 27 de Selva agregaron que las operaciones militares van a seguir y que el ejército no ha fallado ni en un solo tiro de artillería.

El Subintendente Mendoza Flórez confirmó que los explosivos lanzados son tiros de artillería con granadas, "nunca se dispara sin un objetivo claro”

La tergiversación y acusaciones se realizaron en medio de delegados de comunidades de la ZRC, organismos humanitarios, Defensoría del Pueblo y Personería.

De acuerdo con el informe de la Secretaría de Salud, municipio de Puerto Asís, presentado en la reunión, la condición de las familias desplazadas están afectadas por infecciones intestinales y respiratorias agudas, rinofaringitis, entre otras enfermedades.

El día jueves en horas de la mañana el coronel Ramírez convocó a una rueda de prensa, afirmando que sabía quiénes están detrás de las comunidades campesinas, insinuando que es la organización con la guerrilla de las FARC.

El regular sostuvo que no se han registrado afectaciones en blancos civiles, desconociendo la verificación realizada por ADISPA y nuestra Comisión de Justicia y Paz.

Ramírez señaló falsamente que las ONG de derechos humanos no denuncian las acciones de la insurgencia.

Mientras las fuerzas militares estigmatizan, acusan sin fundamento, confunden y defienden sus operaciones que desconocen el principio de precaución, los desplazados continúan sin respuesta humanitaria.

Brigada 27 Selva retiene de manera arbitraria y recluta a joven de la Zona de Reserva Campesina de la Perla Amazónica

Criminales de Brigadas Selva en búsqueda de
"blanco móvil"...

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz / Domingo 12 de mayo de 2013

Ayer el joven campesino Deison Javier Rodríguez Cardozo, integrante de los procesos formativos y organizativos de la Zona de Reserva Campesina de la Perla Amazónica, fue retenido de manera arbitraria por efectivos regulares de la brigada 27 de Selva a la altura del corregimiento de Santa Ana, Puerto Asís.

Los regulares solicitaron al joven su documento de identidad, al constatar que Deison cuenta con la mayoría de edad, fue retenido y trasladado a la base militar de la brigada 27 ubicada en Santa Ana.

Pese a la reiterada negación del joven campesino para no ser obligado a prestar el servicio militar, los regulares lo llevaron a la guarnición militar donde paso toda la noche. Desde ayer el joven ha sido sometido a tortura psicológica por parte de un dragoneante, el regular en tono amenazante afirma que a todos los llorones y problemáticos que se nieguen a prestar servicio militar se los llevaran para matarlos.

En el día de hoy será trasladado arbitrariamente a las instalaciones militares ubicadas en el municipio de Villagarzón para ser incorporado a las filas castrenses.

Acción humanitaria en Tierralta, Córdoba

La Marcha TV

Agencia Prensa Rural / Viernes 10 de mayo de 2013

Además, mortandad de peces en Sabana de Torres.

http://youtu.be/NTd3WEKHzr4

Violaciones a los derechos humanos en el corregimiento de Crucito, municipio de Tierralta, Córdoba

Cahucopana / Viernes 10 de mayo de 2013

El grupo conformado por las delegadas y delegados de las organizaciones de Derechos Humanos Coordinación Colombia Europa-Estados Unidos –CCEEU- Nodo Antioquia, Corporación Reiniciar, Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra, Fundación Sumapaz, Fundación Manduco, Aheramigua y Corporación Jurídica Yira Castro, recibimos alrededor de 100 denuncias que evidencian la grave situación de derechos humanos que padece la comunidad campesina del municipio de Tierralta, enmarcada en:

1. Graves infracciones al DIH. Bombardeos y ametrallamientos efectuados por miembros de la fuerza pública en bienes civiles, generan temor y zozobra en la comunidad campesina e indígena. La fuerte militarización de la región limita el ejercicio de los derechos fundamentales de la población civil y alienta prácticas de abuso de autoridad por parte de los miembros de la Brigada Móvil XXIV, entre ellos el permanente bloqueo económico, alimentario y sanitario, el empadronamiento de la población, la presencia de tropa dentro de los casos urbanos, las retenciones arbitrarias e incluso judicializaciones ilegales y la estigmatización a los procesos organizativos comunitarios y en particular de sus líderes.

2. Vulneración de los derechos de las víctimas del conflicto armado. Además de constatar un número amplio de familias víctimas de hechos relacionados con el conflicto (desplazamiento forzado, desaparición forzada, asesinatos, entre otros), ellas no han accedido a los mecanismos de justicia existentes ni han sido reparadas. El organismo de control en la región (Personería) ha obstaculizado el acceso de las víctimas a dichas garantías, negándose a recepcionar las denuncias, dando trámite deficiente a las mismas, postergando indefinidamente la atención o intervención solicitada. Las víctimas de desplazamiento forzado carecen de la asistencia humanitaria establecida en la ley, y el conjunto de víctimas desconoce los procedimientos para acceder a procesos de reparación administrativa, lo que se traduce en su vulneración.

3. Situación de Derechos Económicos Sociales y Culturales. A 15 años de la construcción de la Hidroeléctrica de Urrá en los territorios campesinos e indígenas, no se ha garantizado para ellos el suministro de agua potable y luz eléctrica para sus viviendas y establecimientos comerciales. Esta debe obtenerse a través de motobombas que demandan gasolina, la que es objeto de fuerte control por parte del ejército nacional. Las comunidades adolecen de servicios de salud, pues no se cuenta con centros médicos ni se han realizado brigadas de salud en los últimos años. A esto se suma el bloque sanitario ya denunciado. La vulneración al derecho a la educación de los niños y niñas se manifiesta en la ausencia de docentes en las escuelas rurales. Por ejemplo, hace más de un año, no se han nombrado los profesores de la escuela del corregimiento de Crucito dejando a casi 600 niños sin educación básica primaria y menos secundaria.

4. Irregularidades durante el proceso de construcción de la Hidroeléctrica Urra 1. Un abundante número de denuncias dan cuenta de estafas y ventas irregulares, precedidas en muchos casos de amenazas de expropiación. Los derechos de propiedad de ocupantes y poseedores fueron desconocidos, viéndose forzados a ceder a la empresa sus terrenos sin contraprestación económica. Los alrededores de la represa fueron afectados con declaratoria de reserva forestal, (ley 2da) limitando la explotación de los recursos naturales que eran el sustento de la comunidad campesina que ha habitado esta zona por más de 40 años.

La empresa incumplió los compromisos asumidos con la comunidad en materia de reubicación, titulación, saneamiento, generación de ingresos, empleo, infraestructura y tratamiento ambiental a la represa. Con ello se ha afectado la economía campesina, los usos y costumbres comunitarios y el medio ambiente. El transporte fluvial a través de los ríos y dentro de la represa sufre particularmente los efectos de la ausencia de tratamiento ambiental de las bocas de los ríos. Fuertes oleadas de sedimentos producen constantemente el volcamiento de las embarcaciones, causando en numerosos casos la muerte de sus ocupantes además de las pérdidas económicas generadas.

Nunca se investigó la relación existente entre la construcción de la hidroeléctrica, la expropiación de las tierras a los habitantes históricos de las mismas (colonos e indígenas) y el accionar paramilitar en el mismo periodo de tiempo.

Propuesta

Ante esta realidad, la comisión propone la elaboración de un informe que dé cuenta de esta situación y la ilustre a través de las denuncias recibidas.

Dar trámite de dicho informe a todas las autoridades competentes (Ministerio de Defensa, Interior, Ambiente, Agricultura, entre otros, Fiscalía y Organismos de Control) y organismos nacionales e internacionales de promoción y protección de derechos humanos.

Hacer seguimiento de estas denuncias de la mano de ASODECAS.

Demandar ante la Mesa Nacional de garantías, la protección del proceso campesino ASODECAS y de la comunidad afectada por el megaproyecto de Urra.

Concertar con la comunidad y sus líderes, procesos de acompañamiento y asesoría permanente a esta comunidad.

La movilización de paperos y cultivadores de tierra fría: una batalla por la soberanía.

Paperos colombianos en lucha por la soberanía
alimentaria

por Luis Horacio Eslava, Tunja

Desde el día de ayer, 7 de mayo de 2013, se movilizan miles de cultivadores de papa de los departamentos de Cundinamarca, Nariño, y Boyacá. En esta oportunidad marchan junto a productores de otros cultivos de tierra fría y se concentran en los sitios previamente definidos por los comités municipales y veredales para exigir del Gobierno Nacional la solución a sus reclamos.

Campesinos | Boyacá |

Un grupo numeroso de campesinos marcharon por la carrera séptima desde la Plaza de Toros hasta la Plaza de Bolívar en Bogotá; llevan sus “armas de trabajo” (azadones, picas y herramientas) en la “desmovilización campesina”.

Las entregaron al Presidente de la República junto con sus reclamos, reclamos de décadas que los gobiernos han desoído y despreciado. Otros miles se concentraron cerca a sus sitios de trabajo, en lugares previamente definidos por comités municipales, para respaldar a sus compañeros en la capital, quienes actúan como voceros y negociadores de sus exigencias.

La crisis de los cultivadores es profunda. Producen a pérdida, en ciclos repetitivos de bajos precios, azotados por las importaciones, los altos precios de los insumos y el exagerado costo de los fletes, producto del incremento constante de los combustibles. Del costo total de producción, el 26% se les va en el transporte de lo que producen y cuando llegan a sus sitios de mercadeo se encuentran con papa importada gracias a los Tratados de Libre Comercio (TLC) y papa de contrabando que ingresa a raudales por el bajo precio del dólar. Los insumos que requieren, sobre todo fertilizantes y agroquímicos suben y suben de precio pues son producidos por monopolios extranjeros y hace décadas que el Estado colombiano renunció a producirlos.

Deponen sus “armas” para exigir un precio base de sustentación que incluya un subsidio para los fletes, el establecimiento de una “mesa de crédito” que busque distintas alternativas de alivio a las obligaciones bancarias incumplidas, la prohibición de las importaciones de papa, cebolla de bulbo y demás productos de clima frío. También reclaman acceso a la “mesa de control de precios de los insumos”, siguiendo el ejemplo de los cafeteros, arroceros, cacaoteros, expresando que están dispuestos a resistir junto a todo el campo colombiano.

Los campesinos y productores de clima frío se han agrupado en el “Movimiento por la dignidad papera y la soberanía alimentaria” y en él confluyen desde los más pobres hasta grandes empresarios nacionales. Todos a una reclaman, exigen y están dispuestos a llevar sobres sus hombros la defensa del campo colombiano arrasado por décadas, desde cuando la apertura económica les arruino sus cultivos de trigo y cebada, les depreció sus sembradíos y les sumió en la desesperanza.

Al grito de “no a las importaciones” defienden la soberanía alimentaria pues, un pueblo que no produce lo que consume depende de quienes lo producen. En últimas una batalla por la soberanía de nuestra nación. Que todos los respaldemos!!

El Esmad disipó los bloqueos de la vía que conduce hacia el norte de Caquetá.

Por Óscar Neira. Diario La Nación

La crisis educativa en el departamento tocó fondo. La decisión desesperada de los campesinos de acudir a las vías de hecho para presionar un acuerdo con la Gobernación de Caquetá, agudizó aún más la búsqueda de acuerdos que pongan punto final a la crisis.

Campesinos e indígenas de distintas regiones del departamento cumplieron su advertencia de bloquear las vías de acceso a Florencia si la Gobernación no concertaba una solución al pliego de 19 puntos presentado hace más de 15 días.

Durante más de cinco horas, centenares de marchistas permanecieron en dos puntos de la vía hacia el norte de Caquetá, hasta que el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) disipó el bloqueo.

Entretanto, continúa la crisis educativa en el Caquetá. Por lo menos 10.000 niños y adolescentes no han comenzado el año lectivo 2013 y con la aplicación del Decreto 2355 continuarán los traslados de docentes para cumplir con la prerrogativa de que en una sola institución educativa no permanezcan docentes de contrato y directivos de planta.

Una guerra de comunicados precedió al enfrentamiento entre el Esmad y los campesinos. La Gobernación de Caquetá madrugó a sugerir que los campesinos “no estaban cualificados”. Por su parte, los campesinos madrugaron a advertir que responsabilizaban al gobernador por el uso desmedido de la fuerza.

“Lamenta el gobierno departamental que Coordosac se haya levantado de la mesa que transcurre lentamente por la inconstancia de sus participantes, que son más de 22 y en cada reunión adicionan o reemplazan diferentes personas, que en muchos casos plantean opiniones diferentes y evidencian su desconocimiento de los temas ya debatidos. Alguno de los invitados por Coordosac ha hostigado al equipo del Gobierno con anuncios discriminatorios y temerarios, instando a los voceros de Coordosac a levantarse de la mesa y a optar por iniciar acciones de hecho”, expresó el gobierno departamental.

Llamado a la calma

Por su parte, las comunidades hicieron un llamado para evitar afectaciones en contra de la integridad de los marchistas por el uso desmedido de la fuerza.

“Hacemos un llamado a las organizaciones defensoras de derechos humanos para que sigan de cerca la difícil situación por la que atraviesan las comunidades que protestan legítimamente. También para que vigilen la actitud represora del Esmad, fuerza enviada por un gobernador que no tiene autoridad, algo que también demuestran las encuestas nacionales que lo ubican en el último lugar, para cumplirles a las justas luchas campesinas porque sus asesores no caqueteños son quienes finalmente toman las decisiones”, aseguraron los campesinos.

Ayer se esperaba la anunciada visita de la viceministra de Educación, Roxana Segovia, pero finalmente la ruptura de los diálogos y la situación de orden público incidieron en que esta fuera cancelada. De igual manera, prevaleció la petición de los campesinos de que hiciera presencia la ministra María Fernanda Campo.

El pliego

Los campesinos e indígenas han presentado un pliego de 19 puntos, dentro de los cuales se incluyen una serie de peticiones que van desde la dignidad laboral de los docentes, el mejoramiento del bienestar de los estudiantes, hasta garantías para que los campesinos e indígenas no vayan a ser perseguidos por participar en la protesta.

Uno de los puntos que más ha generado desacuerdos es el que tiene que ver con el nombramiento de los docentes: “Nombramiento en propiedad de los docentes y administrativos en las zonas rurales del departamento y en las comunidades indígenas del municipio de San Vicente del Caguán”. En este punto, se llegó a un tímido acercamiento para buscar el compromiso de parte de la Gobernación para que adelante un estudio de planta docente y busque el aumento de la misma ante el Ministerio de Educación. Sin embargo, no hubo compromisos precisos.

Traslados

Los campesinos denunciaron que la administración departamental ha trasladado arbitrariamente a por lo menos 60 docentes de contrato, provisionalidad y planta, para permitir lo que plantea el decreto, en el sentido de que no deben permanecer contratados y de planta a la vez en una misma institución educativa.

Este punto fue planteado en el pliego de la siguiente manera: “Reversar el traslado arbitrario e inconsulto de los docentes, directivos docentes y administrativos vinculados por nombramiento en propiedad y nombramiento provisional”. En este aparte no se llegó a acuerdos por cuanto la Viceministra apoyó al Gobernador de Caquetá en el proceso de aplicación del Decreto 2355, que permite los traslados sin consultar a las comunidades o a los docentes.

A los campesinos les decomisaron los víveres que tenían para permanecer en Florencia.

El Ejército Nacional causa desplazamiento masivo en la Zona de Reserva Campesina de la Perla Amazónica

Granadas de mortero caen en cercanías de escuelas y viviendas campesinas 

Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina - Anzorc / Martes 7 de mayo de 2013

La Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc) denuncia los abusos contra la población civil por parte de unidades de la Brigada de Selva 27 en Putumayo, que vulneran los principios de distinción, precaución y de proporcionalidad consagrados en el Derecho Internacional Humanitario (DIH).

El lanzamientos de granadas de mortero desde la base militar ubicada en el Porvenir (Putumayo) donde opera la Brigada de Selva 27, ha generado el desplazamiento masivo de 50 familias campesinas provenientes de las veredas La Frontera, La Piña, Bocana del Cuembi y San Salvador.

Anzorc denuncia que dichos bombardeos indiscriminados están afectando a la población civil en particular a las familias de la Zona de Reserva Campesina (ZRC) de la Perla Amazónica, quienes se han desplazado al Espacio temporal humanitario, a orillas del río Cuembí.

La comunidad ha señalado que el objetivo de los bombardeos ha sido la población civil y no las Farc, como lo alega el Ejército. Los ataques se vienen presentando desde el 10 de abril de 2013, pero se han intensificado durante la primera semana mayo, profundizando la crisis humanitaria que vive esta región, ya que constantemente las granadas mortero caen muy cerca de las casas campesinas. Las familias han buscado refugio y tienen temor de regresar a sus casas, pues los bombardeos persisten y se escuchan desde la vereda aledaña donde se han desplazado.

Los niños y las niñas han sufrido especial afectación, algunos están presentando traumas por los sonidos de los bombardeos y a todos se les está negando el derecho a la educación, ya que las municiones lanzadas por el Ejército han caído a escasos 20 metros de sus escuelas y para no incrementar el riesgo no se están impartiendo las clases. Igualmente, la población campesina afectada denuncia que algunas municiones han quedado sin explotar, lo que sumado a los persistentes campos minados en todas las veredas, representa otro riesgo para los campesinos y campesinas que transitan por la zona.

A la fecha, al espacio humanitario donde se encuentran refugiadas las 50 familias solo han prestado asistencia y acompañamiento el Comité de la Cruz Roja Internacional y la Organización Acción contra el Hambre. A pesar de que se ha denunciado la situación por parte de Asociación de Desarrollo Integral Sostenible Perla Amazónica (Adispa) y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, ninguna institución estatal ha hecho presencia o se ha pronunciado sobre la situación.

Ante los persistentes ataques desproporcionados por parte del Ejército Nacional, el caso será elevado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), teniendo en cuenta que las operaciones militares ejecutadas desde la Brigada de Selva 27 no tienen un blanco legítimo y por el contrario han generado desplazamiento y otras afectaciones a cerca de 50 familias campesinas, así como la falta de respuesta estatal frente al desplazamiento y la ausencia de estrategias de prevención para evitar afectaciones a la población de la Zona de Reserva Campesina de la Perla Amazónica dentro del desarrollo de las hostilidades en el territorio.

En este sentido, Anzorc hace un llamado urgente al Estado colombiano para que:

1-Cese de INMEDIATO el lanzamiento de granadas mortero desde la base militar ubicada en el Porvenir, Putumayo que están afectando gravemente a la población civil, ya que se trata de armas que desconocen los principios de distinción, precaución y de proporcionalidad que establece el DIH.

2-La Fuerza Pública respete los principios consagrados en el DIH, reconociendo la condición de civiles y personas protegidas que tienen los campesinos y campesinas de la Zona de Reserva de la Perla de la Amazonía.

3-La Defensoría del Pueblo, Personerías Municipales, Procuraduría General de la Nación y organizaciones defensoras de derechos humanos que se encuentran en la región, acompañen y brinden atención URGENTE a las 50 familias desplazadas que se encuentran refugiadas en Espacio temporal humanitario, brindando garantías de retorno.

4-Recuerde que los niños y niñas son sujetos especiales de protección así como las escuelas y centros educativos son bienes protegidos por DIH y por tanto se debe evitar cualquier acción que les afecte.

Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc) Proceso organizativo en el cuál convergen 50 organizaciones campesinas y procesos de ZRC de Colombia

Más información:

Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina de Colombia - Anzorc Dirección: Av Calle 19 # 3-10 Oficina 1102 Edificio Barichara Torre B. Bogotá Tel: 57+1-2810844 3103435667 / 3182551349/ 3204773751/ 3134853632

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Continúan los abusos de la fuerza pública contra el campesinado del Catatumbo

impecable "estado atlético" logrado en base a la
persecución popular: los Rambitos colombianos...

Asociación Campesina del Catatumbo 

 Viernes 3 de mayo de 2013

La Asociación Campesina del Catatumbo pone en conocimiento los sucesos que se dieron el pasado día 29 de Abril de 2013 a las diez y diez de la mañana en la finca bufalera, de ASCAMCAT, en la vereda La Cristalina, del municipio de Teorama.

Como ya es conocido, la Asociación Campesina del Catatumbo gracias al apoyo de la Asociación Campesina del Valle de río Cimitarra, que cedió desinteresadamente 80 cabezas de ganado, y gracias al PNUD, que brinda apoyo en la financiación, viene adelantando un proyecto de soberanía y seguridad alimentaria.

La finca en la que se encuentran los búfalos viene siendo objeto de hostigamiento, especialmente contra líderes de nuestra organización y administradores de la finca.

En esta ocasión, nuevamente la brigada móvil 23 del ejército Colombiano, incursionó nuevamente sin permiso a la finca, tomando fotos al compañero Fabio Cano, que trabaja con en ese lugar, y a varios menores de edad que se encontraban en el lugar. De la misma manera lo empadronaron contra su voluntad. Al recriminar ese procedimiento, los soldados respondieron que eran órdenes de sus superiores.

Por otro lado, el pasado lunes 24 de Abril de 2013 a las 7:30 de la mañana, en la vereda Campo Seis del municipio de Tibú se presentó un grave incidente de seguridad contra un miembro de base de nuestra organización.

Soldados de la Fuerza de Tarea Conjunta Vulcano, del ejército nacional, irrumpieron sin motivo en la finca del señor Luis Arsenio Durán Pérez. Habiendo llegado al rancho los soldados comenzaron a destruir las paredes de madera de la casa. Después se llevaron la fumigadora, que el campesino utiliza como medio de subsistencia, y otras pertenencias que encontraron en la casa. De la misma manera se llevaron un mercado valorado en unos 200 mil pesos.

El campesino, durante el atropello, exigió que no se llevaran sus cosas y que le devolvieran el mercado, a lo que los soldados contestaron que dejara de resistirse y reclamar sus pertenencias, porque si continuaba, lo capturarían. Finalmente lo obligaron a marcharse de su casa utilizando la fuerza. En estos momentos el campesino se encuentra en situación de desplazamiento forzado, junto con dos menores de 3 y 7 años respectivamente.

Recordamos que los empadronamientos forzados en el Catatumbo, se ha demostrado que fueron utilizados por el accionar del paramilitarismo con el beneplácito y la facilitación de la Fuerza Pública, dejando miles de muertos y desplazados. De la misma manera recordamos que es una práctica que viola los Derechos Humanos y está prohibida en Colombia.

ASCAMCAT exhorta a la Fuerza Pública a respetar las pertenencias de la población civil y reclama a los mandos de la Brigada XXX, FTC Vulcano y Brigada móvil 23 que se inicie una investigación y se sancione a los responsables de los continuos atropellos que se producen en el Catatumbo y de los cuales, los campesinos, estamos hartos.

Exigimos a la Fuerza Pública que abandone su estrategia de la zozobra contra el campesinado de nuestra región. Exigimos que se respete el principio de distinción, recogido en el Derecho Internacional Humanitario, y se deje de vincular al campesinado organizado con la insurgencia. Solicitamos de la misma manera, a la comunidad Internacional que esté atenta a la situación de orden público en el Catatumbo y, especialmente, de la Asociación Campesina del Catatumbo y sus líderes y base social. Pedimos que trasladen sus preocupaciones con respecto a nuestra seguridad al gobierno y estado Colombiano.

Estalla de nuevo el drama del desplazamiento forzado en pleno centro de la capital

Terrible drama de los desplazados,
a quienes  les arrancan raíces e historia

Noticia en desarrollo

Quinientos desplazados se tomaron esta madrugada el lote de "La Hoja" en Bogotá

Agencia Prensa Rural / Jueves 2 de mayo de 2013

Unos 500 desplazados, que residen en condiciones de pobreza y marginalidad en la ciudad de Bogotá, se tomaron esta madrugada, a las 4 a.m. el lote conocido como de "La Hoja", en la carrera 30 con calle 19, frente al lujoso centro comercial Calima.

Los desplazados provenientes del Meta, Tolima, Uraba, la costa Caribe y de otras regiones del país, exigen que se les solucione de manera inmediata el problema de vivienda.

Los desplazados de esta toma de tierras, que de nuevo dan a conocer el drama social en que viven a diario, ahora en pleno centro de la capital del país, dicen que no se retirarán de "La Hoja" sin una solución.

Este importante número de desplazados está organizado en la Coordinadora Nacional de Desplazados - CND y en la Asociación Nacional de Desplazados de Colombia - Andescol. El lote ocupado por los desplazados esta madrugada pertenece al distrito capital.