Cahucopana
/ Viernes 10 de mayo de 2013
El
grupo conformado por las delegadas y delegados de las organizaciones de
Derechos Humanos Coordinación Colombia Europa-Estados Unidos –CCEEU- Nodo
Antioquia, Corporación Reiniciar, Asociación Campesina del Valle del Río
Cimitarra, Fundación Sumapaz, Fundación Manduco, Aheramigua y Corporación
Jurídica Yira Castro, recibimos alrededor de 100 denuncias que evidencian la
grave situación de derechos humanos que padece la comunidad campesina del
municipio de Tierralta, enmarcada en:
1.
Graves infracciones al DIH. Bombardeos y ametrallamientos efectuados por
miembros de la fuerza pública en bienes civiles, generan temor y zozobra en la
comunidad campesina e indígena. La fuerte militarización de la región limita el
ejercicio de los derechos fundamentales de la población civil y alienta
prácticas de abuso de autoridad por parte de los miembros de la Brigada Móvil
XXIV, entre ellos el permanente bloqueo económico, alimentario y sanitario, el
empadronamiento de la población, la presencia de tropa dentro de los casos
urbanos, las retenciones arbitrarias e incluso judicializaciones ilegales y la
estigmatización a los procesos organizativos comunitarios y en particular de
sus líderes.
2.
Vulneración de los derechos de las víctimas del conflicto armado. Además de
constatar un número amplio de familias víctimas de hechos relacionados con el
conflicto (desplazamiento forzado, desaparición forzada, asesinatos, entre
otros), ellas no han accedido a los mecanismos de justicia existentes ni han
sido reparadas. El organismo de control en la región (Personería) ha
obstaculizado el acceso de las víctimas a dichas garantías, negándose a recepcionar
las denuncias, dando trámite deficiente a las mismas, postergando
indefinidamente la atención o intervención solicitada. Las víctimas de
desplazamiento forzado carecen de la asistencia humanitaria establecida en la
ley, y el conjunto de víctimas desconoce los procedimientos para acceder a
procesos de reparación administrativa, lo que se traduce en su vulneración.
3.
Situación de Derechos Económicos Sociales y Culturales. A 15 años de la
construcción de la Hidroeléctrica de Urrá en los territorios campesinos e
indígenas, no se ha garantizado para ellos el suministro de agua potable y luz
eléctrica para sus viviendas y establecimientos comerciales. Esta debe
obtenerse a través de motobombas que demandan gasolina, la que es objeto de
fuerte control por parte del ejército nacional. Las comunidades adolecen de
servicios de salud, pues no se cuenta con centros médicos ni se han realizado
brigadas de salud en los últimos años. A esto se suma el bloque sanitario ya
denunciado. La vulneración al derecho a la educación de los niños y niñas se
manifiesta en la ausencia de docentes en las escuelas rurales. Por ejemplo,
hace más de un año, no se han nombrado los profesores de la escuela del
corregimiento de Crucito dejando a casi 600 niños sin educación básica primaria
y menos secundaria.
4.
Irregularidades durante el proceso de construcción de la Hidroeléctrica Urra 1.
Un abundante número de denuncias dan cuenta de estafas y ventas irregulares,
precedidas en muchos casos de amenazas de expropiación. Los derechos de
propiedad de ocupantes y poseedores fueron desconocidos, viéndose forzados a
ceder a la empresa sus terrenos sin contraprestación económica. Los alrededores
de la represa fueron afectados con declaratoria de reserva forestal, (ley 2da)
limitando la explotación de los recursos naturales que eran el sustento de la
comunidad campesina que ha habitado esta zona por más de 40 años.
La
empresa incumplió los compromisos asumidos con la comunidad en materia de
reubicación, titulación, saneamiento, generación de ingresos, empleo,
infraestructura y tratamiento ambiental a la represa. Con ello se ha afectado
la economía campesina, los usos y costumbres comunitarios y el medio ambiente.
El transporte fluvial a través de los ríos y dentro de la represa sufre
particularmente los efectos de la ausencia de tratamiento ambiental de las
bocas de los ríos. Fuertes oleadas de sedimentos producen constantemente el
volcamiento de las embarcaciones, causando en numerosos casos la muerte de sus
ocupantes además de las pérdidas económicas generadas.
Nunca
se investigó la relación existente entre la construcción de la hidroeléctrica,
la expropiación de las tierras a los habitantes históricos de las mismas
(colonos e indígenas) y el accionar paramilitar en el mismo periodo de tiempo.
Propuesta
Ante
esta realidad, la comisión propone la elaboración de un informe que dé cuenta
de esta situación y la ilustre a través de las denuncias recibidas.
Dar
trámite de dicho informe a todas las autoridades competentes (Ministerio de
Defensa, Interior, Ambiente, Agricultura, entre otros, Fiscalía y Organismos de
Control) y organismos nacionales e internacionales de promoción y protección de
derechos humanos.
Hacer
seguimiento de estas denuncias de la mano de ASODECAS.
Demandar
ante la Mesa Nacional de garantías, la protección del proceso campesino
ASODECAS y de la comunidad afectada por el megaproyecto de Urra.
Concertar
con la comunidad y sus líderes, procesos de acompañamiento y asesoría
permanente a esta comunidad.
