Señores
voceros de la Asociación de cabildos indígenas del Norte del Cauca y el
consejo regional indígena del Cauca. El Bloque Occidental Comandante
Alfonso Cano de las FARC EP, en relación con los sucesos del 28 y el 29
de Abril de 2013 en San Francisco Toribio nos permitimos hacer las
siguientes precisiones.
1.
Las FARC-EP desde su nacimiento ha estado comprometida con
las luchas populares, incluida la justa y valerosa lucha indígena por
la tierra, encarnada por importantes representantes de su etnia a lo
largo de la historia, entre ellos José Gonzalo Sánchez, Manuel Quintín
Lame, Eutiquio Timoté, Juan De la Cruz Perafán, Álvaro Ulcué Chocué y
Avelino Ul, entre otros.
2.
Esta política está consagrada de la siguiente manera en el
punto 6 del programa Agrario del movimiento guerrillero, firmado el 20
de Julio de 1964: "se protegerán las comunidades indígenas otorgándoles
tierras auto suficientes para su desarrollo, devolviéndoles las que le
han usurpado los latifundistas y modernizando sus sistemas de cultivo
[…] las comunidades indígenas gozaran de todos los beneficios de la
reforma agraria revolucionaria. Al mismo tiempo se estabilizara la
organización autónoma de las comunidades, respetando sus cabildos, sus
formas de vida interna, su cultura, su lengua propia y sus formas de
organización".
3.
Las políticas de las FARC EP en favor del pueblo colombiano
guardan coherencia con los principios revolucionarios y con las
conclusiones emanadas de nuestras conferencias y plenos del Estado Mayor
Central, así como con las disposiciones y orientaciones del
Secretariado Nacional. Rechazamos enfáticamente la calumniosa, pérfida y
provocadora sindicación al Comandante Matías de estar desarrollado un
"plan sistemático de exterminio físico y cultural del movimiento
indígena colombiano. Nunca han respondido al capricho y querer de
determinados comandantes, como lo sugiere el comunicado de la ACIN y
CRIC leído el 29 de abril de 2013, con ocasión del juicio adelantado
contra seis comuneros del resguardo de San Francisco.
4.
Nos mantenemos fieles a los principios del respeto a los
intereses de las comunidades; a la defensa de los intereses de los
pueblos indígenas, amenazados por la cultura mercantilista del
capitalismo, por las políticas neoliberales promovidas por el Estado,
por las trasnacionales que codician las riquezas de esos territorios; al
rechazo al paramilitarismo; y a la confrontación de la fuerza pública,
que viola los derechos humanos a los comuneros y comuneras, haciendo que
organicen las redes de sapos, y sirve de avanzada de las
multinacionales que tiene como mira el campo colombiano.
5.
Hoy como en todas las épocas, el movimiento popular, y en
particular el movimiento indígena es traicionado por algunos de sus
dirigentes que dejan de lado el sentir y las aspiraciones de las
comunidades humildes, para plegarse al Estado, adquiriendo compromisos
con organismos de seguridad y, en ocasiones, con el paramilitarismo. Es
el caso del señor Alcibíades Ulcué quien, como ha sido de amplio
conocimiento público, entregaba a los paramilitares dineros destinados a
resolver los problemas de salud de las comunidades indígenas mientras
estuvo presidiendo la dirección de la empresa de Salud de los pueblos
indígenas (AIC). En la actualidad es quien facilita el reclutamiento
de jóvenes y mayores NASA para vincularlos a la guerra como informantes
del ejército en los territorios indígenas.
6.
Resultados de esta política es el "juicio" adelantados el 29
de Abril en el resguardo de San Francisco en contra de 6 comuneros
indígenas y los pronunciamientos verbales y escritos hechos con ocasión
del mismo. En el juzgamiento resultaron condenados a 40 años de cárcel 3
comuneros indígenas de manera injusta (sin pruebas y sin garantizarles
plenamente el derecho a la defensa). Este veredicto emitido por un grupo
minúsculo en una asamblea manipulada por la ACIN y la "amenaza" de
detener a milicianos y guerrilleros para entregarlos al INPEC y hacer
que purguen largas condenas en las cárceles del régimen, le mereció al
señor Feliciano Valencia el reconocimiento y felicitación publica por
parte del comandante de la 3 división del ejército. Justamente, el
ejército y los organismos de inteligencia del Estado tienen en la actual
dirigencia de la ACIN una eficaz avanzada contrainsurgente.
7.
Ante esta situación y el propósito expreso de los dirigentes
de la ACIN de continuar con la requerida política de persecución a los
revolucionarios, hemos dado la orden a todos los milicianos y
guerrilleros de no dejarse capturar ni desarmar por las guardias
indígenas. Hacemos desde ahora responsables de las consecuencias que
acarreen los intentos de detención, juzgamiento y desarme a las
dirigencias de la ACIN y el CRIC.
8.
Hacemos un llamado a las autoridades indígenas que aún les
queda sensatez y no se han comprometido con los organismos de seguridad
del Estado, a que reflexionen en bien de las comunidades y asuman
posiciones consecuentes con sus intereses, dejando de lado el discurso y
la actitud belicista y macartista contra sus propios hermanos, y
buscando la unidad y el reconocimiento como sujetos de derecho a todos
los comuneros NASA, para luchar mancomunadamente contra las injusticias
de que han sido víctimas por quienes detentan el poder desde siglos.
9.
Reiteramos el respeto a los principios de unidad,
territorio, cultura y autonomía; nos solidarizamos con las
reivindicaciones de las comunidades indígenas; reafirmamos nuestra
voluntad por atender y solucionar de manera dialogada las dificultades
que se puedan presentar entre nosotros y la comunidad indígena.
10.
El conflicto armado colombiano tiene cobertura nacional, con
raíces en la problemática social, y por tanto la solución del mismo debe
ser también nacional. En consecuencia mientras el conflicto no se
resuelva ni se cambien las estructuras económicas, el régimen político
ni las políticas de despojo articuladas al modelo agro industrial y
extractivo destinado a la exportación que tiene el gobierno para el
campo colombiano, tampoco los indígenas, como ningún otro sector popular
podrán resolver su problemática de forma estructural.
11.
Nuestra presencia no representa una amenaza para los intereses
de los pueblos indígenas. La aplicación de las normas que rigen la
actividad de los guerrilleros de la FARC protege a las comunidades
indígenas, campesinas y afros. Mantenemos nuestro espíritu unitario y
nuestra disposición de lograr acuerdos concertados porque estamos
convencidos que es el pueblo el mayor afectado por los enfrentamientos
entre organizaciones populares.
12.
Nuestra lucha armada es histórica y ha sido sostenida por la
vinculación a nuestra organización de campesinos, indígenas, afros y
mestizos; toda una amalgama de pueblo con su esfuerzo y sangre ha
contribuido al logro de buena parte de las reivindicaciones del
movimiento popular. Como forma de lucha asumida por el pueblo
colombiano, y en particular por el pueblo NASA, debe ser respetada por
quienes también se proclaman luchadores populares.
13.
Mantenemos nuestra disposición de dialogar con las autoridades
indígenas que tengan legitimidad en sus bases, en un espíritu de
mutuo respeto, con el objetivo de superar de manera concertada las
contradicciones y de llegar a un acuerdo en relación con la humanización
de la guerra.
Bloque Occidental Comandante Alfonso Cano
Compañías del Suroccidente Colombiano.
Mayo de 2013
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Publicado por AFP NOTICIAS para Agencia Fariana de Prensa - Frente Antonio Nariño el 5/13/2013 11:47:00 a.m.
