sábado, 29 de diciembre de 2012

"Las zonas de Reserva Campesina son los cartuchos rurales"




"Las Zonas de Reserva Campesina son los cartuchos rurales": José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán


Fedegán no ha explicado cuál fue su participación en el despojo de tierras por parte de los paramilitares. En casos como el de Córdoba y Cesar, el 70 por ciento de las tierras que fueron despojadas por los paramilitares del Bloque Norte, están hoy en manos de ‘tenedores de buena fe’
José Félix Lafaurie se fue lanza en ristre hoy contra las Zonas de Reserva Campesina a través de su cuenta de twitter @jflafaurie. El presidente del gremio de los ganaderos mostró hoy su rostro más anticampesino y un sentimiento de frustración grande frente al proceso de paz, el primer punto de la agenda, el foro "Política de Desarrollo Agrario Integral" y en particular frente a las Zonas de Reserva Campesina.
Los trinos rabiosos de Lafaurie
Mininterior debería tener una visión mas rigurosa de lo que significa un campo atropellado por todos los generadores de violencia.
Si la inequidad esta en lo rural con el 7% del PIB, como será en otros sectores modernos, urbanos y concentradores de la verdadera riqueza!
Mientras el país urbano mira con distancia el proceso de paz porque no estan sus intereses en el sartén, el campo vuelve a pagar sus costos
Impedir el libre comercio de un predio en una zona de reserva campesina es condenarlo a estar fuera de una robusta economía de mercado.
El campesino no necesita Zonas de reservas. Lo que requieres es asistencia técnica y crédito. Se podrá democratizar el crédito rural?
Las Zonas de reservas campesinas son los cartuchos rurales.Se imaginan una zona exclusiva de adoctrinamiento político cerca de usted?
Y porque tanta insistencia en Zonas de Reservas Campesinas? Poco han evolucionado desde las viejas ligas agrarias del P comunista de los 30s
Quedan muchas preguntas sueltas del foro: quienes son las 500 organizaciones que participaron? Quien pago su movilización?
Mientras el país espera conocer las conclusiones del famoso foro, ya cuba conoces las propuestas!Lo rural se negocia con quien lo destruyó
Estará el gobierno negociando de espaldas al país el desarrollo rural? Nadie conoce lo que salió del Foro y ya dan por seguro un acuerdo!ojo
Para afirmar que en Semana Santa esta convenido un tema difícil como de acceso y uso de la tierra significa que esta cocinandó el acuerdo?
Como puede saber el Mininterior que en Semana Santa se evacua el tema Agrario? Semana de pasión le viene al sector rural!
¿Quién es José Félix Lafaurie?
José Felix Lafaurie es el actual presidente de Fedegan, la Federación Nacional de Ganaderos. Lafaurie nació en Santa Marta, estudió ingeniería civil e hizo una maestría en economía en la Universidad Javeriana. Tiene una larga carrera en la que ha alternado los sectores público y privado.
Empezó su carrera política muy joven, cuando a los 22 años fue elegido diputado en el Cesar. Después fue gerente departamental de Seguro Social a principios de la década de 1980, presidente de la Cámara de Comercio de Valledupar y Director de la Car del Cesar, Corpocesar. Todo esto como joven conservador.
Al tiempo, desarrolló sus negocios como poderoso algodonero y empresario inmobiliario. Precisamente como algodonero fue uno de los empresarios que fomentaron la creación de Corpocesar, que vio la luz en 1983.
En 1991 fue uno de los conservadores que llamo Álvaro Gómez Hurtado para ayudarle a reforzar políticamente el Movimiento de Salvación Nacional, la disidencia conservadora que dirigía Gómez, para las elecciones legislativas de ese año. Lafaurie fue coordinador político del MSN hasta que fue nombrado viceministro de Agricultura de María del Rosario Sintes. Tras pocos meses en el cargo renunció.
Luego fue presidente de la revista "Síntesis Económica", fundada por Álvaro y Enrique Gómez Hurtado en 1975. En 1992 Lafaurie, María del Rosario Sintes, Juan Manuel Ospina y otros inversionistas compraron el 60 por ciento de la revivista.
En 1993 formó parte del equipo que acompaño al ex ministro alvarista Rodrigo Marín Bernal en su aspiración presidencial, y en 1994 sonó, como cuota de Marín, para el gabinete del presidente electo Ernesto Samper.
En 1998 entró a formar parte de la campaña de Noemí Sanín. Después de las elecciones, el contralor Carlos Ossa lo nombró como su vicecontralor, cargo que mantuvo hasta el 2001, cuando se terminó el período de Ossa. A finales de ese año su hermana Luis Fernanda fue nombrada Ministra de Minas por el presidente Andrés Pastrana, lo que motivó dudas sobre una posible inhabilidad de alguno de los hermanos, pero finalmente los dos se quedaron en sus cargos.
En 2002, al empezar el gobierno de Álvaro Uribe, Lafaurie fue nombrado Superintendente de Notariado y Registro, después de haber sonado como posible Superintendente de Sociedades. En la Superintendencia estuvo dos años, hasta que se fue en 2004 a ser presidente de Fedegán.
En 2004 salió de la Superintendencia después de que la Procuraduría lo sancionó por tráfico de influencias. Lafaurie demandó esta decisión ante el Consejo de Estado, que respaldó la decisión de la Procuraduría. Luego Lafaurie tuteló la decisión del Consejo ante la Corte Constitucional, que el pasado 12 de octubre se resolvió: la Corte respaldó la decisión del Consejo.
Además de este escándalo, José Felix Lafaurie también fue mencionado por Yidis Medina entre los funcionarios del gobierno que buscaron convencerla de cambiar su voto a favor de la reelección. Sin embargo, el Procurador Alejandro Ordoñez en marzo del 2009 absolvió a Lafaurie y a otro grupo de funcionarios entre los cuales estaban el ex Ministro del Interior Sabas Pretelt y al Ministro de Protección Social Diego Palacio.
Lafaurie es un fiel seguidor de Álvaro Uribe, aunque ha militado en el Partido Conservador. Desde Fedegán celebró cuando la Corte Constitucional permitió la reelección de Uribe en 2006, y también apoyó su reelección en el 2010. Ya que la Corte no permitió que el expresidente se volviera a lanzar, Lafaurie pasó a trabajar en el comité de Seguridad y Defensa en la campaña presidencial de Andrés Felipe Arias.
El ex ministro de Agricultura terminó perdiendo la consulta conservadora frente a Noemí Sanín, y luego fue destituido e inhabilitado por el caso de Agro Ingreso Seguro. Lafaurie fue llamado en junio de 2011 por la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, que lo citó para para que diera explicaciones sobre unas reuniones en su casa con el ex ministro en las cuales se hablaron de los subsidios de AIS. Lafaurie negó que hubiera sostenido reuniones de este tipo con Arias.
Como presidente de Fedegan también se ha visto envuelto en acusaciones por supuestos vínculos de ganaderos con paramilitares, como la de la Corporación Nuevo Arco Iris, que acusó a los ganaderos de ser los principales promotores de violencia en el país. Lafaurie ha negado estas acusaciones y, con la reciente captura del ex embajador en Perú y ex presidente de Fedegán, Jorge Visbal Martelo, salió en defensa de su antecesor diciendo que Visbal sí sostuvo encuentros con paramilitares pero únicamente en calidad de negociador de paz. Sin embargo, y como lo contó La Silla Vacía, en 2006 Lafaurie declaró que el gremio sí financió a paramilitares como mecanismo de autodefensa frente a la guerrilla.
En su actual cargo también se ha ganado la confianza y los elgios de muchos ganaderos. En su última reelección como presidente del gremio, en 2010, la decisión de ratificarlo en el cargo fue unánime. Entre sus logros están la puesta en marcha de un sistema de identificación de reses, llamado Sinigán, un porgrama de genética, otro de mecanización y otro de alimentación.
Lafaurie y el proceso de paz
Las cinco deudas de Fedegán
Por: Dora Montero Carvajal
Si la justicia comprueba que Jorge Visbal Martelo tuvo relaciones con los paramilitares, a la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), que durante cinco años representó, le quedarían muchas cosas por explicar.
A Visbal, ex presidente del gremio de los ganaderos, ex senador por el partido de la U, y embajador en Perú hasta cuando renunció tras conocer su orden de captura, lo está investigando un fiscal delegado ante la Corte Suprema por sus presuntos vínculos con los paramilitares del Frente José Pablo Díaz del Bloque Norte de las Auc.
Jorge Visbal fue presidente de Fedegán, entre 1998 y 2004 y al salir ocupó la curul de Luis Guillermo Vélez, en el Senado. Después fue nombrado Embajador de Colombia en Canadá entre 2004 y 2006. El 13 de mayo de 2009 la Corte suprema de Justicia le abrió indagación preliminar y el 26 de mayo de 2009 renunció a su fuero como congresista. Ya con esa investigación abierta, fue nombrado embajador en Perú por el presidente Juan Manuel Santos.
Durante cinco años, Visbal representó a los ganaderos en Fedegán y durante esa época la violencia paramilitar tuvo uno de sus mayores picos. Hasta hoy el gremio ha guardado silencio y éstas son cinco de las cosas que le queda por responder. La Silla Vacía intentó comunicarse en varias ocasiones con el presidente de Fedegán, pero no obtuvo respuesta. Por eso nos remitimos al comunicado de prensa que fue enviado ayer.
Una respuesta para las víctimas. Entre 1998 y 2004, cuando Jorge Visbal era representante legal y presidente de Fedegán en la región donde tenía mayor influencia –Córdoba y Sucre- y en todo el país, los paramilitares tuvieron su mayor crecimiento. Entre 1996 y 2005, se dio en el país el peor momento de la oleada paramilitar.
Sin embargo, el gremio ganadero no condenó esa situación. Hubo omisión total en el rechazo a las acciones paramilitares y nunca hubo un acto de solidaridad con las víctimas de los desplazamientos y masacres de los paramilitares en las zonas ganaderas, especialmente en Córdoba, Sucre, Cesar, Meta y Casanare.
Al contrario, ganaderos de estas regiones los financiaron y buscaron acercamientos con ellos, que se declaraban víctimas de la guerrilla. El mismo José Félix Lafourie, actual presidente de Fedegán, admitió públicamente cuando hizo uno de sus primeros discursos en 2006, que los ganaderos financiaron a grupos paramilitares, como un mecanismo de autodefensa ante las extorsiones de la guerrilla. “El gremio tiene la valentía de asumir la responsabilidad de que en el pasado financió el movimiento paramilitar del país”, dijo en unas declaraciones a RCN el 19 de noviembre de 2006. Esa misma tesis la había expuesto días antes en una reunión de los ganaderos en Cartagena.
Hoy su discurso ha cambiado, y tras conocerse la medida de aseguramiento contra su antecesor, Jorge Visbal Martelo, Lafourie defendió las actuaciones de los ganaderos y del mismo Visbal de quien aseguró que “está pagando los costos de su labor corajuda en favor de la ganadería y del sector rural. Cuando nadie se atrevía a calificar de asesina y terrorista a la guerrilla, él lo hizo; y cuando se creció el monstruo del paramilitarismo y el Gobierno empezó a buscar caminos de reinserción, él se ofreció como miembro de la Comisión Nacional de Paz. No podemos olvidar que la ganadería era el sector más afectado por esas dos fuentes de violencia”.
Por eso es que queda pendiente saber cuál será la contribución de los ganaderos agremiados en Fedegán en el proceso de verdad y reparación que estableció la Ley de Víctimas.
La verdad. Tras la orden de captura, Fedegán defendió las actuaciones de Visbal durante la época de mayor arremetida paramilitar. Sin embargo, en este caso, como en los de los ganaderos que están siendo investigados o han sido condenados, no ha dicho nada sobre su posible responsabilidad. No ha dado una respuesta por las múltiples acusaciones contra miembros de su gremio por sus relaciones con los paramilitares.
En su confesión ‘Mancuso’ ha dicho que sus reuniones con Visbal fueron varias, que eran de la misma región, ambos dueños de fincas, amigos. Ellos y sus familias habían sido víctimas del asedio de la guerrilla. Lo que complica a Visbal en la declaración de ‘Mancuso’, es que el paramilitar dijo que en la reunión no sólo se hablaba de acercamientos y negociación sino que específicamente Visbal hacía referencia a frentes de la guerrilla que estaban atacando a los ganaderos y pedía la intervención de los paramilitares.
El nombre de Visbal también apareció en los chat decodificados del computador de la mano derecha de Jorge 40, alias Don Antonio, a quien le atendió una llamada enviada por “El Viejo”, como supuestamente le decía a ‘Jorge 40’. Es una conversación del 13 de octubre de 2005, cuando Visbal era embajador en Canadá. La llamada muestra una relación cercana de Visbal con los paramilitares.
La revista Semana reveló también grabaciones de conversaciones e interceptaciones de correos electrónicos, como una llamada de Edward Cobos, alias Diego Vecino, para coordinar una reunión con el entonces embajador de Colombia en Canadá, Jorge Visbal.
Y el ex jefe de sistemas del DAS, Rafael García ya había hablado de él, cuando dijo que Visbal era la persona que llevaba y traía las razones a las autodefensas, como en el caso del nombramiento de una persona (Rómulo Betancourt) como director del DAS para una ciudad de la Costa. Visbal tendrá que explicarle a la justicia cuál fue su participación en este punto.
De probarse que estas acusaciones son ciertas, le daría la razón a investigadores como la Corporación Arco Iris, sobre que la cercanía de Visbal con los paras era anterior a su nombramiento como Presidente de Fedegán. Incluso, uno de esos investigadores aseguró a La Silla Vacía, que a Visbal lo nombraron en Fedegán como ficha de los paramilitares, como en su momento también habrían hecho con Jorge Noguera en el DAS.
La responsabilidad política. Durante su gestión como Presidente de Fedegán, Jorge Visbal era el responsable de defender ante el Congreso los proyectos que interesaban a los ganaderos del país. Y el gremio apoyó de manera unánime varios proyectos que pasaron fácilmente en el Congreso que en ese momento tenía una bancada apoyada por los paramilitares (según Mancuso el 35 por ciento del Congreso fue elegido por los paras).
Entre estos proyectos están el Estatuto de Desarrollo Rural y la Ley de Saneamiento Territorial, en cuya formulación participó activamente el gremio ganadero. El primero de estos proyectos defendía que las personas que fueron tenedoras de tierras pudieran iniciar más fácilmente los procesos de pertenencia y legalizar los inmuebles abandonados. Con esto, era muy fácil que las tierras y los inmuebles que los desplazados de la violencia habían tenido que abandonar pasaran a otras manos.
Con esta excusa en la Ley, para los investigadores, aparentemente se planeaba lograr las escrituras de muchas tierras de víctimas que hoy podrían estar en manos diferentes a las de las víctimas.
Aunque estas leyes se cayeron después en la Corte Constitucional, el daño se hizo y mientras los agricultores de muchas zonas del país fueron ignorados por el Gobierno, los ganaderos tuvieron su cuarto de hora
El despojo. Fedegán no ha explicado cuál fue su participación en el despojo de tierras por parte de los paramilitares. En casos como el de Córdoba y Cesar, el 70 por ciento de las tierras que fueron despojadas por los paramilitares del Bloque Norte, están hoy en manos de ‘tenedores de buena fe’, muchos de ellos ganaderos, según las investigaciones de la Corporación Arco Iris.
Uno de los casos en los que Fedegán se habría hecho el “de la vista gorda” con lo que pasaba en torno a las tierras es el caso de los Fondos Ganaderos, porque aunque la Federación no está oficialmente en las juntas directivas de ninguno de ellos y los fondos son empresas de economía mixta, había una injerencia directa de Fedegán que era el máximo gremio ganadero. "Es imposible pensar que quien dirigía el gremio ganadero y todos los poderosos de la región que tenían tierras en las regiones donde operaron esos fondos ganaderos no daban órdenes ahí. No podemos olvidar que al Bloque Norte le decían "la empresa"", dijo a La Silla Vacía una fuente cercana a la investigación.
. El caso más sonado es el del Fondo Ganadero de Córdoba, pero el mismo desfalco se produjo en el de Caquetá y en el de Urabá, de los que hasta ahora ha logrado identificar la Superintendencia de Notariado y Registro.
Los Fondos Ganaderos fueron utilizados para comprar tierras y lavar dinero, mucho proveniente de los paramilitares. También armaban cooperativas o se tomaban las existentes, como en el caso de Coolechera, que reunía a más de 1.200 ganaderos no agremiados.
La responsabilidad jurídica. Si un Juez encuentra que Jorge Visbal es responsable de haber tenido relaciones con los paramilitares y lo condena por concierto para delinquir, a Fedegán le correspondería su cuota de responsabilidad jurídica.
Fedegán como persona jurídica no puede ser procesado por delitos penales, pero como Visbal era su presidente y representante legal, sí podría achacársele una responsabilidad civil
Visbal fue presidente de Fedegán entre 1998 y 2004, y para esa época es cuando habría sostenido varios encuentros con los hombres del Bloque Norte de las AUC. Según la confesión de ‘Mancuso’ en una de sus versiones desde Estados Unidos, a partir de 1998 tuvo varias reuniones con Visbal, como representante de Fedegán y con el ex ministro Sabas Pretelt de la Vega, como presidente de Fenalco, quien también está siendo investigado por la Fiscalía.
La responsabilidad sería de tipo patrimonial, es decir, como tercero civilmente responsable. Es lo mismo que ocurre cuando una persona es dueña de un carro y contrata a un chofer que en una noche se emborracha y atropella y mata a alguien. El chofer sería condenado por homicidio culposo, pero al dueño del carro se le podría condenar al pago de una indemnización. La razón es que el dueño del carro es responsable por haber escogido a su trabajador, así como lo sería la junta directiva de Fedegán por haber elegido a Jorge Visbal como su representante.
Esta es una opción que tienen las víctimas del paramilitarismo para reclamar un resarcimiento.
La Junta Directiva Fedegán de hoy tampoco ha hecho las manifestaciones que esperan las víctimas y la justicia sobre lo que ocurrió en el país entre 1995 y 2005, cuando los paramilitares tuvieron su mayor crecimiento y con ello se dio la arremetida más grave en el país.
* Con información de La Silla Vacía y Canal Capital
http://youtu.be/cccBLwQhYuA

martes, 11 de diciembre de 2012

Entrevista con Arístides Ochoa del Sindicato de Trabajadores Campesinos del Cordón del Putumayo




Entrevista con Aristides Ochoa del Sindicato de Trabajadores Campesinos del Cordón del Putumayo

PorAgencia Prensa Rural / Martes 11 de diciembre de 2012
El 4, 5 y 6 de diciembre de 2012, en la ciudad de Bogotá se desarrolló el encuentro “Pueblos construyendo paz”.Entrevista “El diálogo es la ruta” con Aristides Ochoa del Sindicato de Trabajadores Campesinos del Cordón del Putumayo. Video realizado por Agencia Prensa Rural www.prensarural.org para la Alianza de Medios y Periodistas por la Paz.
Más información del Encuentro: http://pueblosconstruyendopaz.org/
Video:

miércoles, 31 de octubre de 2012

La “revolución agraria” de Santos es igual a la fracasada reforma a la justicia.

Horacio Duque Giraldo
El señor Santos pasó sus peores tres días con el hundimiento de la reforma a la justicia que los congresistas convirtieron, con su explicita complicidad, en un estatuto parlamentario para la impunidad de la parapolítica y la corrupción. La fuerte reacción ciudadana dio al traste con dicho esperpento y precipitó la mayor deslegitimación del gobierno, el parlamento y las cortes de justicia. La raya quedó trazada para un antes y un después del heredero de Uribe Vélez, que en adelante tendrá que vérselas con un movimiento popular/patriótico en crecimiento, dispuesto a dar una viraje radical a la nación con grandes movilizaciones de masas como paros, huelgas, demandas y bloqueos.
El experto (y Santo) jugador terminó enredado en sus espuelas y por poco cae en la lona. Al tiempo que se destapaba la potencia de la multitud presionando una revocatoria inmediata de los mandatos parlamentarios, judiciales y ministeriales; uno de los cuales efectivamente cayó, me refiero a Esguerra el de la Oficina de Justicia.
Los mismos pasos se están dando con la famosa “revolución agraria” que agita demagógicamente el Presidente dizque para dejar sin banderas la resistencia guerrillera que demanda una profunda reforma agraria como premisa de la paz. Dizque para hacer justicia con los cerca de 15 millones de campesinos pobres.
El Plan agrario gubernamental tiene dos ejes. Uno es la ley 1448 de 2011 de restitución de tierras y el otro es la propuesta de Ley de tierras y desarrollo rural.
Varios debates de la oposición democrática en el Congreso han demostrado que el proceso de restitución de tierras es un fracaso descomunal. El Ministro Juan Camilo Restrepo encargado del tema es un absoluto incompetente pues la locomotora de la Ley 1448 (reparación/restitución) nunca despegó y apenas se insinúan algunos resultados para el segundo semestre del año que viene. Al taimado y encopetado burócrata J.C. Restrepo, conservador reaccionario de origen paisa, se le malogró el shock agrario/espectáculo que se proponía restituir tierras antes de la sanción de la Ley 1448/2011, pero como lo debió aceptar en el debate de control en las Cámaras legislativas citado por la Oposición de izquierda, los planes debieron iniciar de cero nuevamente para establecer compromisos de trámite de solicitudes registradas desde la firma de la Ley. Lo que implica que olímpicamente se ignoran las metas del Plan de Desarrollo “Prosperidad para Todos” y los 350 mil radicados de propiedades abandonadas que reportaron los campesinos forzados a dejar sus tierras, correspondientes a 8 millones 400 hectáreas, al finalizar el año 2010, según estadísticas de la Oficina de Protección de Tierras. Hasta el día de hoy, se puede hablar de un listado en poder del gobierno de 400.000 predios, con identificación del reclamante, correspondientes a más de nueve millones de hectáreas. Y en los vericuetos de la burocracia y el empezar de nuevo anunciado en los medios de comunicación y los debates parlamentarios, en la era de Santos no se alcanzará el 15 por ciento de esa cifra en restitución de tierras y obviamente no superará el 5 por ciento el regreso real de los desplazados a la propiedad sin ningún litigio aun no resuelto.
La situación en gestiones administrativas, según demandas nuevas, se complica con varios procedimientos burocráticos de desestimulo, particularmente para el 87 por ciento de desplazados que son pequeños productores. A la ineficacia estatal y la paquidermia/corrupción judicial se le suman los hechos de violencia paramilitar/estatal, los testaferros, los ejércitos antirestitución en Antioquia, Norte de Santander, Sucre y Sur de Bolívar; y los poseedores disfrazados de buena fe que ahora abundan en las tierras reclamadas con apoyo gubernamental en la inversión de la carga de la prueba.
El otro eje de la estrategia agraria oficial es el Proyecto de ley de tierras y desarrollo rural, el cual fue dado a conocer en borrador hace poco tiempo para empezar las consultas previas con las comunidades étnicas, tal como estipula la Carta Constitucional. Pero dichas conversaciones con los indígenas y los afrodescendientes no han dado inicio en gran medida por la intención gubernamental de realizar acciones express y de elites, omitiendo incluso el procedimiento que se adoptó con eficacia en la consulta del decreto/ley reglamentario sobre derecho de las víctimas indígenas, afro y rom. Adicionalmente dicho proyecto está bastante distante de ser la “revolución” o la “reforma agraria” que tanto se publicita por los medios oficialistas. La gran contradicción es que, en lugar de centrarse en la adjudicación a los campesinos de tierras adecuadas y recursos tecnológicos modernos, ese Proyecto tiene el propósito de estimular el monopolio del empleo de la tierra por la vía de propiciar la estructuración de macropredios, por compra o arriendo. En ese sentido se reconocieron los “convenios de uso” en la Ley 1448/2011, y se promueve ahora formalizar el "derecho real de superficie", que elimina de tajo el derecho a la propiedad del suelo.

Con los cambios a la Unidad Agrícola Familiar, aprobados en el Plan Nacional de Desarrollo, “Prosperidad para Todos”, ya se dieron pasos en tal dirección para facilitar de esa manera el lavado o saneamiento de títulos de grandes extensiones, con base en la compra u ocupación de buena fe de fundos entregados a colonos en los últimos 20 años. Con lo que se promueve la reapropiación de la altillanura de la Orinoquia especializada en el agro negocio global.
En tales condiciones, para el 40 por ciento del campesinado, la mejor opción es migrar a las grandes ciudades para obtener ciertos subsidios, entre estos el de vivienda, y para un grupo minoritario la salida planteada es unirse con los macroproyectos o asumir la condición de asalariados estacionales. El TLC, con la llegada en masa de comodities agropecuarios subsidiados en Estados Unidos, se encargará de la quiebra de pequeños y medianos productores de alimentos y la violencia y guerra biopolítica contra los pobres ejecutada por los paramilitar y el Estado completaran lo que falte en materia de arbitrariedad.
Las normas sobre entrega de tierras y derechos a la propiedad colectiva son de muy pobre alcance en el Proyecto. Pero ni tales iniciativas ni otras que puedan aliviar la ruina de las economías campesinas pobres podrán remontaran la alcabala de un Legislativo controlado por una simbiosis de sucesores de los 'parapolíticos' (35 por ciento), maquinas podridas y delegados absolutos de las oligarquías terratenientes, agroindustriales y mineras. El señor Juan Camilo Restrepo, en su deplorable gestión ministerial, no ha podido obliterar la ofensiva de la gran minería en contra del agro nacional. Por eso la “revolución rural” de Santos está más envolatada que la arruinada reforma a la justicia, colocada a disposición de la 'parapolítica', la corrupción y la impunidad. Todas las señales indican que el Proyecto de tierras y desarrollo rural anunciado para el próximo periodo legislativo, donde le pasaran muchas cuentas de cobro a Santos, serán solo titulares y no alcanzará la etapa de 'micos' de la fallecida reforma a la justicia o del postizo "marco constitucional para la paz" ya aprobado, que por lo visto fue hecho para favorecer a los paramilitares de Justicia y Paz, y menos para adelantar una negociación con los grupos rebeldes de la guerrilla revolucionaria, que de tener algún éxito implicaría un nuevo ordenamiento constitucional y legal para poner en vigencia lo acordado.
Siendo así, ¿No resulta conveniente para toda la nación y los campesinos pobres que el señor Ministro de Agricultura y tierras renuncie a su cargo como ya lo hizo el de Justicia?

sábado, 27 de octubre de 2012

Colombia: Una sentencia semilla para cambiar la política de tierras


Campesinos en Ciénaga, departamento de Magdalena.


Por Héctor Mondragón y Paula Álvarez Roa

18 October 2012 | Biodiversidad - Oct 2012
Respondiendo a una demanda de los congresistas Jorge Robledo y Wilson Arias, el 23 de agosto la sentencia C-644 de 2012 de la Corte Constitucional declaró inconstitucionales los artículos 60, 61 y 62 de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo, que permitían que tierras adquiridas por campesinos con subsidios del Incoder y baldíos adjudicados a colonos pasaran a manos de empresarios para adelantar proyectos agropecuarios y forestales y que se adjudicaran baldíos en extensiones ilimitadas a empresas mediante contratos diversos. La Corte dijo que son artículos regresivos y están en contra del deber del Estado de promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra por parte de los trabajadores agrarios.
Los artículos inconstitucionales partían de la visión del campo que en el siglo pasado fue defendida en Colombia por el economista Lauchlin Currie1 y que ha marcado la política agraria de los últimos gobiernos. Esta visión es la que ahora se conoce como Modelo Carimagua, que se quiere extender en los Llanos orientales.
El gobierno anterior quiso arrendar la hacienda Carimagua por sumas irrisorias a inversionistas, para establecer plantaciones de palma aceitera y luego entregarla en propiedad a la empresa beneficiaria. La ideología oficial determinaba que los campesinos no podrían aprovecharla eficientemente, y en cambio “en manos de los privados, Carimagua generará jugosos dividendos... es un buen negocio para los inversionistas privados, mientras que para los desplazados es un mal negocio... en manos privadas genera más rentabilidad que entregarlos a los desplazados”.2
Sin embargo, estudios científicos demostraron que Carimagua y otros terrenos similares del Llano pueden ser aprovechados por pequeños productores en arreglos agroforestales y agropastoriles y encontraron variedades adecuadas a sus suelos, de arroz, yuca, soya, sorgo, maíz y pastos (y tecnología para sembrar pasto asociado con arroz, para que éste financie la implantación de la pradera).3
Destinar tierras como las de Carimagua a grandes plantaciones de palma aceitera no tiene justificación científica o técnica. Tiene sí una justificación económica: el río Meta es el escenario de un megaproyecto dentro del marco de la Infraestructura Regional de Suramérica (IIRSA) y del establecimiento de Puerto López como puerto de comercio para Bogotá. El negocio es la especulación con el incremento de los precios de la tierra por el desarrollo de un megaproyecto fluvial y comercial.
Para que la economía campesina y la empresa agrícola puedan crecer hay que sustituir ese modelo del latifundio especulativo y la importación de alimentos, no remover el límite de la Unidad Agrícola Familiar (UAF) para adjudicar baldíos.
Por lo demás, la Ley 160 de 1991 prevé adjudicar baldíos a empresas comunitarias y a cooperativas campesinas (artículo 65), cuando los campesinos así lo soliciten, lo que les permite asociarse, cuando las características del cultivo y las condiciones determinen la necesidad de unidades de producción mayores. Los campesinos además podían y pueden constituir o formar parte de sociedades con no campesinos, siempre y cuando no les vendan su propiedad ni se la cedan.

La importancia de los campesinos en Colombia. Hay que tener en cuenta, que a pesar de todo tipo de circunstancias adversas, la contribución del campesinado es decisiva en la alimentación de los colombianos.
En el 2002, mantenía el 67.3% del área sembrada del país en cultivos legales y el 62.9 del valor de la producción agrícola.4
Entre 2004 y 2007 la agricultura familiar respondía por el 62.1% del área sembrada y el 60.4% del valor de la producción agrícola, excluidos café y flores5. El 78% del área en café es campesina y también el 74% de la producción nacional de maíz.6
La Encuesta Nacional Agropecuaria destaca la participación campesina, tanto en área como en producción, en cultivos como cebolla larga (98%), haba (96%), cebolla cabezona (89%), papa (82%), fríjol (81%), cacao (81%), arveja (79%), zanahoria (79%), banano (75%), café (74%), caña panelera (70%) y plátano (70%). Aunque minoritaria su participación es importante: cerdos (35%), especies menores (38%), vacas lecheras (25%), aves (17%) y bovinos para carne (12%).7
En Colombia, son los pequeños productores los que dedican mayor porcentaje de su finca a la agricultura. Según la Encuesta Nacional Agropecuaria de 2005, 51% del área cosechada era de unidades campesinas.8 Los pequeños productores dedican mayor proporción del área de su finca a la agricultura y su participación en el área agrícola es muy superior al porcentaje de tierra que poseen:

Unidades
% área total
% área agrícola
Pequeñas
14.1
38.9
Mediana
26.1
32.5
Grandes
59.8
28.6
Fuente: Encuesta Nacional Agropecuaria 2004
Los campesinos han logrado una “silenciosa transformación” tecnológica, incorporando en sus parcelas innovaciones, tecnologías limpias y desarrollo de semillas locales9 e incluso hay algunos cultivos y comarcas en que la rentabilidad de las unidades campesinas llega a ser igual o superior a la de las unidades medianas o grandes.10
Un importante recurso escaso y caro para las unidades campesinas es el crédito.11 Los usuarios, dedicaron hasta más del 50% de sus ingresos a pagar intereses a los bancos.12 El crédito más común conseguido por los campesinos es comprar “fiado”, lo cual cuesta realmente hasta un altísimo interés del 2% mensual.13
La falta de tierra propia y la calidad de la tierra que poseen, son un factor que conspira contra una mayor participación de las unidades campesinas en la producción y una mayor retribución por sus productos, ya que si el campesino usa tierra ajena tiene que pagar arriendos que pueden alcanzar el 29% de sus costos de producción o someterse a aparcerías en las que el dueño de la tierra aporta entre el 35 y 40% de los costos y se recibe del 60 al 65% de los ingresos14.
Estudiosos del tema como Albert Berry15, han señalado que sin embargo los pequeños productores son mas productivos que los grandes, que los argumentos sobre economías de escala raras veces son aplicables a las empresas agrícolas; además, las ventajas de los pequeños son muy grandes: producen bienes que crean mayor valor por hectárea, emplean más trabajadores (en el caso de la caña de azúcar en Colombia se requieren 5 hectáreas para producir un puesto de trabajo y 6 hectáreas en el monocultivo de palma aceitera), protegen mejor el medio ambiente y favorecen la soberanía alimentaria.
Pero a pesar de ese aporte fundamental de los campesinos al país, la política rural viene golpeando su economía. Entre los años 2005 y 2006, las importaciones agropecuarias aumentaron en un 21.66% pasando de 6 millones 330 mil toneladas a 7 millones 710 mil toneladas. Para el año 2008 las importaciones llegaron a 8 millones 220 mil toneladas, y en 2010 el país importaba ya 10 millones 500 mil toneladas de productos agropecuarios y agroindustriales.16
Las políticas económicas del país, en consonancia con las directrices transnacionales dieron un giro a sus prioridades en beneficio del sector empresarial pero en desmedro de los componentes favorables a la mediana y pequeña producción agrícola. Por ejemplo en 1990 se sembraron 2 millones 500 mil hectáreas de cultivos semestrales y 1 millón 200 mil en permanentes, en tanto que en 1997 las siembras fueron de 1 millón 600 mil hectáreas en semestrales y 1 millón 400 mil en permanentes. En estos últimos los incrementos anuales más importantes fueron los de las frutas, palma aceitera, caña de azúcar, y banano.
De esta manera, al disminuir las tierras bajo control de la pequeña propiedad descienden las áreas asignadas a cultivos temporales, propios de la producción parcelaria. La reducción de la oferta agrícola ha sido compensada desde entonces con importaciones crecientes de bienes de origen agrícola y pecuario, pero sin una adecuada reasignación de la mano de obra desalojada de la producción agrícola.
Es pertinente promover desde el ámbito local disposiciones orientadas a la garantía del derecho, desde una perspectiva que además promueva el cultivo, la producción y la comercialización de alimentos propios de la dieta de cada una de las regiones y la identidad cultural de la población campesina.
Así, iniciativas como los mercados campesinos, resultan muy importantes, ya que han permitido sensibilizar a los ciudadanos sobre la importancia de la economía campesina y su relación con la comercialización alternativa de alimentos y soberanía alimentaria. Los mercados han permitido una relación directa entre productores y consumidores generando una serie de beneficios económicos, sociales, políticos y culturales. Además y no menos importante, estos mercados han visibilizado al campesinado y han puesto en debate el modelo agroalimentario nacional, reivindicando la necesidad de apoyar la producción agrícola regional con el propósito de garantizar el derecho a una alimentación adecuada.
Los mercados campesinos pretenden garantizar la protección reforzada de la población campesina y el derecho a la alimentación, reivindicar la autonomía local en materia de producción y comercialización de alimentos adecuados culturalmente, contrarrestar la comercialización y consumo de productos importados en el marco de los acuerdos comerciales, proteger la economía campesina y privilegiar la siembra, producción y comercialización de alimentos, en lugar de cultivos de gran escala y de rendimiento tardío. Insistir en la soberanía alimentaria es tarea urgente hoy, y ésta sólo se alcanza preservando la economía campesina.
Definitivamente no es cierto que el campesinado sea ineficiente. Así, en Brasil, ejemplo latinoamericano destacado de la expansión de los grandes agronegocios, la agricultura familiar tiene un papel muy importante,17 las investigaciones han demostrado su eficiencia y su capacidad para aprovechar mejor los recursos de tierra y el crédito en el estado brasilero de Minas Gerais18 y en todo Brasil.19 Vietnam, de ser un importador de arroz se convirtió en el segundo exportador mundial y actualmente es también el segundo exportador de café y de nuez de marañón y, un gran productor de ñame. Esto a partir de un decreto de 1981 que promovió el predominio de las parcelas familiares y el respeto y fomento de la iniciativa campesina. A partir de ahí, la agricultura vietnamita se convirtió en un éxito de dimensión mundial.20 La producción de alimentos pasó de 18 millones 400 mil toneladas en 1984, a 33 millones 800 mil en 1999.21

Germen jurídico. La sentencia de la Corte reivindicó el papel del campesinado. Aunque la demanda presentada el 16 de diciembre de 2011 profundizó en los cargos de violación de la seguridad alimentaria, de la soberanía nacional y de la reserva legal en materia de baldíos, la Corte se centró en defender el acceso progresivo a la propiedad de la tierra y descartó por mayoría cualquier posibilidad de entregar baldíos a empresas y por unanimidad el traspaso a empresarios de tierras adquiridas con subsidio.
Esta defensa jurídica del artículo 64 de la Constitución puede tener consecuencias prácticas económicas y sociales. Gobiernos y legisladores se comportaron como si ese artículo fuera un saludo a la bandera y la Corte les recordó que la norma sobre el acceso progresivo a la propiedad es de aplicación inmediata. El 64 es integral y se refiere también, a la asistencia técnica, el crédito y el mercadeo.
La realidad nacional hace que esta decisión de la Corte sea la semilla para un cambio en la política agropecuaria. En Colombia hay una alta concentración especulativa de la propiedad de la tierra, que determina que 16 millones y medio de hectáreas aptas para la agricultura estén siendo desperdiciadas, especialmente en grandes propiedades, y se registran altos precios de la tierra comparados con los del resto del mundo,22 los mayores de la región.23Esta sentencia es un llamado a resolver los graves problemas de uso del suelo que se presentan adentro de la frontera agrícola24 en lugar de avanzar sobre los baldíos y los bosques y en vez de despojar de sus tierras a los campesinos, indígenas y afros.
Para la Corte, los artículos demandados del Plan Nacional de Desarrollo resultaban regresivos, pues propiciaban más concentración de la propiedad rural en un país afectado por el acaparamiento de tierras, en desmedro de los trabajadores agrarios que dejan de ser propietarios e implicaban un retroceso en el deber del Estado de promover su acceso progresivo a la propiedad, además de revertir los esfuerzos que se han efectuado en materia de titulación de tierras.
El importante fallo marca una línea jurisprudencial de gran relevancia. Alienta el trabajo cotidiano de organizaciones agrarias y campesinas de todo el país, que ven en este fallo una posibilidad para acceder a las tierras que por tanto tiempo han trabajado y encuentran también en el respaldo a la demanda efectuada por organizaciones internacionales y nacionales como FIAN Internacional, GRAIN Internacional, la Unión Latinoamericana de Técnicos Rurales y Agrarios (Argentina), la Agrosolidaria Viani, la Asociación de Desarrollo Campesino (ADC), el Colectivo José Alvear Restrepo, la Corporación Compromiso, la Mesa de Unidad Agraria-Anuc-ur, los indígenas del Llano de la Asociación Indígena Unuma, el Resguardo Indígena Awaliba y el Grupo Semillas, un impulso unitario para continuar con la discusión acerca de las tierras, y política agraria en el país, que verdaderamente cuente como principales actores a los campesinos y campesinas, con la certeza de que sus justos reclamos tendrán eco y acompañamiento en muchos lugares.
Hay que reconocer la importante labor realizada por los congresistas Wilson Arias y Jorge Robledo y sus equipos de trabajo, quienes de manera juiciosa radicaron el pasado 16 de diciembre la Acción Pública de Inconstitucionalidad, luego de presenciar la manera como el gobierno presentó en el Plan Nacional de Desarrollo, una verdadera contrarreforma agraria, como la bautizaron los congresistas, en el momento del trámite al interior del Congreso, con su posterior aprobación sin mayor discusión de lo que implicaban esos tres artículos. Muy a pesar de que se desarrollaron sustanciales debates en la Comisión V del Senado, se advirtieron las implicaciones de la aprobación de dichos artículos. Básicamente estos dos congresistas fueron los únicos que se opusieron en las plenarias de ambas corporaciones a esos artículos, pero finalmente se obtuvo el resultado que conocimos: la aprobación del PND a pupitrazo, como se dice popularmente. Debemos resaltar que el gobierno anterior intentó presentar esa reforma a la Unidad Agrícola Familiar por lo menos en tres oportunidades, sin éxito alguno.
En lugar de seguir proponiendo y aprobando normas inconstitucionales como han sido las leyes forestales, el estatuto rural y los tres artículos tumbados del Plan Nacional de Desarrollo, el gobierno debería ayudar a que crecieran las semillas que ha sembrado la Corte: el respeto a la diversidad étnica y cultural y a la vía campesina del desarrollo rural. Cambiar la visión de lo rural es imperioso. No se puede desconocer al campesinado, no se puede anteponer el mercado y la “producción” a economías como la campesina. Requerimos una política que permita que los campesinos accedan a la tierra y puedan trabajar y vivir en ella de manera autónoma. Es ésa la vía con la que el país recuperaría su soberanía alimentaria y se cumpliría el artículo 65 de la Constitución que ordena proteger la producción nacional de alimentos, ahora lesionada por las importaciones, los Tratados de Libre Comercio y las locomotoras minera y energética.

Héctor Mondragón es consultor de ILSA y Paula Álvarez Roa es politóloga e investigadora

Notas:
1 Currie, Lauchlin, “Desarrollo Económico Acelerado”. FCE, México, 1968.
2 Unidad Investigativa de El Tiempo, “A empresarios darán tierra que era para desplazados”;El Tiempo, 9 de febrero de 2008.
3 Vergara, Francisco, “¿Para qué era Carimagua?” El Tiempo, 24 de febrero de 2008.
4 Forero, Jaime, “Campesinado, mercado y cambio técnico, a propósito de prejuicios”.Cuadernos Tierra y Justicia 2, Bogotá: ILSA., 2002.
5 Forero, Jaime, “Economía Campesina, Pobreza y Desplazamiento en Colombia”; J. Forero A. (ed.) El campesinado colombiano: 64. Bogotá: Universidad Javeriana, 2010.
6 Forero (2002) Op.cit.
7 Garay, L.J.; Barberi, F.; Castro Y.; Perry, S. y Cardona, I., Elementos para la negociación agrícola en el TLC. En Garay, Luis Jorge (director), La agricultura colombiana frente al tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Bogotá: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2005, p. 41.
8 Garay et.al. Ibidem, p. 42.
9 Forero 2010, pp.81-86
10 Ibidem, p.p. 91-96.
11 Ibidem, p. 78.
12 Ibidem, p. 100.
13 Ibidem, p. 77.
14 Ibidem, p. 110.
15 Berry, Albert y Lüsa North, “Los beneficios de la pequeña propiedad en el campo”. La Línea de Fuego, 24 de octubre de 2011.
16 Restrepo, Juan Camilio, “Informe de Rendición de Cuentas (Gestión 2010-2011)” Bogotá. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2011, p. 8.
17 Júnia, Raquel “Agronegócio não garante segurança alimentar”; Adital, 29 de março de 2011.
18 CPT “Agronegócio no MS perde em eficácia para a agricultura familiar camponesa”;Ecdebate, 13 de janeiro de 2011.
19 Caume, David José “Segurança Alimentar, Reforma Agrária e Agricultura Familiar”; Revista da UFG 5 (1) PROEC, abril de 2003.
20 Merlet, Michel (2002) “La serie de reformas agrarias y el éxito de la agricultura familiar”; Fondo Documental Dinámico sobre la gobernanza de los recursos naturales en el mundo. AGTER. Fuente: Dao The Tuan (2001) “Communications écrites et orales à l’atelier Agriculture paysanne et réformes agraires du Forum Social Mondial”, IRAM - APM - CONTAG, Porto Alegre.
21 Bui Ngoc Hung et Duc Tinh Nguyen (2002) “Le développement de l’agriculture vietnamienne au cours des 15 dernières années”; Vertigo 3:2.
22 “Amargo debate por precio de la caña”, El País, Cali, 23 de febrero de 2007.
23 “Colombia tendría la tierra más cara de la región, según estudio de la SAC”; Portafolio, 30 de octubre de 2009.
24 Perfetti del Corral, Juan José (2012) “La Corte y el Desarrollo Agropecuario”; El Colombiano, 31 de agosto de 2012.