El señor Santos pasó sus peores tres días con
el hundimiento de la reforma a la justicia que los congresistas convirtieron,
con su explicita complicidad, en un estatuto parlamentario para la impunidad de
la parapolítica y la corrupción. La fuerte reacción ciudadana dio al traste con
dicho esperpento y precipitó la mayor deslegitimación del gobierno, el
parlamento y las cortes de justicia. La raya quedó trazada para un antes y un
después del heredero de Uribe Vélez, que en adelante tendrá que vérselas con un
movimiento popular/patriótico en crecimiento, dispuesto a dar una viraje
radical a la nación con grandes movilizaciones de masas como paros, huelgas,
demandas y bloqueos.
El experto (y Santo) jugador terminó enredado
en sus espuelas y por poco cae en la lona. Al tiempo que se destapaba la
potencia de la multitud presionando una revocatoria inmediata de los mandatos
parlamentarios, judiciales y ministeriales; uno de los cuales efectivamente
cayó, me refiero a Esguerra el de la Oficina de Justicia.
Los mismos pasos se están dando con la famosa
“revolución agraria” que agita demagógicamente el Presidente dizque para dejar
sin banderas la resistencia guerrillera que demanda una profunda reforma
agraria como premisa de la paz. Dizque para hacer justicia con los cerca de 15
millones de campesinos pobres.
El Plan agrario gubernamental tiene dos ejes.
Uno es la ley 1448 de 2011 de restitución de tierras y el otro es la propuesta
de Ley de tierras y desarrollo rural.
Varios debates de la oposición democrática en
el Congreso han demostrado que el proceso de restitución de tierras es un fracaso
descomunal. El Ministro Juan Camilo Restrepo encargado del tema es un absoluto
incompetente pues la locomotora de la Ley 1448 (reparación/restitución) nunca
despegó y apenas se insinúan algunos resultados para el segundo semestre del
año que viene. Al taimado y encopetado burócrata J.C. Restrepo, conservador
reaccionario de origen paisa, se le malogró el shock agrario/espectáculo que se
proponía restituir tierras antes de la sanción de la Ley 1448/2011, pero como
lo debió aceptar en el debate de control en las Cámaras legislativas citado por
la Oposición de izquierda, los planes debieron iniciar de cero nuevamente para
establecer compromisos de trámite de solicitudes registradas desde la firma de
la Ley. Lo que implica que olímpicamente se ignoran las metas del Plan de
Desarrollo “Prosperidad para Todos” y los 350 mil radicados de propiedades
abandonadas que reportaron los campesinos forzados a dejar sus tierras, correspondientes
a 8 millones 400 hectáreas, al finalizar el año 2010, según estadísticas de la
Oficina de Protección de Tierras. Hasta el día de hoy, se puede hablar de un
listado en poder del gobierno de 400.000 predios, con identificación del
reclamante, correspondientes a más de nueve millones de hectáreas. Y en los
vericuetos de la burocracia y el empezar de nuevo anunciado en los medios de
comunicación y los debates parlamentarios, en la era de Santos no se alcanzará
el 15 por ciento de esa cifra en restitución de tierras y obviamente no
superará el 5 por ciento el regreso real de los desplazados a la propiedad sin
ningún litigio aun no resuelto.
La situación en gestiones administrativas,
según demandas nuevas, se complica con varios procedimientos burocráticos de
desestimulo, particularmente para el 87 por ciento de desplazados que son
pequeños productores. A la ineficacia estatal y la paquidermia/corrupción
judicial se le suman los hechos de violencia paramilitar/estatal, los
testaferros, los ejércitos antirestitución en Antioquia, Norte de Santander,
Sucre y Sur de Bolívar; y los poseedores disfrazados de buena fe que ahora
abundan en las tierras reclamadas con apoyo gubernamental en la inversión de la
carga de la prueba.
El otro eje de la estrategia agraria oficial
es el Proyecto de ley de tierras y desarrollo rural, el cual fue dado a conocer
en borrador hace poco tiempo para empezar las consultas previas con las
comunidades étnicas, tal como estipula la Carta Constitucional. Pero dichas
conversaciones con los indígenas y los afrodescendientes no han dado inicio en
gran medida por la intención gubernamental de realizar acciones express y de
elites, omitiendo incluso el procedimiento que se adoptó con eficacia en la
consulta del decreto/ley reglamentario sobre derecho de las víctimas indígenas,
afro y rom. Adicionalmente dicho proyecto está bastante distante de ser la
“revolución” o la “reforma agraria” que tanto se publicita por los medios
oficialistas. La gran contradicción es que, en lugar de centrarse en la
adjudicación a los campesinos de tierras adecuadas y recursos tecnológicos
modernos, ese Proyecto tiene el propósito de estimular el monopolio del empleo
de la tierra por la vía de propiciar la estructuración de macropredios, por
compra o arriendo. En ese sentido se reconocieron los “convenios de uso” en la
Ley 1448/2011, y se promueve ahora formalizar el "derecho real de
superficie", que elimina de tajo el derecho a la propiedad del suelo.
Con los cambios a la Unidad Agrícola
Familiar, aprobados en el Plan Nacional de Desarrollo, “Prosperidad para
Todos”, ya se dieron pasos en tal dirección para facilitar de esa manera el
lavado o saneamiento de títulos de grandes extensiones, con base en la compra u
ocupación de buena fe de fundos entregados a colonos en los últimos 20 años.
Con lo que se promueve la reapropiación de la altillanura de la Orinoquia
especializada en el agro negocio global.
En tales condiciones, para el 40 por ciento
del campesinado, la mejor opción es migrar a las grandes ciudades para obtener
ciertos subsidios, entre estos el de vivienda, y para un grupo minoritario la
salida planteada es unirse con los macroproyectos o asumir la condición de
asalariados estacionales. El TLC, con la llegada en masa de comodities
agropecuarios subsidiados en Estados Unidos, se encargará de la quiebra de
pequeños y medianos productores de alimentos y la violencia y guerra
biopolítica contra los pobres ejecutada por los paramilitar y el Estado
completaran lo que falte en materia de arbitrariedad.
Las normas sobre entrega de tierras y
derechos a la propiedad colectiva son de muy pobre alcance en el Proyecto. Pero
ni tales iniciativas ni otras que puedan aliviar la ruina de las economías
campesinas pobres podrán remontaran la alcabala de un Legislativo controlado
por una simbiosis de sucesores de los 'parapolíticos' (35 por ciento), maquinas
podridas y delegados absolutos de las oligarquías terratenientes,
agroindustriales y mineras. El señor Juan Camilo Restrepo, en su deplorable
gestión ministerial, no ha podido obliterar la ofensiva de la gran minería en
contra del agro nacional. Por eso la “revolución rural” de Santos está más
envolatada que la arruinada reforma a la justicia, colocada a disposición de la
'parapolítica', la corrupción y la impunidad. Todas las señales indican que el
Proyecto de tierras y desarrollo rural anunciado para el próximo periodo
legislativo, donde le pasaran muchas cuentas de cobro a Santos, serán solo
titulares y no alcanzará la etapa de 'micos' de la fallecida reforma a la
justicia o del postizo "marco constitucional para la paz" ya
aprobado, que por lo visto fue hecho para favorecer a los paramilitares de
Justicia y Paz, y menos para adelantar una negociación con los grupos rebeldes
de la guerrilla revolucionaria, que de tener algún éxito implicaría un nuevo
ordenamiento constitucional y legal para poner en vigencia lo acordado.
Siendo así, ¿No resulta conveniente para toda
la nación y los campesinos pobres que el señor Ministro de Agricultura y
tierras renuncie a su cargo como ya lo hizo el de Justicia?
