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| Pancarta a la entrada de la hacienda Las Pavas. Foto: @Geraldkurt |
Las
Pavas. Entre la esperanza y el despojo
Por: Geraldkurt | Abril 25, 2013
En los últimos
días, nuevos hechos de violencia han puesto de presente lo difícil que es para
los campesinos asentados en Las Pavas el reconocimiento de su condición de
víctimas del despojo de tierras. Breve revisión de un caso emblemático para la
ley de víctimas.
Las
formas de violencia en la ruralidad del país poco o nada han cambiado en el
siglo naciente que nos ocupa. Corrimiento de cercas y linderos, como lo
denunciaron en su momento quienes delimitaban sus predios con los de Víctor
Carranza, establecimiento de grupos armados legales o ilegales para garantizar
el expolio de los pequeños propietarios y campesinos y el desplazamiento de
grandes grupos poblacionales hacia las cabeceras municipales para lograr
quedarse con mayores cantidades de tierras, han sido una constante en el campo
colombiano.
Dentro de esa
lógica es que se puede comprender el fenómeno presentado en lo que se conoce
como Hacienda Las Pavas, en la Isla del Papayal, al sur del departamento de
Bolívar. Oncepredios que abarcan 1.290 hectáreas
que, como lo señala el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio,
sirvieron tradicionalmente para el sustento de varias familias campesinas
asentadas en el corregimiento de Buenos Aires, sobre el brazuelo del río
Papayal.
Desde que la
Hacienda quedara abandonada a mediados de los 90 y los campesinos asentados en
Buenos Aires y organizados alrededor de Asocab (Asociación de Campesinos de
Buenos Aires) empezaran a utilizar las tierras para sus cultivos de pan coger,
las tensiones han ido creciendo debido a que la hacienda estuvo en manos de
varios grupos armados sin identificar y posteriormente fue vendida a un
consorcio palmero a mediados de la década de 2000.
Tras solicitar una
acción de extinción de dominio por abandono al Incoder, los campesinos se
vieron enfrentados a quien fuera el poseedor de los títulos de los predios,
Consorcio San Isidro, representado por José Macías. Esta oposición incluyó un
desalojo ilegal que fue calificado como tal por la Corte Constitucional en la
sentencia T-267 de 2011, y acusaciones contra los líderes de Asocab por su
supuesta pertenencia a las Farc.
La situación de
los campesinos en Las Pavas empezaba a tornarse diferente desde que el Incoder
declarara que los 11 predios que componen La Hacienda son baldíos de la nación
y por ende la actividad palmera de Aportes San Isidro no era procedente. Sin
embargo, como los informó Confidencial Colombia, desde ese momento se instaló
en la casa de la hacienda un grupo de gente armada, presumiblemente contratado
por el consorcio, para ejercer labores de vigilancia de los predios.
En contravía a lo
señalado por el Incoder el grupo armado ha hecho expresa la supuesta propiedad
del predio por parte del consorcio, llegando a amenazar a los campesinos de
Asocab, como lo expresó Misael Payares, líder campesino, el pasado noviembre:
“Ellos (los hombres armados) nos dijeron que si se llegaba a fallar a favor de
nosotros acá iba a haber más de un muerto”.
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| Misael Payares, líder de Asocab. |
Hasta el momento
no ha habido ningún asesinato por cuenta de la creciente tensión entre ambos
grupos pero entre la noche del 23 de abril y la mañana del 24 hombres armados,
que los campesinos identifican con el grupo armado asentado en la casa de la hacienda,
quemaron varios atados de palma usada para los techos de los ranchos que estos
mismo hombres habían quemado previamente junto a algunos cultivos de maíz y
yuca, y dispararon contra el tractor usado por Asocab para sus labores
agrícolas, así como contra los campesinos sin que hubiera algún herido, por
ahora.
Esta denuncia
viene a sumarse a muchas otras que constantemente hacen los campesinos de
Asocab y que hasta el momento no han tenido resonancia mayúscula en los medios
de comunicación.
Mientras Misael
Payares y los demás miembros de Asocab se siguen aferrando a la esperanza de
que las autoridades locales hagan respetar las decisiones del Incoder y de la
Corte Constitucional, está claro que los enemigos de la paz rural no cejarán en
su empeño de expoliar el campo a costa del respeto a la ley.
