Seguimientos contra dirigentes de Ascamcat en Curimaní, Cesar

Los seguimientos se produjeron durante un evento de socialización de Zonas de Reserva Campesina

Asociación Campesina del Catatumbo / Martes 14 de mayo de 2013

El pasado día 2 de Mayo se llevó a cabo el evento de socialización sobre las Zonas de Reserva Campesina en Colombia, realizado en Curumaní, Cesar, y en el que la Asociación Campesina del Catatumbo participaba como ponente.

El Capitán Jhon Freddy Ruiz del Batallón Especial Energético y Vial número 3 (BAEEV3), en el marco de ese evento, ha realizado preguntas sobre nuestra compañera Elizabeth Pabón a diferentes asistentes al evento, para saber su identidad y conocer si ASCAMCAT va a estar participando y asesorando la futura Zona de Reserva Campesina del Cesar, que cuenta con el apoyo estatal.

El Capitán venía acompañado de tres personas vestidas de civil que en ningún momento se identificaron como miembros de la policía o del ejército nacional.

Cuando nuestra compañera se dirigía al hotel donde se llevaba a cabo el evento, en horas de la tarde, se percató de que dos de esas personas que acompañaban al Capitán, la venían siguiendo durante buena parte del recorrido.

Desconocemos quienes son estas personas, como también desconocemos cuales eran las intenciones, aunque creemos firmemente que se trata de un nuevo episodio de hostigamiento y amedrantamiento contra nuestra organización. No sabemos si por parte de grupos paramilitares, por parte de la fuerza pública o por parte de ambos en cooperación.

Por otra parte, en el hotel en que la compañera se hospedaba por razones de seguridad, le fué solicitada una fotocopia de la cédula para poder tener acceso a la pieza. Esta situación pone en grave peligro la integridad de la compañera y, a la vez, es ilegal.

Queremos mostrar nuestra preocupación por este tipo de acciones, ya que son peligrosas porque podrían ser utilizadas para investigaciones que llevaran a montajes judiciales, de los que nuestra organización viene siendo objeto continuamente.

Exigimos al estado colombiano que respete la libertad de expresión y la actividad legítima y legal de nuestra organización y se abstenga de dar ordenes a la fuerza pública que pongan en vulnerabilidad a nuestros y nuestra compañeras. Exigimos que se abandone la estrategia para intimidar a nuestra y otras organizaciones, a través de hombres de civil que acompañan a la fuerza pública y que son práctica común en esa zona del país.

Responsabilizamos al estado colombiano de cualquier situación que afecte a la seguridad de la compañera Elizabeth Pabón, miembro de la directiva de ASCAMCAT, y de cualquier otro compañero o compañera de la organización, sea directivo o miembro de base.

Solicitamos, de la misma manera, a la comunidad internacional que esté atenta a la situación de seguridad de nuestra organización y traslade al estado colombiano sus preocupaciones en cuanto a la situación de Derechos Humanos en la región del Catatumbo y, concretamente, en lo que tiene que ver con ASCAMCAT.

Carta abierta a la dirigencia de la ACIN, el CRIC y a los pueblos indígenas

Señores voceros de la Asociación de cabildos indígenas del Norte del Cauca y el consejo regional indígena del Cauca. El Bloque Occidental Comandante Alfonso Cano de las FARC EP, en relación con los sucesos del 28 y el 29 de Abril de 2013 en San Francisco Toribio nos permitimos hacer las siguientes precisiones.

1.            Las FARC-EP desde su nacimiento ha estado comprometida con las luchas populares, incluida la justa y valerosa lucha indígena por la tierra, encarnada por importantes representantes de su etnia a lo largo de la historia, entre ellos José Gonzalo Sánchez, Manuel Quintín Lame, Eutiquio Timoté, Juan De la Cruz Perafán, Álvaro Ulcué Chocué y Avelino Ul, entre otros.

2.            Esta política está consagrada de la siguiente manera en el punto 6 del programa Agrario del movimiento guerrillero, firmado el 20 de Julio de 1964: "se protegerán las comunidades indígenas otorgándoles tierras auto suficientes para su desarrollo, devolviéndoles las que le han usurpado los latifundistas y modernizando sus sistemas de cultivo […] las comunidades indígenas gozaran de todos los beneficios de la reforma agraria revolucionaria. Al mismo tiempo se estabilizara la organización autónoma de las comunidades, respetando sus cabildos, sus formas de vida interna, su cultura, su lengua propia y sus formas de organización".

3.            Las políticas de las FARC EP en favor del pueblo colombiano guardan coherencia con los principios revolucionarios y con las conclusiones emanadas de nuestras conferencias y plenos del Estado Mayor Central, así como con las disposiciones y orientaciones del Secretariado Nacional. Rechazamos enfáticamente la calumniosa, pérfida y provocadora sindicación al Comandante Matías de estar desarrollado un "plan sistemático de exterminio físico y cultural del movimiento indígena colombiano. Nunca han respondido al capricho y querer de determinados comandantes, como lo sugiere el comunicado de la ACIN y CRIC leído el 29 de abril de 2013, con ocasión del juicio adelantado contra seis comuneros del resguardo de San Francisco.

4.            Nos mantenemos fieles a los principios del respeto a los intereses de las comunidades; a la defensa de los intereses de los pueblos indígenas, amenazados por la cultura mercantilista del capitalismo, por las políticas neoliberales promovidas por el Estado, por las trasnacionales que codician las riquezas de esos territorios; al rechazo al paramilitarismo; y a la confrontación de la fuerza pública, que viola los derechos humanos a los comuneros y comuneras, haciendo que organicen las redes de sapos, y sirve de avanzada de las multinacionales que tiene como mira el campo colombiano.

5.            Hoy como en todas las épocas, el movimiento popular, y en particular el movimiento indígena es traicionado por algunos de sus dirigentes que dejan de lado el sentir y las aspiraciones de las comunidades humildes, para plegarse al Estado, adquiriendo compromisos con organismos de seguridad y, en ocasiones, con el paramilitarismo. Es el caso del señor Alcibíades Ulcué quien, como ha sido de amplio conocimiento público, entregaba a los paramilitares dineros destinados a resolver los problemas de salud de las comunidades indígenas mientras estuvo presidiendo la dirección de la empresa de Salud de los pueblos indígenas (AIC). En la actualidad es quien facilita el reclutamiento de jóvenes y mayores NASA para vincularlos a la guerra como informantes del ejército en los territorios indígenas.

6.            Resultados de esta política es el "juicio" adelantados el 29 de Abril en el resguardo de San Francisco en contra de 6 comuneros indígenas y los pronunciamientos verbales y escritos hechos con ocasión del mismo. En el juzgamiento resultaron condenados a 40 años de cárcel 3 comuneros indígenas de manera injusta (sin pruebas y sin garantizarles plenamente el derecho a la defensa). Este veredicto emitido por un grupo minúsculo en una asamblea manipulada por la ACIN y la "amenaza" de detener a milicianos y guerrilleros para entregarlos al INPEC y hacer que purguen largas condenas en las cárceles del régimen, le mereció al señor Feliciano Valencia el reconocimiento y felicitación publica por parte del comandante de la 3 división del ejército. Justamente, el ejército y los organismos de inteligencia del Estado tienen en la actual dirigencia de la ACIN una eficaz avanzada contrainsurgente.

7.            Ante esta situación y el propósito expreso de los dirigentes de la ACIN de continuar con la requerida política de persecución a los revolucionarios, hemos dado la orden a todos los milicianos y guerrilleros de no dejarse capturar ni desarmar por las guardias indígenas. Hacemos desde ahora responsables de las consecuencias que acarreen los intentos de detención, juzgamiento y desarme a las dirigencias de la ACIN y el CRIC.

8.            Hacemos un llamado a las autoridades indígenas que aún les queda sensatez y no se han comprometido con los organismos de seguridad del Estado, a que reflexionen en bien de las comunidades y asuman posiciones consecuentes con sus intereses, dejando de lado el discurso y la actitud belicista y macartista contra sus propios hermanos, y buscando la unidad y el reconocimiento como sujetos de derecho a todos los comuneros NASA, para luchar mancomunadamente contra las injusticias de que han sido víctimas por quienes detentan el poder desde siglos.

9.            Reiteramos el respeto a los principios de unidad, territorio, cultura y autonomía; nos solidarizamos con las reivindicaciones de las comunidades indígenas; reafirmamos nuestra voluntad por atender y solucionar de manera dialogada las dificultades que se puedan presentar entre nosotros y la comunidad indígena.

10.          El conflicto armado colombiano tiene cobertura nacional, con raíces en la problemática social, y por tanto la solución del mismo debe ser también nacional. En consecuencia mientras el conflicto no se resuelva ni se cambien las estructuras económicas, el régimen político ni las políticas de despojo articuladas al modelo agro industrial y extractivo destinado a la exportación que tiene el gobierno para el campo colombiano, tampoco los indígenas, como ningún otro sector popular podrán resolver su problemática de forma estructural.

11.          Nuestra presencia no representa una amenaza para los intereses de los pueblos indígenas. La aplicación de las normas que rigen la actividad de los guerrilleros de la FARC protege a las comunidades indígenas, campesinas y afros. Mantenemos nuestro espíritu unitario y nuestra disposición de lograr acuerdos concertados porque estamos convencidos que es el pueblo el mayor afectado por los enfrentamientos entre organizaciones populares.

12.          Nuestra lucha armada es histórica y ha sido sostenida por la vinculación a nuestra organización de campesinos, indígenas, afros y mestizos; toda una amalgama de pueblo con su esfuerzo y sangre ha contribuido al logro de buena parte de las reivindicaciones del movimiento popular. Como forma de lucha asumida por el pueblo colombiano, y en particular por el pueblo NASA, debe ser respetada por quienes también se proclaman luchadores populares.

13.          Mantenemos nuestra disposición de dialogar con las autoridades indígenas que tengan legitimidad en sus bases, en un espíritu de mutuo respeto, con el objetivo de superar de manera concertada las contradicciones y de llegar a un acuerdo en relación con la humanización de la guerra.

Bloque Occidental Comandante Alfonso Cano

Compañías del Suroccidente Colombiano.

Mayo de 2013

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Publicado por AFP NOTICIAS para Agencia Fariana de Prensa - Frente Antonio Nariño el 5/13/2013 11:47:00 a.m.

Graves señalamientos y acusaciones de altos mandos militares contra líderesas de la Zona de Reserva Campesina de la Perla Amazónica

Los señalamientos también van contra las organizaciones de derechos humanos, entre ellas, a la Comisión de Justicia y Paz

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz / Domingo 12 de mayo de 2013

Graves señalamientos y acusaciones de altos mandos militares contra líderesas de las Zonas de Reserva Campesina y organizaciones de derechos humanos, entre ellas, a la Comisión de Justicia y Paz.

El pasado lunes 6 de mayo en reunión del Comité de Justicia Transicional en Puerto Asís para analizar el tema del desplazamiento de las 43 familias y 103 personas de los caseríos la Frontera y La Piña de la Zona de Reserva Campesina, ZRC, de la Perla Amazónica.

El coronel Ramírez afirmó: “ (…) nosotros no estamos lanzando cualquier explosivo hechizo, por el contrario estamos disparando las armas de la República del ejército nacional (…) no estamos haciendo ninguna infracción al Derecho Internacional Humanitario ni a ningún protocolo ni a ningún convenio ya que estamos defendiendo a la patria como derecho constitucional (…) no se dejen embolatar con el cuento de los guerrilleros (…) nosotros preguntamos sobre la ubicación de estos y de donde ponen las minas y enseguida nos dirigimos hacia el lugar donde la gente señalan que están (…) si no es con tiros de artillería por avionetas ubicamos el blanco y disparamos (...) si me voy a la cárcel, me voy orgulloso”

Los efectivos regulares de la brigada 27 de Selva agregaron que las operaciones militares van a seguir y que el ejército no ha fallado ni en un solo tiro de artillería.

El Subintendente Mendoza Flórez confirmó que los explosivos lanzados son tiros de artillería con granadas, "nunca se dispara sin un objetivo claro”

La tergiversación y acusaciones se realizaron en medio de delegados de comunidades de la ZRC, organismos humanitarios, Defensoría del Pueblo y Personería.

De acuerdo con el informe de la Secretaría de Salud, municipio de Puerto Asís, presentado en la reunión, la condición de las familias desplazadas están afectadas por infecciones intestinales y respiratorias agudas, rinofaringitis, entre otras enfermedades.

El día jueves en horas de la mañana el coronel Ramírez convocó a una rueda de prensa, afirmando que sabía quiénes están detrás de las comunidades campesinas, insinuando que es la organización con la guerrilla de las FARC.

El regular sostuvo que no se han registrado afectaciones en blancos civiles, desconociendo la verificación realizada por ADISPA y nuestra Comisión de Justicia y Paz.

Ramírez señaló falsamente que las ONG de derechos humanos no denuncian las acciones de la insurgencia.

Mientras las fuerzas militares estigmatizan, acusan sin fundamento, confunden y defienden sus operaciones que desconocen el principio de precaución, los desplazados continúan sin respuesta humanitaria.

Brigada 27 Selva retiene de manera arbitraria y recluta a joven de la Zona de Reserva Campesina de la Perla Amazónica

Criminales de Brigadas Selva en búsqueda de
"blanco móvil"...

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz / Domingo 12 de mayo de 2013

Ayer el joven campesino Deison Javier Rodríguez Cardozo, integrante de los procesos formativos y organizativos de la Zona de Reserva Campesina de la Perla Amazónica, fue retenido de manera arbitraria por efectivos regulares de la brigada 27 de Selva a la altura del corregimiento de Santa Ana, Puerto Asís.

Los regulares solicitaron al joven su documento de identidad, al constatar que Deison cuenta con la mayoría de edad, fue retenido y trasladado a la base militar de la brigada 27 ubicada en Santa Ana.

Pese a la reiterada negación del joven campesino para no ser obligado a prestar el servicio militar, los regulares lo llevaron a la guarnición militar donde paso toda la noche. Desde ayer el joven ha sido sometido a tortura psicológica por parte de un dragoneante, el regular en tono amenazante afirma que a todos los llorones y problemáticos que se nieguen a prestar servicio militar se los llevaran para matarlos.

En el día de hoy será trasladado arbitrariamente a las instalaciones militares ubicadas en el municipio de Villagarzón para ser incorporado a las filas castrenses.

Acción humanitaria en Tierralta, Córdoba

La Marcha TV

Agencia Prensa Rural / Viernes 10 de mayo de 2013

Además, mortandad de peces en Sabana de Torres.

http://youtu.be/NTd3WEKHzr4

Violaciones a los derechos humanos en el corregimiento de Crucito, municipio de Tierralta, Córdoba

Cahucopana / Viernes 10 de mayo de 2013

El grupo conformado por las delegadas y delegados de las organizaciones de Derechos Humanos Coordinación Colombia Europa-Estados Unidos –CCEEU- Nodo Antioquia, Corporación Reiniciar, Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra, Fundación Sumapaz, Fundación Manduco, Aheramigua y Corporación Jurídica Yira Castro, recibimos alrededor de 100 denuncias que evidencian la grave situación de derechos humanos que padece la comunidad campesina del municipio de Tierralta, enmarcada en:

1. Graves infracciones al DIH. Bombardeos y ametrallamientos efectuados por miembros de la fuerza pública en bienes civiles, generan temor y zozobra en la comunidad campesina e indígena. La fuerte militarización de la región limita el ejercicio de los derechos fundamentales de la población civil y alienta prácticas de abuso de autoridad por parte de los miembros de la Brigada Móvil XXIV, entre ellos el permanente bloqueo económico, alimentario y sanitario, el empadronamiento de la población, la presencia de tropa dentro de los casos urbanos, las retenciones arbitrarias e incluso judicializaciones ilegales y la estigmatización a los procesos organizativos comunitarios y en particular de sus líderes.

2. Vulneración de los derechos de las víctimas del conflicto armado. Además de constatar un número amplio de familias víctimas de hechos relacionados con el conflicto (desplazamiento forzado, desaparición forzada, asesinatos, entre otros), ellas no han accedido a los mecanismos de justicia existentes ni han sido reparadas. El organismo de control en la región (Personería) ha obstaculizado el acceso de las víctimas a dichas garantías, negándose a recepcionar las denuncias, dando trámite deficiente a las mismas, postergando indefinidamente la atención o intervención solicitada. Las víctimas de desplazamiento forzado carecen de la asistencia humanitaria establecida en la ley, y el conjunto de víctimas desconoce los procedimientos para acceder a procesos de reparación administrativa, lo que se traduce en su vulneración.

3. Situación de Derechos Económicos Sociales y Culturales. A 15 años de la construcción de la Hidroeléctrica de Urrá en los territorios campesinos e indígenas, no se ha garantizado para ellos el suministro de agua potable y luz eléctrica para sus viviendas y establecimientos comerciales. Esta debe obtenerse a través de motobombas que demandan gasolina, la que es objeto de fuerte control por parte del ejército nacional. Las comunidades adolecen de servicios de salud, pues no se cuenta con centros médicos ni se han realizado brigadas de salud en los últimos años. A esto se suma el bloque sanitario ya denunciado. La vulneración al derecho a la educación de los niños y niñas se manifiesta en la ausencia de docentes en las escuelas rurales. Por ejemplo, hace más de un año, no se han nombrado los profesores de la escuela del corregimiento de Crucito dejando a casi 600 niños sin educación básica primaria y menos secundaria.

4. Irregularidades durante el proceso de construcción de la Hidroeléctrica Urra 1. Un abundante número de denuncias dan cuenta de estafas y ventas irregulares, precedidas en muchos casos de amenazas de expropiación. Los derechos de propiedad de ocupantes y poseedores fueron desconocidos, viéndose forzados a ceder a la empresa sus terrenos sin contraprestación económica. Los alrededores de la represa fueron afectados con declaratoria de reserva forestal, (ley 2da) limitando la explotación de los recursos naturales que eran el sustento de la comunidad campesina que ha habitado esta zona por más de 40 años.

La empresa incumplió los compromisos asumidos con la comunidad en materia de reubicación, titulación, saneamiento, generación de ingresos, empleo, infraestructura y tratamiento ambiental a la represa. Con ello se ha afectado la economía campesina, los usos y costumbres comunitarios y el medio ambiente. El transporte fluvial a través de los ríos y dentro de la represa sufre particularmente los efectos de la ausencia de tratamiento ambiental de las bocas de los ríos. Fuertes oleadas de sedimentos producen constantemente el volcamiento de las embarcaciones, causando en numerosos casos la muerte de sus ocupantes además de las pérdidas económicas generadas.

Nunca se investigó la relación existente entre la construcción de la hidroeléctrica, la expropiación de las tierras a los habitantes históricos de las mismas (colonos e indígenas) y el accionar paramilitar en el mismo periodo de tiempo.

Propuesta

Ante esta realidad, la comisión propone la elaboración de un informe que dé cuenta de esta situación y la ilustre a través de las denuncias recibidas.

Dar trámite de dicho informe a todas las autoridades competentes (Ministerio de Defensa, Interior, Ambiente, Agricultura, entre otros, Fiscalía y Organismos de Control) y organismos nacionales e internacionales de promoción y protección de derechos humanos.

Hacer seguimiento de estas denuncias de la mano de ASODECAS.

Demandar ante la Mesa Nacional de garantías, la protección del proceso campesino ASODECAS y de la comunidad afectada por el megaproyecto de Urra.

Concertar con la comunidad y sus líderes, procesos de acompañamiento y asesoría permanente a esta comunidad.

La movilización de paperos y cultivadores de tierra fría: una batalla por la soberanía.

Paperos colombianos en lucha por la soberanía
alimentaria

por Luis Horacio Eslava, Tunja

Desde el día de ayer, 7 de mayo de 2013, se movilizan miles de cultivadores de papa de los departamentos de Cundinamarca, Nariño, y Boyacá. En esta oportunidad marchan junto a productores de otros cultivos de tierra fría y se concentran en los sitios previamente definidos por los comités municipales y veredales para exigir del Gobierno Nacional la solución a sus reclamos.

Campesinos | Boyacá |

Un grupo numeroso de campesinos marcharon por la carrera séptima desde la Plaza de Toros hasta la Plaza de Bolívar en Bogotá; llevan sus “armas de trabajo” (azadones, picas y herramientas) en la “desmovilización campesina”.

Las entregaron al Presidente de la República junto con sus reclamos, reclamos de décadas que los gobiernos han desoído y despreciado. Otros miles se concentraron cerca a sus sitios de trabajo, en lugares previamente definidos por comités municipales, para respaldar a sus compañeros en la capital, quienes actúan como voceros y negociadores de sus exigencias.

La crisis de los cultivadores es profunda. Producen a pérdida, en ciclos repetitivos de bajos precios, azotados por las importaciones, los altos precios de los insumos y el exagerado costo de los fletes, producto del incremento constante de los combustibles. Del costo total de producción, el 26% se les va en el transporte de lo que producen y cuando llegan a sus sitios de mercadeo se encuentran con papa importada gracias a los Tratados de Libre Comercio (TLC) y papa de contrabando que ingresa a raudales por el bajo precio del dólar. Los insumos que requieren, sobre todo fertilizantes y agroquímicos suben y suben de precio pues son producidos por monopolios extranjeros y hace décadas que el Estado colombiano renunció a producirlos.

Deponen sus “armas” para exigir un precio base de sustentación que incluya un subsidio para los fletes, el establecimiento de una “mesa de crédito” que busque distintas alternativas de alivio a las obligaciones bancarias incumplidas, la prohibición de las importaciones de papa, cebolla de bulbo y demás productos de clima frío. También reclaman acceso a la “mesa de control de precios de los insumos”, siguiendo el ejemplo de los cafeteros, arroceros, cacaoteros, expresando que están dispuestos a resistir junto a todo el campo colombiano.

Los campesinos y productores de clima frío se han agrupado en el “Movimiento por la dignidad papera y la soberanía alimentaria” y en él confluyen desde los más pobres hasta grandes empresarios nacionales. Todos a una reclaman, exigen y están dispuestos a llevar sobres sus hombros la defensa del campo colombiano arrasado por décadas, desde cuando la apertura económica les arruino sus cultivos de trigo y cebada, les depreció sus sembradíos y les sumió en la desesperanza.

Al grito de “no a las importaciones” defienden la soberanía alimentaria pues, un pueblo que no produce lo que consume depende de quienes lo producen. En últimas una batalla por la soberanía de nuestra nación. Que todos los respaldemos!!